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Transformación digital para los más vulnerables

La industria de telecomunicaciones se puede definir por fases. Cada una de ellas precisada por la tecnología de turno y como la misma puede ser presentada como un avance en la política pública nacional. De esta forma, a finales del siglo pasado más de una administración justificó la subasta de licencias PCS con la llegada de tecnologías digitales que harían más difícil el fraude. Una década más tarde comenzaron a asignar espectro radioeléctrico en bandas como 3.5 GHz y 2.5 GHz para el lanzamiento de un WiMAX que ayudaría a cerrar la brecha digital.

El presente se muestra más complicado pues ya no se habla de una tecnología específica, aunque 5G parece protagonizar gran parte de las conversaciones, sino de un ecosistema multiplataforma que sirva como sustento de la transformación digital. Son precisamente estas dos palabras las que están de moda en el presente, aunque pocos sepan realmente que significan o cómo puede un país acercarse a este dinámico mundo del futuro.

Si se pregunta a alguna consultora, la definición que seguramente se ofrezca diría algo como “el uso de las tecnologías para hacer más eficiente todos los procesos productivos de la economía”. Luego de este preámbulo seguiría una diatriba sobre como el Internet de las Cosas es la herramienta que en un futuro indefinido permitirá esta digitalización. Para cerrar el discurso, seguramente se entre en el tema de como el marco regulatorio local debe ofrecer incentivos para la adopción de nuevas tecnologías y de esta forma allanar la tan añorada transformación digital. Nada de lo anteriormente mencionado es erróneo.

Sin embargo, es llover sobre mojado. Imaginemos un país donde el gobierno central comienza a establecer un plan logístico que permita que todos los hospitales y otros edificios públicos contaran con una conexión robusta a Internet, computadores modernos y acceso a software dedicado que facilite las labores especializadas de cada dependencia federal. Hablo de escuelas públicas, alcaldías, cuarteles de policía y las empresas públicas que ofrecen servicios de primera necesidad.

Teóricamente estos tres pilares (acceso, dispositivos y software) permitirían incrementar la productividad de las dependencias públicas haciéndolas más eficientes. Lo llamativo es que ninguno de los tres elementos mencionados requiere de una tecnología de punta que aún no ha alcanzado economías de escala. Todo lo contrario, se puede lograr incrementar la eficiencia de las entidades públicas con tecnologías que llevan una o más décadas en el mercado.

¿Qué hace falta? Primordialmente de un gobierno nacional que vea a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Cómo puede uno verificar si existe este entendimiento? Sencillamente, revisando la agenda digital nacional existente y los planes a largo plazo para ver cómo se planea utilizar las TIC para mejorar servicios de salud, educación, logística y hasta contrataciones por parte del gobierno federal.

Claro que como parte de esta agenda digital nacional el gobierno incluiría detalles de cómo facilitar el acceso de la población a dispositivos, acceso a software especializado y entrenamiento de las personas para que puedan aprovechar al máximo el privilegio de estar conectado.

Esta agenda de conectividad nacional tendría que ser apoyada por una total transparencia de cuáles son las metas del gobierno en términos de conectividad nacional y estatal. Las metas no deben quedarse en estas dos métricas sino intentar ser más local, identificar las comunidades más vulnerables, ver donde las diferencias en adopción de TIC por género o etnia son más profundas y comenzar a establecer programas que apunten a cerrar estas diferencias.

Poder establecer un esquema que se dirija a atender todas estas falencias implicaría comenzar una verdadera transformación digital inclusiva que beneficie a todos los ciudadanos. Mientras esto no sucede hay que entender que la transformación digital que tanto se menciona en los medios apunta a las grandes industrias del país. Por eso tengan cuidado cuando encuentren al político de turno que promete que con tal o cual tecnologías todos los problemas existenciales desaparecerán.

Por último, tengo que resaltar el punto de coincidencia de los autoproclamados evangelistas tecnológicos, los especialistas del sector y distintos académicos: el desarrollo saludable de las TIC precisa de un marco legal estable con autoridades de regulación independiente. Intentar regresar a los tiempos donde imperaba la discrecionalidad institucional es un grave error.

Yo por lo pronto me conformo con la implementación de un plan nacional de desarrollo serio que no plagie los requisitos de despliegue de infraestructura impuestos en el sexenio anterior a unos de los actores del mercado. Una vez las autoridades comiencen a tomar acciones para la inclusión digital de los más vulnerables es que podrá hablar de forma certera de una transformación digital incluyente. No debería ser difícil si es que se gobierna pensando en los más pobres, en los más vulnerables.

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