Usualmente cuando miramos hacia los mercados de América Latina y el Caribe somos injustos. Lo hacemos tomando una radiografía regional paralizada en el tiempo que tan sólo me muestra la situación regional en el presente. Es por esta razón que recibir una pregunta planteando un problema en que es, “imprescindible» contar con colaboración “entre el sector público y privado” para lograr identificar las estrategias de inclusión digital más apropiadas para cada localidad.
Sí, hablo de localidades y no de mercados nacionales pues vivimos en lugares donde las necesidades ni están armonizadas y las características demográficas, económicas y hasta topográficas no son homogéneas.
La pregunta que me fuerza a reflexionar sobre los mismos temas que llegó a pintar Paul Gauguin para encontrar su respuesta es: ¿cuánta esperanza podemos tener de desarrollar una estrategia de transformación digital si nunca se ha podido implementar exitosamente una agenda digital nacional de largo plazo en la región? Desde mi perspectiva, es imposible responder a esta pregunta sin responder las mismas interrogantes que los tahitianos instigaron al viejo pintor francés a plasmar en su obra.
¿De dónde venimos?
Si nos concentramos en la infraestructura de telecomunicaciones que en la actualidad existe en los mercados de América latina y el Caribe corremos el peligro de olvidar que hace apenas unos treinta a cuarenta años uno de los medios utilizados para crear la interacción de la gran mayoría de la población con los servicios de telecomunicaciones eran los teléfonos públicos. Su importancia era tal que para poder afirmar que una población estaba con acceso a servicios de comunicación esta tenía que poder acceder a una línea de telefonía publica a menos de una hora caminando de su lugar de residencia.
Eran tiempos en los que barrios de Sao Paulo compartían las mismas características que otras grandes ciudades de la región con la existencia de una lista de espera para la obtención de una nueva línea de telefonía fija. Los servicios eran tan escasos, penetraciones por hogar de un digital porcentual a nivel nacional en la mayoría de los casos, que las casas que contaban con servicio de teléfono podían reclamar un premium durante su proceso de venta.
La cotidianidad nos ha hecho olvidar que el servicio telefónico era cuestión de estatus y no todas las personas podían costearlo. Por esta misma razón, los incipientes planes de conectividad se limitaban a colocar incrementar el número de teléfonos públicos para la población. Durante la década del 1990 (para el Caribe no hispano parlante mayormente después de 2001), con una combinación de innovaciones tecnológicas – principalmente servicios de celular e Internet fijo – junto a los grandes montos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones impulsada mayormente por el sector privado es que se comienza a incrementar el uso de nuevas tecnologías.
Mientras miles de kilómetros de fibra óptica se desplegaban tanto a nivel terrestre como submarino, las tarifas por los servicios comenzaron a bajar. Paulatinamente comenzaron a aparecer los proveedores de servicios de Internet, que durante esa época eran un articulo de lujo que la gran mayoría de la población no podía costear pues implicaba pagar la mensualidad del teléfono fijo, la mensualidad del proveedor de Internet y el computador.
Los servicios de telefonía móvil que se existían en el Caribe desde 1986 y en mercados como Colombia tardaron demasiado en llegar, 1994, eran por entonces impagables para la gran mayoría de la población. Apenas en 1995, con la creación de los esquemas de facturación prepago (ayudando al operador) y posteriormente acompañándolo con “el que llama paga” (ayudando al usuario), que por ejemplo apenas llega a México en 1998, que finalmente explota la adopción de las redes móviles creando economías de escala lo suficientemente fuertes para expandir la cobertura de estas redes en zonas en las que anteriormente solo podía pensarse servicios de telecomunicaciones por medio de satélites.
Poco a poco durante esta época se comienzan a establecer los cimientos de lo que sería la infraestructura básica de telecomunicaciones en la región. Las grandes inversiones y las enormes posibilidades que el mundo digital ofrece comienzan a impactar las finanzas y estrategias gubernamentales de los países de la región. Así, como piezas de dominó fueron liberalizando todos los mercados, algunos como Republica Dominicana o Jamaica para llevarle competencia a una empresa privada con décadas en el mercado y en otros como en Uruguay, Costa Rica y principios del Siglo XXI en Aruba, Guayana o Surinam para competir con el operador del estado.
En este mundo, la brecha digital era simple y se limitaba en sus inicios a diferencias entre los que tenían acceso a Internet y quienes no.
Sin embargo, la década de los 1990 no fue una década muy fácil en las Americas. Estamos hablando del mismo periodo de tumulto económico y social que implicó el periodo inmediato post-invasión en Panamá, las diferencias a mitad de década entre Ecuador y Perú que culmina con la guerra del Tiwintza, el regreso a la democracia en Chile y la culminación del proceso de paz Centroamericano que había comenzado a finales de la década de 1980 con el Tratado de Esquipulas I. Resumiendo, fue una época de transición donde lo mejor y peor del ser humano tomó protagonismo.
¿Quiénes somos?
La llegada del Siglo XXI vino acompañada con la explosión de la burbuja puntocom, la debacle de la economía Argentina y la última Copa del Mundo conquistada por un país latinoamericano. También fue el momento en que muchísimos de los reguladores regionales tuvieron que reinventarse pues habían sido creados para monitorear los procesos de liberalización y/o apertura del mercado, algo que con el pasar de los días formaba más parte del pasado.
Nuevamente, el Caribe no hispano parlante parecía vivir la misma experiencia de forma acelerada, pero con diez años de desventaja. Nada que los reguladores de Bahamas, Trinidad & Tobago o Islas Caimán no pudiesen solventar con éxito.
Precisamente en estos años es que comenzamos a ver a entes de reguladores con una visión más amplia de las necesidades del mercado. Mientras las tecnologías digitales se probaban cada vez como herramientas esenciales para hacer la vida más fácil a las empresas, gobiernos y ciudadanos, mayor era el interés de poder potenciarlas a nivel nacional.
De esta manera comienzan a surgir planes nacionales de conectividad, todos con preocupaciones diferentes, pero casi siempre con un elemento que eventualmente se reconocería como error: fecha de comienzo y fecha de caducidad. Quizás el elemento más común a nivel regional es haberse contagiado con la idea del profesor del Massachusetts Institute of Technology, Nicholas Negroponte, de entregar un computador a cada niño para mejorar su vida. Esta visión se propagó como el dengue, apareciendo programas desde finales de los 90 enfocados a tratar de que cada niño tuviese un computador, más tarde una tableta. Otro elemento importante de los planes de conectividad era el énfasis de llevar infraestructura a todas las localidades con habitantes del país. En otras palabras, un gran énfasis en el desarrollo de redes.
Lamentablemente uno de los elementos carentes de la inmensa mayoría de estas iniciativas era el contenido. Poder responder el ¿para qué? ¿por qué? ¿y para quién? Se están construyendo estas redes pues las estrategias carecían de capacitación para los usuarios potenciales o esquemas de entrenamiento para el desarrollo de estrategias de telemedicina, teleeducación o teletrabajo. Hubo tal vez demasiada alfombra roja, demasiada desvirtuación publicitaria del alcance real de muchos de estos esfuerzos.
Como siempre sucede en la región, cuando el interés político transforma en populismo barato una estrategia de desarrollo las externalidades negativas son a largo plazo. No se puede corregir lo que no se sabe que no funciona. No se puede invertir en dar servicios en lugares donde se nos ha asegurado que ha llegado la conectividad. Sobre todo, cuando quienes lo exigen por razones más personales que colectivas o desde la falta de conocimiento no incorporan a su solicitud la estructura de costos pues nada es gratis en la vida.
Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo que los precios de los servicios ofrecidos dependen grandemente de la plataforma tecnológica utilizada pues no cuesta lo mismo conectar una red de Internet vía satélite en una localidad rural que hacerlo por fibra en la capital del país
Esta década también fue la que inició los grandes procesos de consolidación del mercado con la aparición de los operadores regionales. Por otro lado, fue también por estos años que los operadores estatales comienzan a tener una mala reputación al ser reducidos todos al desempeño cada vez peor de la estatizada CANTV en Venezuela. De todas formas, lo importante en la mente de los gobernantes era como asegurar que las zonas rurales comenzarán a tener los mismos servicios, o al menos estar conectadas a las mismas redes, de las grandes urbes metropolitanas.
¿Adónde vamos?
Ahora seguimos viviendo parte de lo creado en esos primeros años con la diferencia de que existe un mayor profesionalismo y entendimiento en los distintos mercados sobre los numerosos componentes de la industria de telecomunicaciones. Se cuenta con mejor infraestructura nacional y las iniciativas se acomodan a un acercamiento hibrido donde lo importante es llevar servicio de forma costo eficiente.
El otro componente que existe es que ya no estamos hablando de planes de conectividad centrados solo en infraestructura. La conversación, así como el conocimiento y experiencia de los reguladores o las exigencias de los consumidores, ha evolucionado. Ahora la preocupación se centra en la transformación digital que simplemente se refiere a hacer más eficientes los segmentos productivos de la economía y a nivel personal facilitar nuestras labores diarias.
Para alcanzar este objetivo, tal vez no contamos con proyectos específicos como en el pasado – algunos de estos no han caducado o han ido renovándose. Pero si vemos esfuerzos por parte de la sociedad civil, la industria y el sector público para impulsar inclusión de genero en el mundo de las TIC, crear contenidos que atiendan las demandas educativas de las futuras generaciones, traducirlos para integrar a las comunidades indígenas que por siglos han sido olvidadas y maltratadas.
Hay una mayor conciencia de la importancia de integrar las TIC en la educación y de como estas tendrán un rol cada vez más protagónico pues es bastante simple: quien no se digitalice se condena a empeorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ese es el camino que hay para poder algún día contar con estrategias nacionales de capacitación, uso y difusión de conocimiento por medio de plataformas tecnológicas.
No será fácil pues estamos en la misma región que sufre de corrupción en altos niveles de gobierno, donde el narcotráfico ha creado economías alternas, la impunidad hace que un gran segmento de la sociedad no crea en los sistemas de justicia y la pobreza impacta a un alto porcentaje de la población. Lograr alcanzar las metas de los planes de conectividad del pasado para lograr establecer el camino apropiado hacia la transformación digital requiere un cambio cultural, de visión o de Chip. Hay que dejar de pensar en brecha digital como la diferencia entre los que tienen y los que no, o sea dejar de pensar en simple conectividad, y enfrentar el problema como uno de los obstáculos inherentes para el desarrollo integral del país.
Los estudios indicando esto ya existen, el conocimiento y el talento ya lo tenemos, las universidades siguen formando especialistas. El diagnostico es el mismo de hace décadas, hay que utilizar los recursos disponibles para gradualmente ir corrigiendo los problemas y mejorando la vida de quienes más lo necesitan. Todo lo demás es llover sobre mojado.