Los pasados meses se han caracterizado por las innumerables desconexiones que ha tenido el gobierno federal de México con las distintas industrias que conforman la economía. Al menos para el sector del que estoy más familiarizado, telecomunicaciones, las contradicciones y mensajes obtusos que se reciben de forma periódica desde la presidencia del país están creando una incertidumbre que no es positiva para el sano desarrollo de este sector.
En lugar de asumir el rol de proponer proyectos e ideas novedosas que fomenten un dialogo constructivo, lo que se observa desde la presidencia es una proliferación de errores que resaltan un alto nivel de desconocimiento de la parte legal, técnica y comercial del ecosistema de telecomunicaciones.
Sí, es sumamente preocupante que súbitamente numerosas escuelas se queden sin conexión o que el portavoz del gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no pueda distinguir las diferencias entre cobertura geográfica y cobertura poblacional en servicios de acceso de telecomunicaciones. O que no haya diferencia en la estructura de costos para servicios de transporte dependiendo de la plataforma utilizada y la misma estructura para servicios fijos o móviles. Son errores que al momento de convertirse en proyectos de ley pueden significar el despilfarro de millones de dólares.
Lo triste de la situación es que muchas personas minimizan tales acciones con el eterno perdón que concedemos a aquellas figuras que por alguna casualidad coinciden con las ideologías políticas que poseemos aunque sus acciones demuestren otra cosa. De esta manera aceptan imposiciones que habrían incitado marchas y protestas ante los históricamente poco transparentes gobiernos anteriores. Ese simple: los que se cansaron de robar no dejan gobernar es peligrosísimo porque puede cobijar a la incompetencia mientras juzga a justos por pecadores al generalizar e identificar como corruptos a todos los servidores públicos que ha tenido el país desde el fin de la guerra civil de inicios del siglo pasado.
Lo verdaderamente alarmante de esta colección de desatinos es su impacto en las estrategias de transformación digital que se estaban engendrando en México tanto a nivel nacional como local. Hay que estar consciente que para que se puedan digitalizar todos los segmentos productivos de la economía para hacerlos más eficientes, tanto la empresa privada como el gobierno deben convertirse en fuertes colaboradores.
Al final de cuentas esto es lo que nos indica la misma constitución mexicana en su transitorio decimosexto al poner como mandato la creación de una red mayorista y en su artículo sexto que obliga la oferta de nuevas tecnologias y que se comenzó a cumplir con la creación de un programa llamado México Conectado que no se sabe a ciencia cierta si existe o no existe debido a las señales contradictorias que recibimos del gobierno, por lo menos al día de hoy (1ro de agosto de 2019) su página web no se encuentra disponible. ¿Por qué llevar cobertura móvil en una red mayorista a Pueblos Mágicos si no se espera que inversiones de terceros posibiliten la venta de servicios de acceso en estos poblados? ¿Cómo confiar en el compromiso de un gobierno con la educación si se desconectan los servicios móviles de los centros educativos? Y si cómo se explica fue un erro, cuáles son las consecuencias por este error que ha tenido que afrontar el culpable del mismo.
Se debe recordar que una parte neurálgica de la famosa transformación digital es poder hacer más eficientes todos los procesos burocráticos del gobierno para de esta forma agilizar inversión, incrementar la transparencia y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Esto que suena tan sencillo requiere un alto nivel de coordinación entre todas las entidades gubernamentales federativas y, en una primera fase, entre estas y las autoridades estatales. El objetivo eventual es poder ir integrando a este sistema completamente digitalizado a todas las entidades públicas a nivel municipio.
Las ventajas de tal sistema son innumerables, tanto en reducción de costos de proceso como en tiempo ahorrado en trámites tanto por las empresas como por el ciudadano común. Sin embargo, en un entorno en el que se ignora cuál será finalmente la entidad que cumplirá el mandato constitucional de brindar servicios de telecomunicaciones a aquellas poblaciones que en estos momentos se encuentran excluidas de las redes de los operadores tradicionales.
Simplemente dicho, si no se es capaz de renovar a tiempo un contrato de Internet para una escuela pública que se puede esperar de cualquier proceso entre múltiples agencias de gobierno para coordinar la selección, implementación y capacitaciones necesarias para la digitalización coordinada de sus procesos internos y externos.
Obviamente, todo lo anterior no puede analizarse de forma cuidadosa si no se plantea una pregunta sumamente necesaria: ¿de dónde saldrá el dinero y otros recursos necesarios para costear cualquier proceso de innovación tecnológica?
Por ahora lo que se nota en los principales medios noticiosos es que nos encontramos en un hiato de la discusión positiva sobre la transformación digital, que ha sido suplantada por un intercambio de reclamos (ya hasta insultos) sobre las decisiones e ideas que está teniendo la presente administración presidencial de México. En otras palabras, todo el avance en la discusión de cómo utilizar y expandir la infraestructura de telecomunicaciones del país para lanzar programas que fomenten la reducción de las numerosas brechas digitales existentes se ha perdido, porque hablar de cómo acortar las brechas digitales es hablar de planes de desarrollo social y económico. Ahora priman los insultos, la frustración y los mensajes políticos que poco tienen que ver con la realidad.
Mientras esto sucede no se puede obviar el gran contraste que existe entre la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer condiciones de mercado que faciliten la llegada de nuevas tecnologías por medio de cambios regulatorios y asignación de nuevas licencias con la labor de una administración presidencial que aun se encuentra dando tumbos al no identificar cual es su propuesta para el mercado TIC. Esta desconexión entre una realidad donde el regulador requiere información de todos los actores del mercado para poder tomar sus decisiones y la pelea de barrio causada por una declaración desatinada puede desviarnos la atención de lo que es verdaderamente importante para el país.
Es importante no perder el rumbo y continuar las conversaciones serias con las entidades que si están preparadas para conversar a profundidad sobre todo lo relacionado a impulsar la conectividad y el acceso de las personas a las tecnologías de información y comunicaciones, mejor conocidas como TIC.
Recuerden que se puede reprochar todo lo que uno desee, pero el presidente de México no es todólogo para llevar en su mano la verdad suprema de todos los temas. Sólo espero que él también se dé cuenta de su falibilidad.
