Muchas personas del sector de las telecomunicaciones conocieron por primera vez los términos «narcoantenas» y «antenas parásitas» a principios de esta década, cuando Reuters contó la historia de un técnico mexicano que, durante un trabajo de rutina, cortó el suministro eléctrico de una torre de telefonía móvil y se encontró cara a cara con miembros armados de un cártel. Como cabría esperar, la torre no solo transportaba el tráfico de los operadores móviles, sino también las comunicaciones de una red criminal. No sorprende que sus usuarios se tomaran mal la interrupción del servicio.
Este episodio revela uno de los grandes tabúes del ecosistema digital y de las telecomunicaciones a escala mundial: los peligros de la extorsión, las amenazas, el secuestro y el sabotaje, así como los riesgos para la seguridad nacional, que se ignoran cuando los foros internacionales debaten sobre la importancia de la conectividad. Es fácil hablar de políticas de subastas de espectro, obligaciones de cobertura, fondos de servicio universal y uso compartido de infraestructura cuando se da por sentado que los despliegues se realizan en un terreno neutral y libre de conflictos. Esta omisión resulta aún más importante porque se afirma que el cumplimiento de 119 de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible depende en gran medida de las tecnologías digitales.
Por desgracia, la realidad es distinta. En amplias zonas de América Latina, África y Asia, el Estado está ausente y el territorio pertenece a otro dueño. Los lugares más difíciles de conectar no son los remotos. Son aquellos cuyo control se disputa, en los que los grupos armados, las redes criminales y los funcionarios corruptos deciden quién puede entrar, construir, reparar y vender. En esos lugares, la pregunta adecuada para un operador no es «¿Podemos construir aquí?», sino «¿Podemos seguir operando y realizando reparaciones aquí sin exponernos a peligros o coacciones inaceptables, ni causar daño a los usuarios?».
Debatir sobre cómo cerrar la brecha digital sin incluir la seguridad es perder el tiempo. Por buenas que sean las intenciones o por capaces que sean quienes elaboraron un plan para llevar conectividad a toda la población, muy poco se puede lograr si el Estado no controla esas zonas y no puede garantizar la seguridad de quienes son indispensables para desplegar la infraestructura.
La imagen clásica del riesgo delictivo para las redes de telecomunicaciones es el robo: cobre extraído de los cables, baterías y diésel sustraídos de las estaciones base. Este problema persistirá y continuará hasta que cambie la percepción de la población sobre la importancia de las redes de telecomunicaciones. Incluso con una nueva percepción de estas redes, siempre habrá factores externos que las pongan en riesgo. Quizá ahora que muchas organizaciones criminales comprenden que las comunicaciones les permiten aumentar la eficiencia y reducir costos, esos mismos grupos se encarguen de proteger las redes de telecomunicaciones. Sí, el crimen organizado, los cárteles y los terroristas también pueden beneficiarse de la transformación digital de sus operaciones.
Tanto es así que, en 2024, el cártel Los Viagras, en Michoacán, instaló sus propias antenas de internet y obligó a los residentes a pagar precios extorsivos por su servicio de wifi bajo amenaza de muerte. En otras palabras, los operadores tradicionales se enfrentan ahora a una competencia desleal: el cártel cobra una cuota mensual y, casi con certeza, recopila información sobre las comunicaciones que circulan por su red. La recopilación de datos no es exclusiva de las plataformas de redes sociales ni de los fabricantes de dispositivos.
La vida de una torre de telecomunicaciones
Construir una torre es un acontecimiento único que puede planificarse, realizarse con escolta y negociarse. Mantenerla implica una exposición recurrente al riesgo. A lo largo de su vida útil, un solo emplazamiento requerirá decenas de visitas: un rectificador averiado, un banco de baterías robado, un generador que necesita combustible, un corte de fibra en la vía de acceso. Cada visita lleva a una cuadrilla, a menudo subcontratada y con escasa protección, a un territorio donde quizá no sea bienvenida.
Colombia muestra la rapidez con la que ese territorio está cambiando. Según el informe del Diálogo Interamericano de agosto de 2026, Repensar la seguridad en Colombia, los grupos armados incorporaron unos 5.000 miembros en 2025 y superaron los 27.000 miembros, lo que representa un aumento del 24 por ciento en un solo año. Los enfrentamientos entre grupos aumentaron un 34 por ciento y el país cuenta ahora con al menos 13 zonas de conflicto activas, casi el doble que al inicio de la administración del presidente Gustavo Petro. En Antioquia, el gobernador informa de un aumento del 70 por ciento en la presencia de disidencias de las FARC, organizadas bajo un «modelo de franquicia» en el que las facciones operan con cierta independencia bajo una bandera común.
Para un operador, la fragmentación es peor que la concentración. Un único actor armado dominante, por ilegítimo que sea, al menos es predecible. Una franquicia de facciones, cada una de las cuales subcontrata la extorsión a pandillas de barrio, como describe la alcaldesa de Puerto Tejada, en el Cauca, significa que el acceso acordado el lunes con un grupo no garantiza nada el jueves con otro. Ella habla de «fronteras invisibles» que fragmentan su municipio, donde incluso los desplazamientos cortos pueden resultar mortales. Un técnico que se encuentre a un lado de una de esas líneas puede, sencillamente, no tener forma de llegar a una avería al otro lado.
Sin embargo, lo que vive Colombia no es nuevo ni exclusivo de ese país. Nigeria conoció el costo de esta situación hace una década. En 2016, BusinessDay informó que la insurgencia de Boko Haram había destruido 193 estaciones base de MTN, Glo, Airtel y Etisalat en los estados de Adamawa, Borno y Yobe. Se estimó que reconstruirlas costaría unos 4.800 millones de nairas (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de entonces), o 24,75 millones de nairas (unos 124.000 dólares estadounidenses) por emplazamiento para el mástil, las antenas y dos generadores. Pero una salvedad resultaba especialmente reveladora: reconstruir solo tenía sentido una vez que el ejército hubiera hecho retroceder a los insurgentes.
También en África, Somalia muestra que la destrucción puede ser una estrategia deliberada. En noviembre de 2022, al-Shabaab hizo estallar un camión bomba en las instalaciones de Hormuud en Qaayib, en la región de Galguduud, y destruyó el centro local de telecomunicaciones y su torre. Hormuud afirmó que el grupo atacaba deliberadamente su infraestructura para limitar las comunicaciones y la coordinación de las acciones en su contra. Unas 14.000 personas se quedaron sin servicio, incluido EVC Plus, la única plataforma de dinero móvil de la zona. Esto ilustra algunas de las externalidades de la pérdida de conectividad: todos los servicios que dependen de ella, desde las transferencias de dinero y la educación hasta la telemedicina y el entretenimiento, se vuelven inaccesibles.
¿Por qué debería importarnos la seguridad de las redes de telecomunicaciones? Es muy sencillo. En el análisis de viabilidad de un proyecto de telecomunicaciones, cada centavo destinado a guardias, transporte blindado, primas de seguros o «protección» informal es un centavo que no se destina a la cobertura o la capacidad: el famoso costo de oportunidad de los economistas. Peor aún, estos costos son más elevados precisamente en los casos en los que la viabilidad comercial ya era limitada. Históricamente, se trata de los mercados de bajos ingresos e insuficientemente atendidos a los que buscan llegar los fondos de servicio universal y las obligaciones de cobertura.
Pero la violencia y la inseguridad no vienen solas. Las acompaña la corrupción, aunque esta opere de manera más discreta a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre integridad en la infraestructura señalan el fraude, la colusión, las influencias indebidas y los conflictos de interés en la selección de proyectos, los procesos de contratación, las concesiones y la gestión de contratos, no solo el soborno. Para los operadores, los puntos de exposición son bien conocidos: licencias y permisos municipales, derechos de paso y acuerdos sobre terrenos, despacho aduanero de equipos y titularidad de los contratistas locales. Las señales de alerta también son conocidas: opacidad sobre los beneficiarios finales, comisiones de intermediación sin justificación, exigencias de pago exclusivamente en efectivo, presiones para contratar a un proveedor con conexiones políticas y solicitudes de aceptar subcontratistas locales «obligatorios» o de territorios de servicio exclusivos. En las regiones cuyo control se disputa, la línea que separa a un intermediario corrupto de una fachada de un grupo armado puede ser muy delgada.
Este panorama permite extraer algunas conclusiones que pueden parecer obvias. El Estado no puede prometer seguridad a toda su ciudadanía hasta tener la certeza de que ningún grupo ni individuo que actúe al margen de la ley controla ningún segmento de las telecomunicaciones. Para evitarlo, debe promover un diálogo desde las regiones hacia la capital, el conocido enfoque de abajo hacia arriba, de modo que quienes toman decisiones puedan comprender realmente las necesidades y los peligros que enfrentan las poblaciones más expuestas a la extorsión y a los delitos cometidos por grupos ilegales.
De lo contrario, cualquier iniciativa nacional para llevar banda ancha, conectividad o inteligencia artificial a toda la población seguirá siendo un espejismo. Un gobierno no puede prometer conectividad en lugares donde no puede garantizar la seguridad de los trabajadores que despliegan, amplían y mantienen las redes de telecomunicaciones.
Por eso, mientras los planes nacionales de banda ancha, los fondos de servicio universal y las obligaciones de cobertura sigan diseñándose como si el Estado controlara todo su territorio, los mapas seguirán mostrando cobertura donde, en la práctica, son otros quienes deciden quién se conecta y en qué condiciones. Cerrar la brecha digital exige, por tanto, que reguladores, operadores y autoridades de seguridad trabajen juntos: que traten las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica y garanticen la seguridad de quienes las construyen y las mantienen. Pero primero, las autoridades gubernamentales deben reconocer el problema.
José Otero lleva 30 años asesorando a reguladores y operadores de más de 50 países de América, Europa y Asia sobre la gobernanza de las tecnologías digitales emergentes. Aquí escribe sobre la creciente brecha entre lo que las tecnologías digitales pueden hacer y las normas, las instituciones y la infraestructura destinadas a regularlas.
Conecte en LinkedIn o escriba a jfo@ictdconsult.com.
