Hace varios años que el mundo de las telecomunicaciones nos inunda de conceptos que tratan de hacer asequible el entendimiento de las bondades que brinda la tecnología. Se ha vuelto algo recurrente escuchar hablar sobre la brecha digital, la accesibilidad, el Internet como derecho humano o como la pandemia nos ha transportado a una nueva realidad digital. El mensaje implícito es que se continúa avanzando a pesar de los obstáculos que se quieran considerar, obstáculos reales e imaginarios.
La tecnología avanza a pasos agigantados. Aunque para que los desconectados comenzar a beneficiarse de un crecimiento económico prometido en cifras que no entienden sigue siendo quimera. Muchos de los más necesitados en redituar los beneficios digitales tienen como prioridad saber dónde conseguirán las tortillas y frijoles con los que alimentar a sus hijos. No se puede pedir pausa al hambre que impone la pobreza.
Lo difícil es como abordar un problema que ya esta definido. Ya se conocen cuales son los males que merodean cada uno de los conceptos antes mencionados. No es novedad saber que ya no se habla de una brecha digital limitada a tener acceso a servicios de Internet. Ahora se reconocen brechas digitales donde los aspectos tangibles como infraestructura y dispositivos de acceso van acompañados de insumos intangibles que brindan los distintos tipos de software.
Asimismo, es de todos sabido que la nueva normalidad es un fenómeno urbano con grandes rasgos elitistas. Basta observar que se limita a aquellos hogares con los recursos para pagar una conexión de alta velocidad de Internet y con el dispositivo necesario para poder hacer trabajos desde la casa. Pero esto no es suficiente, aun cumpliendo con estos dos requisitos, solo gozaron la nueva normalidad aquellos individuos con un trabajo que les permite hacer sus funciones remotamente. Aquellos participantes de un segmento de la industria de servicios que no tienen la necesidad de estar físicamente presente en una localidad específica. El resto de la población leía y escuchaba de esa nueva normalidad quizás pensando que era burla. Tal vez preguntándose si quienes hablaban tanto de la nueva normalidad realmente se encuentran tan desconectados de la realidad.
Con este escenario pasaron los días, las semanas y los meses. Cada cual sabiendo cuales eran los males que rodeaban al mundo de las TIC y las telecomunicaciones. Sin embargo, con muy poco esfuerzo para comenzar a implementar las soluciones que se han ido planteando año tras año para solventar estos males. La realidad es esa, al parecer no hay una figura dispuesta a romper el estatus quo para realmente impulsar la conectividad.
Las excusas para justificar esta dejadez son muchas. Hay quienes argumentan que el marco jurídico es erróneo y debería modernizarse porque hasta que esta modernización no ocurra es poco o nada lo que se puede hacer para mejorar la adopción de servicios digitales. Que en otras geografías se hayan popularizado sistemas de transferencia de dinero con tecnologías de 2G no es importante, lo imperativo es cambiar el marco normativo existente. No hay que intentar mejorar paulatinamente utilizando los pocos recursos disponibles, es todo o nada.
Otros hablan de los problemas que hay por la falta de compromiso de alguno que otro actor del sector. Es como una historia de nunca acabar en la que la culpa es de todos, pero no la asume nadie. Este intercambio de acusaciones ha ido maquillándose hasta resucitar los mejores mensajes ochenteros o setenteros que se puedan concebir. Desde que impulsar la conectividad e implementar medidas centradas en beneficiar a los consumidores es parte de un plan maquiavélico germinado en el Consenso de Washington hasta aquellos que consideran que considera la expansión de la conectividad rural por medio de los subsidios es un esquema izquierdista que busca por métodos ineficientes hacer una repartición asimétrica de los recursos del estado. Al momento de buscar excusas o lavarse las manos no existe escasez en creatividad.
El peligro es que toda esta dinámica nos deja varados en el mismo punto de partida. ¿Cómo hacer que ese dialogo esencial entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la academia ocurra? ¿Cómo lograr un consenso cuando hay tanta desconfianza y resentimiento entre estos distintos interlocutores? ¿Cómo integrar las agendas de corto plazo que pueden tener algunos tomadores de decisiones de política publica con aquellas de mediano y largo plazo que podría tener el sector privado o el sector académico? ¿Cómo acordarse del ser humano en todas estas discusiones?
Desgraciadamente, no hay respuestas satisfactorias a muchas de estas preguntas. Continuamos deseando una cooperación que no se concreta, escuchando sobre 5G e inteligencia artificial, cuando aún no podemos resolver como utilizar las redes de telecomunicaciones para para temas supuestamente mundanos, pero sumamente importantes, como el analfabetismo, la inclusión lingüística de comunidades indígenas y la reducción de la pobreza.
Es muy bonito hablar sobre tecnología y derechos humanos o de las posibilidades e impacto de la transformación digital. No obstante, cada vez que se discutan estos temas ojalá que los expertos no se olviden que el objetivo de todas estas decisiones y estrategias es beneficiar al ser humano. Tal vez un acercamiento digital más antropocéntrico y menos tecnocéntrico sea lo que haga falta. Tal vez así conseguimos que las naciones de América Latina cuenten con una agenda digital nacional (ADN).
Un ADN que hable de expandir cobertura de redes, democratizar servicios por medio de plataformas de gobierno electrónico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mas pobres y vulnerables por medio de iniciativas de educación, salud y de creación de empleos que estén apoyadas en la tecnología. Si al menos uno de estos deseos se cumple en 2023, ya estaremos mejor que lo vivido en 2022.
En síntesis todo sigue igual: la tecnología no soluciona las desigualdades.