El sector de telecomunicaciones latinoamericano está atravesando uno de sus periodos de mayor incertidumbre a nivel regional. Mientras en algunos países recién eligen sus nuevos líderes y otros apenas se aproximan a las elecciones, el común denominador en todos estos mercados es la falta de preparación y conocimiento de quienes aspiran a posiciones de gobierno en las que puedan influir y generar política pública. Poco se mencionan las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y cuando se hace es para mayormente regresar a los mismos tópicos de siempre: conectividad, educación y, de forma más reciente, transformación digital.
Desafortunadamente la inmensa mayoría de estas propuestas, carecen de un plan que describa cómo se estarán implementando o se desconoce qué existe en el mercado sobre este tema. Uno de los casos más absurdos se observa en los precandidatos a la presidencia de Colombia, entre todos los que intentan triunfar en la primera ronda, encontramos muchas promesas de campaña que proponen hacer cosas que ya existen en el país.
Esto no necesariamente sería un impedimento para clamar el cumplimiento de una promesa de campaña. Si rememoramos lo que sucedía en México hace varios años con las acusaciones a México Conectado, hasta su eliminación para dar pie a un CFE Internet para Todos que el final de cuentas, según los más cínicos, es la versión light del primero, pero con otro nombre: ¡Compromiso cumplido!
Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención es la reiterada insistencia en todos los rincones de la región por un regulador autónomo e independiente. Se pide por un regulador donde los términos de sus funcionarios no coincidan con los del ejecutivo. Se pide por una elección de funcionarios donde prime el mérito y el conocimiento por encima del dedazo presidencial o el reconocimiento mediático. Sobre todo, he escuchado repetir la idea que en su momento comentó la ahora exviceministra del Perú, Virginia Nakagawa, sobre su misión y compromiso como parte del Ministerio de Telecomunicaciones y Transportes de su país, parafraseando, “es dejar un plan de trabajo hecho para que las próximas administraciones puedan darle continuidad al sector.”
Desafortunadamente esto no parece ser viable en una región donde los nuevos gobernantes ven como primera misión desacreditar los esfuerzos de administraciones anteriores. Donde cada nueva administración presidencial puede ir acompañada, como parece suceder en la Argentina, de una reestructuración de la topografía institucional para el sector de telecomunicaciones. De esta forma, en lugar de dar seguimiento a los proyectos de conectividad, mejorando aquellos aspectos donde se identifiquen deficiencias, la prioridad es un reordenamiento en la cadena de mando del sector público para el sector que implica demora en la toma de decisiones sobre temas neurálgicos que tienen un impacto a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de las TIC en el mercado.
Por eso no sorprende, que quienes claman por un regulador aseguran que es para proteger al sector de los cambios bruscos que surgen debido a la maleabilidad de la política. Dicho de otra forma, para que los intereses políticos a corto plazo de alguno que otro individuo no frene el progreso que en ocasiones ha tardado años en conseguirse. Lo interesante del caso es que cuando se pregunta en países como Ecuador o Chile cuál es un buen ejemplo de un regulador independiente, la respuesta casi siempre es la misma: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México.
Si bien es cierto que los últimos tres años del IFT no han sido los mejores, aquellas personas que están enteradas de los encontronazos que ha tenido esta entidad con el primer ejecutivo de México y la incapacidad de este último de modificar de forma directa las funciones del regulador como una buena señal. Aunque indirectamente, sí impacte negativamente al IFT la falta de reemplazos de los comisionados que culminaron su término, también es cierto que el ejecutivo hasta la fecha no ha podido imponer la agenda del regulador.
Una agenda probablemente no estaría fundamentada en el conocimiento de cómo funciona el mercado de las telecomunicaciones, el rol de los actores y las responsabilidades de las autoridades. Si las referencias de cómo actuaría un IFT intervenido por el poder ejecutivo son el PANAUT o la Estrategia Digital Nacional, es una bendición que el regulador mexicano sea autárquico por mandato constitucional.
Lo anterior no implica que todo lo que hace el IFT sea perfecto. Las críticas que recibe tanto a nivel doméstico como internacional son numerosas. Lo que significa que aún tiene muchísimo trabajo por hacer para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y estimular la innovación en el sector. Por ejemplo, representantes del sector de los operadores móviles virtuales (OMV) reclaman mejores condiciones de mercado en México. Para ellos, la legislación colombiana es la que se debería emular regionalmente, pues que un mercado tenga decenas o cientos de OMV no significa que todos estos operadores son saludables financieramente o tienen posibilidad de sobrevivir a largo plazo.
También hay que ser conscientes de que un regulador independiente, aunque sea un paso necesario y muy positivo para un mercado, no es la panacea. El sector de las TIC tiene numerosas variables y diversos actores pueden influir en el mismo. En el caso de México se observa con el acercamiento recaudatorio para los bloques de espectro radioeléctrico que se asignan para dar servicio móvil. Aún con la oposición a esta práctica por parte de todos los comisionados del IFT, se sale de su alcance pues no tienen jurisdicción sobre el tema.
México no está solo en el enfrentamiento de gran parte del sector al modelo recaudatorio existente y que podría ser reemplazado, como se ha visto en Brasil y Colombia, por un acercamiento enfocado en ampliar cobertura en zonas vulnerables. Aquellas localidades de baja densidad poblacional, apartadas de las grandes urbes metropolitanas y población de poder adquisitivo limitado.
La realidad política latinoamericana nos muestra un presente donde muchos de los líderes aun piensan que la industria de telecomunicaciones vive una bonanza eterna donde sus protagonistas (por alguna razón se limitan a los operadores al identificarlos) no quieren compartir con los ciudadanos sus beneficios. Los consideran como explotadores de sus mercados que llegan a usurpar la soberanía e independencia de las naciones del área, por lo tanto, dicen, hay que penalizarlos. Hacerles retribuir las riquezas que se han llevado.
El resultado es un entorno donde no se revisa el marco legal para modernizarlo. Donde el poder ejecutivo o legislativo deciden tomar en sus manos las labores que corresponden a otras agencias del gobierno. Acciones que no son tan fáciles de lograr en mercados con un regulador independiente y elección de comisionados por medio de exámenes que midan su conocimiento.
Aquellos mercados que decidan seguir con un discurso antagónico hacia la industria de las telecomunicaciones podrían enfrentarse a la salida de empresas o el regreso de activos al gobierno. La alternativa es establecer un diálogo constructivo que incluya representantes de la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y la academia. Es necesario un acercamiento ecléctico que sirva para definir el rol que se le dará en un país a las TIC.
Como dijo la exviceministra del Perú, hay que tener visión de largo plazo si el objetivo es que las TIC sirvan de herramienta para impulsar el desarrollo social y económico de un país. La visión de la tecnología como herramienta para conectar personas ya comienza a ser prehistórica. Su rol ha mutado y ahora es herramienta para ahorrar tiempo al facilitarnos acceso a conocimiento, servicios remotos y viabilizar la interacción con individuos o grupos. Pero quizás el mayor avance, es que comienza a impulsar la eficiencia y productividad en distintos rubros de la economía sin necesidad de que haya presencia o interacción humana.
Cuando se les exige a los servidores públicos conocer un poco de las TIC, a los candidatos a puestos políticos a incluir en sus plataformas de gobierno a las TIC, no se les está dando tarea. Simplemente se está intentando identificar cuáles son los líderes que realmente conocen de la existencia de herramientas que pueden ayudarlos a cumplir con sus promesas de campaña de forma costo eficiente y, sobre todo, transparente.
