Columnista Invitada, Lorena Torres
Nadie ha dicho que sea fácil, tampoco barato y mucho menos suficiente, pero conectar las poblaciones de la selva colombiana, brasilera y peruana se ha convertido en un verdadero reto de ingeniería, un desafío al marco regulatorio existente y un importante ejercicio de análisis socioeconómico para rediseñar las Políticas Públicas de adopción y apropiación de los servicios digitales.
No solo me refiero al reto de construir infraestructura en zonas con limitada existencia de carreteras, con acceso fluvial que depende de la época del año y baja cobertura de la red de suministro eléctrico, o a la necesidad técnica de torres de más de 100 m, como las construidas para conectar mediante enlaces microondas de alta capacidad a Nauta con Yurimaguas, punto de conexión con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) en la Provincia de Loreto en el Perú, o la infraestructura que soporta la red de microondas de alta capacidad implementada en el marco del Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV) cofinanciado por el Fondo Único de las TIC en Colombia.
Me refiero al esfuerzo en la búsqueda de nuevas alternativas; por ejemplo, la apuesta técnica por aprovechar los lechos de los principales ríos en el Amazonas de Brasil y Perú. En el primer caso, el Programa Norte Conectado del Ministerio de Comunicaciones del Brasil proyecta el tendido de cerca de 10.000 KM de fibra óptica subacuática divididos en 9 tramos o infovías; y Grupo Satelital en el Perú desplegó 900 Km en el marco del Proyecto Amazon Fiber.
Otro ejemplo son las cabeceras satelitales desplegadas en Leticia (Colombia) e Iquitos (Perú) y que aprovechan las ventajas de capacidad y latencia de los sistemas de satélites en órbita media (MEO) para brindar servicios de conectividad, backhaul celular y acceso a Internet en dichas regiones. Además, nuevas ideas han sido puestas sobre la mesa de los tomadores de decisión sobre espectro e infraestructura, como el uso de banda bajas IMT, principalmente 600MHz y 700MHz, por parte de sistemas satelitales en órbita baja (LEO) para ofrecer servicios de backhaul celular; así como el despliegue de Plataformas de Gran Altitud (HAPS) y Baja Altitud (LAPS) para servicios de conectividad directa al usuario. Sin embargo, las memorias de cálculo para la planeación e implementación de estos proyectos nos muestran, en mi opinión, que aún falta más ideas para que podamos pretender una cobertura de toda la población.
Sumado a estas inversiones y esfuerzos técnicos, se ha abierto la discusión para que se replanteen una serie de condiciones regulatorias que afectan la eficiencia de las soluciones de conectividad. En primer lugar, se insiste en la necesidad de reconocer que la provisión de servicios de acceso a Internet en las zonas rurales y alejadas requiere de una gestión regulatoria diferencial y, sobre todo, altamente flexible. Al respecto, opiniones expertas han sugerido la eliminación de trámites no esenciales para el despliegue de infraestructura, la reducción de tasas por uso de espectro o provisión de servicios en zonas rurales, la adopción de medidas que permitan un uso compartido y oportunista del espectro, la viabilidad a nuevos modelos de negocios, flexibilidad y razonabilidad en las condiciones de cobertura y niveles de servicio, entre otros.
Sin embargo, me adhiero a la propuesta de la exviceministra del Perú Virginia Nakagawa; se requiere ir más allá cuando hablamos de la selva y las respuestas pueden obtenerse a través de ejercicios de sandbox regulatorios que involucren no solo al Sector TIC Nacional, sino que también a los gobiernos subnacionales y al sector energético para la promoción del uso de energías alternativas.
Como referencia, Reino Unido pretende eliminar ciertos permisos o aprobaciones para la actualización de infraestructura en zonas rurales, lo que además favorece el proyecto de la Red Rural Compartida para acceso móvil 4G, que contará con fondos públicos y privados gestionados por el Joint Venture conformado por los operadores móviles del mercado. Por otra parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia incluyó en su agenda 2022-2023 la promoción de la conectividad en zonas de difícil acceso mediante la expedición de un “paquete de medidas regulatorias diferenciales respecto de aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio” aplicable a proveedores de internet fijo residencial con menos de 30 mil usuarios, lo que se suma a la estrategia de adopción del Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura y las iniciativas de simplificación e innovación regulatoria.
Después de la innovación tecnológica, la eficiencia económica y la flexibilidad regulatoria, aún queda la tarea pendiente de asegurar las condiciones de asequibilidad de los usuarios al servicio de manera sostenible y con un real impacto en la productividad. Aunque en estas zonas rurales alejadas la disposición a pagar por el acceso a servicios digitales es superior al 2% de los ingresos del hogar, umbral recomendado por la Comisión de Banda Ancha [de las Naciones Unidas], las tarifas actuales de los servicios móviles y acceso fijo al hogar no posibilitan una apropiación relevante del acceso a Internet. El subsidio de tarifas con fondos públicos ayuda a compensar esta situación, pero no es una estrategia sostenible en el tiempo, por lo que modelos de zero rating con contenido relevante para estas comunidades, especialmente gobierno digital y educación, deberían ser contemplados.
Conectar las comunidades del Amazonas nos enfrenta a tantos retos que será la clave para explorar la capacidad de innovación en la región y, quizá, la base para desarrollar proyectos que luego beneficien zonas periurbanas o mejorar la conectividad en área urbanas con condiciones especiales.
Lorena Torres cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) de América Latina y el Caribe. En la actualidad se desempeña como consultora para Blue Note Management Consulting. Su cuenta de Twitter es @Lorena_Tolop.
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