Pocas personas pueden dudar que la responsabilidad de los servidores públicos es adoptar medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Esta importante máxima es increíblemente compleja de ejecutar pues depende de numerosas variables que van desde la situación macroeconómica que atraviesa el país, hasta el nivel de comunicación existente entre los diferentes niveles del gobierno.

Quizás sea apropiado dar un paso atrás y contemplar cómo el proceso que precede a la toma de poder de un servidor público se va dando en América Latina. En otras palabras, observemos el comportamiento de los candidatos que presentan los distintos partidos políticos a los puestos de toma de decisión nacional, regional y local. Si nos enfocamos en el mundo de las telecomunicaciones, la pregunta se responde de forma rápida observando cuánto espacio se le da a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en las plataformas de los candidatos, en esa colección de promesas a ser implementadas si se logra ganar las elecciones.

Una vez se concluye esta fase, lo que conviene es comenzar a analizar cuál es la viabilidad de la propuesta y, sobre todo, el impacto que tendría en el mercado. De esta forma se van eliminando la cacofonía de temas que siempre generan una opinión favorable (o al menos poca animosidad) entre los ciudadanos para centrarnos en aquellas promesas que si tuvieran un impacto directo en el desarrollo del país.

¿Por qué? Sencillo, aunque sea difícil de comprender, la teoría dice que los servidores públicos trabajan para el pueblo. Es por esta razón que es necesario conocerlos en su faceta de candidatos para evitar la sorpresa de que se comience a invertir en temas innecesarios bajo la justificación de que «fue una promesa de campaña que estoy cumpliendo.»

Promesas que en México han servido para eliminar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, atacar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y fundar una entidad como la CFE Internet para Todos, justificándola con la necesidad de cumplir con parámetros erróneos que incrementan los gastos y poco ayudan a reducir las diferencias en conectividad existentes en el país. Aseveraciones de que es necesario una oferta de Internet que cubra el 100% de la geografía en lugar del 100% de la población es una pequeña diferencia que se mide no en cientos, sino en miles de millones de dólares. Aunque suena sensato, ¿acaso sirve invertir en ofrecer servicios en áreas geográficas donde no viven seres humanos? ¿Se olvidan de que en estas zonas no pobladas ya existe cobertura satelital y la demanda es inexistente?

La situación en otras geografías puede ser igual o peor, cuando los gobernantes fallan en comprender la importancia que pueden tener las TIC como elemento para impulsar el crecimiento económico de un país. Pero mas allá de este importante elemento, también sirve para incrementar la transparencia en todos los trámites gubernamentales al crear un historial de todas las transacciones que podrían llegar a hacerse por medio de plataformas de gobierno electrónico. Sin embargo, las evidentes ventajas que ofrecen estas soluciones en términos de reducción de costos, incremento en eficiencia y mayor transparencia no parece ser un tema muy importante para los candidatos a puestos políticos en América Latina y el Caribe.

Tampoco esta dejadez por impulsar el desarrollo de activos digitales llega a ser una sorpresa, cuando existen gobiernos que eliminan (véase el ejemplo antes mencionado de México) o reducen el rol y recursos de las entidades de gobierno encargadas de velar por este importante sector como fue el caso en Puerto Rico, donde para ahorrar dinero (entre otras justificaciones), transforman a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en un Negociado con menos recursos, y por ende menos peso en la toma de decisiones que se hacen en este territorio no incorporado propiedad de Estados Unidos.

Curiosamente, los llamados de expertos locales para impulsar la digitalización de procesos en las agencias de gobierno insular que generarían grandes ahorros han sido desestimados por quienes toman las decisiones de política pública en una jurisdicción que desde 2016 negocia con acreedores la reducción de una deuda pública que llego a sumar US$72.000 millones, además de obligaciones de alrededor US$55.000 millones por pensiones. Inexplicable la inacción del gobierno puertorriqueño.

Estos preámbulos, junto a los matices populistas de un pasado reciente en el que se prometen servicios de telecomunicaciones gratuitos (al final el estado es quien termina pagando) o se imponen tarifas por debajo del costo de ofrecer servicios (frenando la inversión en expansión de cobertura en zonas vulnerables), son los que hacen que se mire con mucha atención las promesas de los candidatos a cualquier puesto político en la región.

Lo cierto es que vivimos en una realidad donde lo más fácil para cualquier candidato es cacarear los temas más mediáticos como parte de sus promesas. El resultado ya se ve en la región, hablar de conectividad de fibra óptica, criptomonedas, 5G, servicios satelitales, transformación digital e innovación tecnológica. No hay duda de que todos son temas importantes, pero el diablo está en los detalles.

Si el énfasis es el mundo de las criptomonedas tan solo hay que mirar el experimento salvadoreño donde en medio de un espectáculo mediático se anuncia la adopción de Bitcoin como moneda legal del país. Las justificaciones fueron muchas, desde la independencia monetaria de los Estados Unidos al ya no depender del dólar, hasta la repartición más justa de las riquezas que generará para los más pobres Bitcoin, incluso se ha prometido la construcción de Ciudad Bitcoin.

Una mirada más cercana nos muestra que cuando el Bitcoin se hace moneda legal, en todo el territorio salvadoreño apenas había dos cajeros que funcionaban con la criptomoneda, una parte importante del parque de celulares no soportaba la aplicación móvil del servicio y la gran ventaja de descentralización que promete Bitcoin se elimina al imponer un intermediario que tiene asegurado no perder dinero ya que cualquier fluctuación en la pérdida de valor de Bitcoin lo repone el erario. ¿La independencia monetaria del dólar? La propia ley Bitcoin exceptúa de utilizar la criptomoneda a aquellos establecimientos que no tengan la tecnología para hacerlo. O sea, se busca la independencia monetaria, pero se mantiene el dólar como moneda principal del mercado. La ventaja tal parece ser acusarla de ser responsable de las malas condiciones económicas de El Salvador.

Mirando al sur nos encontramos con tremendas contradicciones en ambos lados del Río de la Plata. Mientras que en Uruguay se debate de forma fantástica la portabilidad numérica junto a otros temas que hace décadas se consideran mejores prácticas internacionales, en la Argentina nos encontramos con un sector frenado por un decreto, con preceptos que denotan buenas intenciones, pero muy mal redactado. Un error inexplicable para un país sobresaturado de expertos de primer nivel tanto en el sector privado como en diversas entidades de gobierno. Lo que nos recuerda que de poco vale el conocimiento si no se aprovecha al momento de tomar decisiones que impactan a todos.

No he de olvidar el paso del tiempo por mercados como Guatemala, Honduras o Nicaragua que llevan eternos meses (por no decir años) estudiando, revisando y consultando con expertos internacionales cómo modificar la normativa de telecomunicaciones existente y que fue aprobada el siglo pasado. Se ha reconocido el problema, se han tomado medidas correctivas para solventarlo, pero por alguna u otra razón no se da la implementación necesaria para finiquitarlo. ¿Cómo sobrevivir en un mundo IP con regulación para un entorno conmutado?

Regresando al tema eleccionario, en Perú, país que estaba acaparando desde hace varios años la atención regional por las medidas acertadas que se estaban tomando, nos topamos con una administración que antes de ganar las elecciones apostaba en las TIC por la “soberanía tecnológica digital,” concepto que suena muy bien pero que dice poco de los planes reales del gobierno. Aunque el entonces candidato Castillo si afirmó que “el Internet tiene que ser una prioridad.” Nuevamente, una cosa es la declaración y otra la implementación. Los cambios constantes en la plana mayor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto a la mala gestión que hasta el momento se lleva en el manejo del retorno al estado de la Red Dorsal, son causa de intranquilidad para más de un peruano. Preocupación exacerbada por la cancelación de la subasta de espectro radioeléctrico pautada para febrero de 2022.

Ante este preámbulo es causa de preocupación la forma en que aparentemente muchos de los candidatos con más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en Costa Rica, Brasil o Colombia se han pronunciado sobre temas relacionados a las TIC. Siempre yendo hacia los lugares comunes de la necesidad del Internet, pero relacionándolo a dos vertientes principales la educación y la salud. Ambos sectores que son de gran preocupación para la población. Luego se escuchan esbozos acerca de la importancia de la transformación digital, pero sin una explicación de que significa este concepto para el país, la población o las industrias. Simplemente es muy importante para el futuro, como también lo es la innovación tecnológica, aunque no se explique cómo se estará impulsando.

Si vamos a las preocupaciones en tecnología, los lugares comunes en los que se resguardan los candidatos son los mencionados anteriormente: fibra óptica, internet de las cosas, criptomonedas, inteligencia artificial, 5G y servicios satelitales.

Hay que ser sensato y entender que ningún candidato es todólogo, ninguno es experto en todos los temas que estarán a su cargo mientras gobierne el país. También es cierto que ningún candidato escribió con su puño y letra el plan o plataforma política de su partido. Para eso están los asesores, los expertos que estarán acompañando al primer ejecutivo para que éste pueda entender el orden de prioridades de las cosas. Los mismos expertos que deberían ir susurrándole al oído a cada uno de los candidatos que ninguna de las promesas que han hecho para cualquier renglón de la economía podrá ser cumplida sin la intervención de las TIC. Asesores que deben ir explicando qué implica, en términos de inversión monetaria, prometer un satélite y crear una agencia espacial. Comunicar las dificultades logísticas que encuentran distintas tecnologías o explicar simplemente que gran parte del problema de las brechas digitales existentes no se dan por falta de cobertura sino por la rampante pobreza que aun aflige a un gran porcentaje de la población latinoamericana.

Claro que no todo son malas noticias. El simple hecho que los candidatos hablen, aunque sea por un minuto sobre tecnología es un avance gigantesco. Un avance que incrementa en reflectores con las acciones que han ido tomando gobiernos que comprenden la necesidad de impulsar la adopción de nuevas tecnologías con un acercamiento holístico que incluya una renovación normativa. Las noticias que se reciben de República Dominicana, Ecuador y Uruguay sobre la voluntad de quebrar con el estatus quo sirven de recordatorio al resto de la región que hablar de TIC es hablar de crecimiento económico y desarrollo. Ese simple hecho las hace un ingrediente esencial en la agenda de cualquier político latinoamericano.

Ojalá no se den cuenta demasiado tarde.

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