Una de las grandes verdades del mundo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), es que aproximarse a estas como si fuesen un ente aislado es un error. Así como las TIC impactan transversalmente todos los segmentos productivos de la economía y nuestra sociedad, cualquier decisión referente a ellas debe hacerse con un acercamiento holístico. No es posible tomar decisiones de política pública o determinar cuál es el cronograma de despliegue de una nueva tecnología si antes no se han contemplado aspectos regulatorios, económicos, demográficos, topográficos y financieros, entre otras variables. Sobre todo la voluntad y apoyo de las autoridades a los proyectos encaminados a modernizar la infraestructura del país.
Tal vez por esta misma razón es que hace pocos días, mientras se hablaba del modelo institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México en otro mercado, me sorprendió un poco escuchar a quienes aseguraban que todos los males del sector TIC local se debían a cómo se había establecido el cronograma jerárquico que rige al mercado local. Según los expertos, la solución a todos los males comienza con la creación de un ente de gobierno para telecomunicaciones (que no es lo mismo que TIC) totalmente independiente.
Personalmente estoy de acuerdo que, dado a la transversalidad e importancia de las TIC en el crecimiento económico de un país, la creación de un ente independiente donde sus comisionados no tengan términos que coincidan ni con los del ejecutivo, ni con los del cuerpo legislativo, es sumamente necesario. Quizá por esa razón esperé a escuchar los argumentos esgrimidos sobre el tema pues no existe problema en el mundo de la regulación o política pública de las TIC que se resuelva con tan solo aprobar una sola modificación legal o institucional. Ojalá todo fuese tan sencillo.
Obviamente durante mi intervención mencioné que otorgar independencia al ente que rija el sector de telecomunicaciones no es garantía de desarrollo y progreso. Asimismo, mencioné que en América Latina existen países con entes no autónomos que se han colocado en la vanguardia del sector, por ejemplo, la Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es considerada una de las mejores entidades de regulación de América Latina.
Aún con todas las críticas y propuestas para evolucionar esta agencia, la realidad es que el mercado chileno ostenta una gran cantidad de operadores ofreciendo diversos servicios de telecomunicaciones, es uno de los tradicionales pioneros en la adopción de nuevas tecnologías, ostenta altos niveles de adopción de servicios de telecomunicaciones por parte de la población y cuenta con programas para integrar en su diálogo sobre el sector, a la academia, a la sociedad civil y al sector privado.
Mi mensaje era claro, la independencia del ente regulador tiene que estar acompañada de otras variables que le permitan funcionar de forma acertada. Sin embargo, la respuesta de los “expertos” fue: “miren a México que sí lo ha logrado”. Ante esta aseveración solo me quedó comentar, que si bien es importante lo que ha sucedido en el país azteca esto no implica estar enceguecidos con lo que dice el papel, abramos los ojos para observar la realidad que rodea al ente regulador. Una realidad que en los últimos tres años se ha visto manchada por un ejecutivo empecinado en controlar al ente, reducirle recursos financieros y simplemente convertirlo en un apéndice de la presidencia. Una batalla que a simple vista hasta el momento parece ganar el IFT por su rango constitucional y las decisiones favorables que le ha otorgado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, el regulador se ve mermado de recursos cuando el ejecutivo se rehúsa nombrar tres comisionadas para llenar las tres vacantes existentes. El ente tiene que hacer el mismo trabajo con menos personal y siendo forzado a tomar medidas que le permitan evitar una crisis constitucional pues de forma preventiva redujo la cantidad de comisionados necesarios para tomar algunas decisiones de cinco a cuatros, asegurándose el cumplimiento de su mandato constitucional. Lo peor ha pasado, el próximo comisionado que terminará su mandato tendrá que esperar hasta 2025 para hacerlo. Ya en ese momento habrá una nueva administración presidencial que debería subsanar el daño que se le ha intentado hacer al IFT durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Claro que no hay más sordo que quien no quiere escuchar. Todo era reduccionismo a la máxima expresión, era el deseo de regresar a un marco regulatorio anterior donde las entidades sí eran independientes. El fallo de ese pensamiento es que precisamente en ese periodo no se hizo nada, la entidad independiente se caracterizó por su inoperancia, la cual se tradujo en rezago en innovación, poco desarrollo TIC en zonas vulnerables y una incipiente utilización de las nuevas tecnologías por parte de las distintas agencias de gobierno. Un daño que se está tratando de rectificar a pesar de insultos irracionales y la predicción de amenazas ficticias como si los avances obtenidos en los últimos años fuesen una afrenta que justificara matar a un hombre a puntapiés.
Las instituciones tienen que ser independientes tanto en su toma de decisiones como en su financiación. Deben estar compuestas por expertos probados en el tema cuyos términos no coincidan con las administraciones de turno, debe tener autoridad para sancionar a quienes no cumplen sus ordenanzas. No debe haber una discrecionalidad institucional en la que varía el acercamiento al problema dependiendo de quien sea el regulado. Esos son los parámetros básicos que debe tener la institución que sea responsable de vigilar por el progreso del mundo de las TIC. Asimismo, debe ser lo suficientemente flexible para amoldarse a los cambios que trae consigo la innovación tecnológica.
Las TIC cada vez cobrarán mayor importancia dentro de las instituciones de gobierno gracias a su transversalidad. Establecer un marco normativo institucional estable y transparente es una necesidad pues se está hablando de la espina dorsal de la economía, no son latifundio del político de turno que con insultar a las autoridades y fomentar miedos intenta engañar aduciendo a un compromiso con el pueblo cuando seguramente lo que promueve es su potencial beneficio personal.