Usualmente cuando dos personas hablan de innovación en telecomunicaciones uno de los errores más comunes que ocurre es responsabilizar al gobierno por el lanzamiento de nuevas tecnologías. Si algún operador en algún país vecino anuncia el lanzamiento de una nueva tecnología la acción es interpretada por algunos como una afrenta a la dignidad nacional. El tradicional ellos versus nosotros del patrioterismo nacional que tanto daño a hecho a los estados latinoamericanos.
Cuando se escucha que el lanzamiento de una nueva tecnología ocurre en otro país de la región lo adecuado sería plantearse cuales son las características del lanzamiento y las funciones que cumple el mismo. Una vez se puede entender el entorno del lanzamiento se puede hacer un análisis de cuan cerca o lejano se encuentra la llegada de la nueva tecnología al mercado local.
Es importante hacer una separación de responsabilidades entre aquellas que son potestad de las autoridades de regulación y aquellas que son parte de una estrategia de negocio de los prestadores de servicios de telecomunicaciones del mercado. Sólo en casos puntuales se puede cuestionar al gobierno por su atraso en el lanzamiento de una nueva tecnología, como por ejemplo, cuando tiene mayoría de las acciones controlantes de un operador de telecomunicaciones.
La otra situación donde las autoridades de gobierno pueden ser culpadas por la demora en la llegada de nuevas tecnologías es cuando no han podido establecer en el mercado las condiciones óptimas para su lanzamiento y posterior adopción. La ausencia de estas condiciones puede por un lado imposibilitar la llegada de una nueva tecnología porque simplemente no hay donde ubicarla dada la escases de espectro radioeléctrico en el mercado como en el presente se observa en varios mercados Centroamericanos. Por otro lado, un alto nivel de burocracia y la falta de armonización de procesos pueden incrementar los costos de lanzamiento de tal modo que el operador prefiera esperar a condiciones más favorables para lanzar nuevos servicios.
Ejemplos de cómo las autoridades de gobierno pueden obstaculizar el camino para la llegada de nuevas tecnologías abundan y van desde la incapacidad de asignar espectro radioeléctrico limpio de forma eficiente, hasta el mantener un esquema impositivo en la importación de equipos que no justifique una inversión a corto plazo. En esta situación los operadores prefieren esperar hasta que se presente un costo más favorable, usualmente alcanzado cuando la tecnología alcanza la madurez suficiente que le asegura economías de escala. Por último, debe mencionarse pretensiones irreales que puede tener un gobierno que desea percibir precios similares a los exhibidos por concesiones en regiones como Nueva York, Los Ángeles, Londres o Múnich, aunque el ingreso promedio que percibe por usuario sea menos de una décima parte a lo percibido por los operadores de esas ciudades, y además le imponga requisitos de cobertura tan estrictos que hacen casi imposible encontrar una empresa dispuesta a invertir bajo esas condiciones.
Cuando se habla de nuevas tecnologías, su lanzamiento de nuevas redes se tiene que ver desde la óptica de los operadores considerando factores como su estrategia de mercado, perfil de cliente y situación financiera. En un mismo mercado, un operador que se centre en ofrecer servicios a clientes corporativos o de alto poder adquisitivo va a tener una mayor presión en acelerar el lanzamiento de nuevas tecnologías que un competidor que opere mayormente en un entorno rural ofreciendo servicios básicos de mensajería, conexiones a Internet y mensajería a una base totalmente prepago que genere un ingreso por usuario menor al de dos dólares mensuales. El lanzamiento de una tecnología por un operador antes que otro no implica necesariamente que esté más adelantado, simplemente que tiene a corto y mediano plazo otros objetivos.
Esto no significa que el gobierno no pueda contar con herramientas para impulsar el lanzamiento de nuevas tecnologías por parte de los operadores. Una de las maneras más comunes para hacerlo es la asignación de nuevo espectro con el condicionante de que solo puede ser utilizado con tecnologías que tienen desempeños mínimos al de las nuevas tecnologías de punta que se comienzan a comercializar a nivel global. Claro que si este requisito es acompañado de muchos otros que encarecen el precio final pagado por el operador, el mismo puede ser contraproducente.
También hay que ver que en ocasiones las pretensiones de los operadores pueden resultar en la no obtención de ofertas para sus pedidos de despliegue de nueva infraestructura. Hace más de diez años un operador ató la asignación al contrato de su red UMTS la pavimentación de carreteras y la instalación de redes de electricidad para suplir cada antena desplegada, entre otras inversiones en infraestructura básica que no existían en muchas localidades el mercado. Obviamente muchos proveedores de infraestructura decidieron no presentar ofertas pues el costo de los aspectos no relacionados a telecomunicaciones superaba el precio que se podía obtener de la venta de una red 3G.
Una vez se entienden las diferencias en los roles de los prestadores de servicios de telecomunicaciones con el de las entidades de gobierno es imperativo mantener un equilibrio entre ambos. Ni las autoridades de gobierno deberían hacer solicitudes que van contra el sentido común, ni los operadores deben ver en el regulador un ente distante con el que no se puede dialogar. El avance de la industria depende de la colaboración y comunicación constante entre el regulador y sus regulados.
Al final del día, el objetivo de todos es incrementar la adopción y uso de nuevas tecnologías por todas las ventajas que esto supone para el desarrollo económico y social de un país. Es por esta razón que a través del dialogo entre todos los actores del mercado se pueda determinar cuáles son los nuevos esquemas que pueden implementarse para que los representantes del sector privado puedan comenzar a ser protagonistas de los esfuerzos por llevar conectividad, capacitación y conocimiento a todos los habitantes del país.
El camino no será sencillo pues involucra un cambio en la forma de pensar de algunos y un reaprendizaje para conocer cuales los que son nuevos modelos de negocio que estarán creando oportunidades laborales relacionadas a las telecomunicaciones. Pensar que una sola entidad puede lograr arreglar de forma aislada los problemas que desde hace décadas enfrenta el sector de telecomunicaciones es simplemente fantasioso. La solución no es sencilla y cuenta con variables que van más allá de la infraestructura o los dispositivos. Como siempre ha sido, es prepararse para el futuro desde el presente.