Los pasados 18 meses deben haber establecido alguna marca en América Latina como el periodo en que más eventos relacionados a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) se han celebrado en la región. Temas como 5G, transformación digital, internet de las cosas, automatización, robótica e inteligencia artificial, entre muchos otros, han protagonizado las páginas de cientos de presentaciones.
Usualmente son exposiciones que nos muestran un listado de logros realizados, de la materialización el día de ayer de un futuro soñado, de alabanzas vacías a funcionarios públicos de turno pues la miel atrae más moscas que la hiel. Hay ocasiones que los logros son reales, lugares donde se comienzan a emplear las TIC para dar asistencia médica o cursos de primaria por medio de mensajería a cientos de niños.
Si, es cierto que el nivel de concientización sobre la necesidad de las TIC ha incrementado exponencialmente durante la presente pandemia del COVID-19. Antonio Zaballos, Coordinador de Infraestructura Digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), me comentaba en una charla que, según su organización, cada mes durante la pandemia equivalía a un año de concientización sobre la relevancia de la tecnología en nuestras vidas. Dicho de otra forma, las personas que toman decisiones de política pública han aprendido en menos de dos años lo que se habría tardado dos décadas.
Hasta ahora todo parecería positivo para el sector de las TIC. Sin embargo, el mundo real va más allá de los anuncios grandilocuentes. El mundo real tiene que considerar que el impacto de los avances tecnológicos depende de la capacidad de estos de ser adoptados rápidamente. No es algo complicado, la simple ecuación de la oferta y demanda sirve para explicar la situación. Las nuevas tecnologías inicialmente son caras lo que suprime su demanda, sobre todo en mercados latinoamericanos donde la disparidad en la distribución de ingresos es tan marcada. Según la demanda de la tecnología va incrementando en mercados desarrollados, nuevas empresas comienzan a fabricarla incrementando la oferta de esta, su precio se reduce impulsando su adopción en mercados donde el poder adquisitivo de las personas es limitado.
Vale recordar que muchas de las tecnologías a ser potenciadas por la llegada de 5G existen hace años. La automatización no es nueva, tampoco el Internet de las Cosas y mucho menos la inteligencia artificial. Sin embargo, la reducción de costos en su fabricación permite la masificación de versiones más avanzadas de todas estas tecnologías, aunque el usuario final ni siquiera esté enterado de que las está utilizando. Por ejemplo, según la consultora estadounidense Strategy Analytics el 71% de los celulares inteligentes que se vendan durante el 2021 van a incorporar algún tipo de inteligencia artificial. Lo que nos hace inferir que en menos de diez años la inteligencia artificial será un componente esencial de todo teléfono celular.
Sin embargo, entre tanta euforia y fanfarria, el mundo real golpea con mucha fuerza desmitificando fábulas de una nueva normalidad ficticia y bastante urbana. ¿Cómo no hablar de una nueva normalidad en la región del mundo donde más personas viven en ciudades? ¿Cómo pretender regresar a un pasado donde se tenía que desplegar redes de telecomunicaciones sin un plan de negocio definido pues la demanda aparecerá como por arte de magia, el “constrúyelos y ellos vendrán” tan popular de finales de la última década del Siglo XX que llevó a numerosas empresas de transporte de tráfico por medio de fibra óptica o flotas satelitales a la quiebra?
Antes de aplaudir la llegada de ciudades inteligentes, ¿no sería preciso saber el nivel de inteligencia de estas? Cuando los gobiernos exigen al sector privado desplegar redes de telecomunicaciones en zonas apartadas donde no existe un retorno de ingreso dentro de un periodo razonable, ¿qué tipo de colaboración público/privada se está proponiendo? ¿Qué tipos de incentivos se piensan implementar para fomentar la demanda? Una demanda que contiene varias barreras de entrada o accesibilidad, como, por ejemplo, el precio del dispositivo a ser utilizado y el monto mensual pagado por el servicio. ¿Habrá subsidios directos? ¿Exenciones impositivas? ¿Acuerdos para la disponibilidad de contenidos gratuitos?
Todo lo anterior son temas para considerar cuando se habla de la llegada de 5G y la importancia de su masificación. Es cierto que esta nueva tecnología representa un quiebre de paradigma en comparación con generaciones anteriores pues apunta a impulsar la digitalización de los sectores productivos de la economía para hacerla más eficiente. Dicho de manera acotada, es la plataforma inalámbrica que servirá de despegue a la digitalización de nuestra vida. Un proceso de digitalización que tomará muchos años y generaciones móviles en materializarse.
Es por esta razón, que los gobiernos tienen que acercarse al despliegue de 5G de manera inteligente. Entender que estamos en una región donde aún hay millones de personas que no cuentan con servicios de 3G (en camino a ser desmantelado en muchos países) o 4G, que tienen que ser conectadas a corto plazo. Hacerlo con 5G no es ni viable financieramente ni apropiado por el alto costo de los celulares que se conectan a estas redes. Según la consultora global Counterpoint Research, apenas en el 2024 veremos el inicio de un salto en la adopción de 5G en América Latina. Una adopción mayormente centrada en los quintiles económicos AB de la sociedad regional.
Esta situación no implica que se debe atrasar el lanzamiento de 5G en muchos mercados de la región, solo que las condiciones que acompañen los lanzamientos se acoplen a la necesidad actual. 5G como motor de la transformación digital es un componente clave en cualquier plan nacional de desarrollo económico, por lo que los países de la región tienen que establecer las condiciones apropiadas para lanzamientos acotados que atiendan las demandas de los diversos sectores verticales de la economía. De esta forma se previene la pérdida de competitividad ante la oferta de rivales que han utilizado 5G para incrementar su eficiencia.
Lo anterior no es tarea sencilla, pero tiene que ser trabajado por el sector privado y el público. Una mirada hacia América Latina nos muestra ejemplos de laboratorios o incubadoras de servicios o productos para 5G en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico. También nos muestra la preocupación de un sector empresarial costarricense que produce equipos médicos avanzados quejándose de la pérdida de oportunidades por la falta de una red 5G en Costa Rica que les permita probar equipos para que estos cumplan con los requisitos exigidos por sus clientes de Asia, Europa y los Estados Unidos. Curiosamente, el operador estatal en este país afirma que no ven una demanda real o gran necesidad de 5G para el mercado. Claro, cuando se trata al sector masivo igual que al empresarial este error podría hasta entenderse, aunque su costo sea inversión y empleos para Costa Rica.
Regresando al tema de la cobertura de las zonas no urbanas. La misma no ocurrirá súbitamente, precisa que se asigne más espectro radioeléctrico para poder utilizar tecnologías como la agregación de portadoras que permitan al operador de telecomunicaciones ofrecer velocidades superiores a los 300 Mbps a sus usuarios. Una asignación que no prime la recaudación de fondos para el estado como ha sido históricamente en México, mercado que está comenzando a pagar por el cortoplacismo de sus diferentes administraciones.
La asignación de espectro debería primar la cobertura de zonas más vulnerables, pero acompañada de medidas e incentivos para que la inversión no se quede en la red. Hay que luchar contra el problema de asequibilidad también y en estos momentos, los celulares baratos que pueden soportar una velocidad mayor a 200 Mbps son los 4G y no los 5G. Sin embargo, una mirada a la región nos muestra mercados que apenas han incrementado sobre 200 MHz la asignación total de espectro radioeléctrico para servicios móviles durante el presente siglo.
Es imperativo mirar al futuro sin deslumbrarnos con los profetas del halago. Hay que trabajar con sensatez, considerando que cada localidad tiene su propia realidad. Una realidad que debe ser atendida de manera rápida, primordialmente impulsando 4G en las zonas remotas, como lo ha decidido hacer Colombia con su segunda asignación de espectro para esta tecnología, y 5G en aquellas áreas donde a corto plazo los sectores productivos del país puedan beneficiarse de las mejores eficiencias que una menor latencia y un despliegue masivo de internet de las cosas (con analítica y servicios de nube) pueden brindar.
Todo lo anterior basándonos en la necesidad de la existencia de fibra óptica, redes eléctricas, caminos transitables y una estabilidad legal que se distancie de la discrecionalidad del gobierno de turno. Elementos fáciles de describir, pero difíciles de lograr.
5G representa un gran cambio, pero este cambio necesita darse por etapas. Su implementación tiene que ser coherente, con un plan realizable y que sirva para impulsar el crecimiento de la economía. Esto no debe interpretarse como un freno a la inversión pues la expansión de 4G, para potenciar la conectividad masiva, debe continuar para lograr apagar lo más pronto posible las redes de 2G y 3G que existen en cada mercado. Simplemente, no se puede correr sin saber gatear.
