Las últimas semanas de 2022 parecen estar comprometidas a un continuo diálogo sobre la viabilidad y necesidad de asignar espectro radioeléctrico adicional para la oferta de servicios IMT. Se escucha una cacofonía de alegatos a través de toda la región sobre la necesidad de que cualquier asignación de este insumo debe dar prioridad al desarrollo económico y social del país en lugar de tener un fin puramente recaudatorio.
Asimismo, hay quienes identifican a 5G como el servicio que debe tener prioridad en cualquier proceso que surja en la región. La justificación es que, al ser un vellocino de oro digital, esta tecnología tiene la virtud de eliminar falencias del mercado, impulsar conectividad de forma inmediata y de esta manera acelerar la transformación digital.
Obviamente, ante estas innegables cualidades mercados como Argentina, Colombia, Costa Rica, México o República Dominicana, entre otros, quieren impulsar procesos para lograr un despliegue agresivo de 5G que lleve el servicio a la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible.
Sin embargo, vivimos en un mundo en el que los mitos se derrumban ante la realidad. Cada uno de los mercados anteriores, aunque tengan como objetivo una misma finalidad, está forzado a tomar un camino distinto que ha sido demarcado por decisiones del pasado. No todos comienzan desde el mismo punto de partida. Además, es imperativo que las condiciones macroeconómicas, demográficas y de infraestructura establecida, estén siendo consideradas.
Por ejemplo, no se tendrá el mismo resultado en 2023 que se obtuvo en 2014 en la Argentina, cuando este país llevó a cabo una subasta de espectro radioeléctrico con el objetivo de impulsar 4G y recaudar fondos para el gobierno nacional. En aquel entonces, los operadores enfrentaban altos niveles de congestión en zonas urbanas del país pues no habían recibido espectro adicional desde el siglo pasado.
Ahora la situación es distinta, los niveles de congestión de 2014 no están presentes. Lo que si es novedad es la existencia de un decreto, conocido como el DNU 690, que mata cualquier incentivo que un operador de telecomunicaciones pueda tener para invertir en el país. Esto se debe a su mala redacción que, por un lado, impone controles de precios en un país con niveles de inflación de tres dígitos y por otro, habla de asegurar a los operadores una ganancia razonable que parece atrapada en la discrecionalidad pues no se define qué significa este término.
Considerando los altos montos de inversión que requiere una red 5G, muy pocas entidades estarían dispuestas a participar en este proceso, a menos que se flexibilice el tema de aumentos de precios, el tema de importaciones de insumos como teléfonos e infraestructura y que las condiciones de la subasta puedan ofrecer a los interesados un retorno de inversión positivo dentro de un periodo de tiempo razonable.
Si nos trasladamos a México, la situación toma un giro bastante fuerte. Mientras que en Argentina existen tres operadores nacionales y varios regionales interesados en obtener espectro radioeléctrico para ofrecer servicios móviles, en México solo vemos a dos de los tres operadores de redes celulares como candidatos a participar en cualquier subasta de espectro radioeléctrico. Los días donde, impulsados por hacienda, el erario mexicano tenía casi asegurado cientos de millones de dólares de un proceso donde mínimo tres participantes pujaban por los mismos bloques, en la actualidad ni siquiera el precio mínimo impuesto por el gobierno genera el mismo interés. ¿Cómo se soluciona esta situación? ¿Acaso sería suficiente una reducción en el precio que pagan por espectro los operadores móviles? ¿Qué otras medidas tendrían que ser consideradas para integrar a las nuevas tecnologías en una agenda digital nacional? ¿Qué incentivos se le ofrecerá a la ciudadanía para que pueda tener acceso a celulares de bajo costo que puedan conectarse a la nueva tecnología? ¿Qué iniciativas está implementado el gobierno para asegurarse que en el país se produzcan aplicaciones y productos que funcionen con 5G?
La situación en Colombia adquiere una complejidad mayor considerando que los operadores celulares del país aún se encuentran cumpliendo con los requisitos de cobertura para 4G que adquirieron con las frecuencias que fueron subastadas en 2019. Luego tienen que enfrentar un tema de renovación de licencias que parece destinado a politizarse en bandos que exigen un acercamiento puramente recaudatorio, aunque la ley 1978 de 2019 diga otra cosa, y los que buscan un enfoque centrado en el desarrollo. Este es el escenario en el que se plantea un proceso de subasta para 5G, donde desplegar una amplia cobertura a corto plazo no parece aconsejable en un país caracterizado por la alta elasticidad de sus ciudadanos, una moneda que se ha depreciado bastante en los últimos doce meses y un entorno de mercado donde el reemplazo del celular cada vez tarda más.
Costa Rica nos regala un mercado donde la llamada a lanzar 5G parece haberse convertido en promesa política luego de la inacción del gobierno anterior hacia este tema. Aquí un sector empresarial que mira con buenos ojos el despliegue de la tecnología para poder satisfacer requisitos técnicos que sus clientes en otros mercados le imponen, junto con las promesas de mejores servicios para los consumidores, hacen de 5G un tema de maniobra política que pocos están dispuestos a pelear en un mercado donde el gobierno es uno de los principales prestadores de servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo llegar a un compromiso que no sea visto como un acto de detrimento al histórico operador estatal?
Al trasladarnos a las Antillas nos encontramos con República Dominicana, un mercado en proceso de rápida evolución. Aquí la mayor dificultad no es la falta de entendimiento por parte de las autoridades sobre la gran importancia de las TIC pues desde presidencia se impulsa un programa dirigido a reinventar digitalmente en país. De esta forma, agrupando trece entidades de gobierno distintas se comienza a imaginar la transformación digital del mercado que cobijó los primeros asentamientos europeos de las Américas. El obstáculo que enfrenta Republica Dominicana es intentar solventar en un periodo de tiempo bastante limitado – cuatro años de periodo presidencial – problemas que estuvieron fuera de la agenda nacional por décadas. Se aspira a lograr mucho y esta amplitud en la cantidad de proyectos puede ser contraproducente ante la falta de recursos o la garantía de su sostenibilidad a través del tiempo. Asimismo, en la parte de asignación de espectro, las aspiraciones recaudatorias en un mercado de tres operadores donde de facto solo dos cuentan con recursos para participar en procesos de subastas y no enfrentan congestionamientos de tráfico como los vistos en el pasado en Colombia o Argentina, fortalece el poder de negociación de los operadores privados ante cualquier intento de maximizar ingresos que pueda tener el gobierno nacional.
Como se puede observar hay una gran complejidad en lo referente no solo al tema 5G sino a la asignación de espectro radioeléctrico por medio de un proceso que cree los incentivos necesarios para atraer empresas a hacer compromisos de inversión. Obviamente el diálogo y el intercambio de ideas e información entre los distintos actores del ecosistema de telecomunicaciones es sumamente importante.
5G no es panacea, no es el vellocino de oro y automáticamente no brindará todos los beneficios que se enumeran de la tecnología cada vez que un experto habla de ella. 5G es una plataforma, una herramienta. La asignación de espectro puede impulsar el despliegue de infraestructura para que la población pueda tener la posibilidad de acceder a esta tecnología. No obstante, todas las cosas que se pueden hacer con 5G, todas las implementaciones, todos los beneficios de una digitalización total surgirán de quienes se conecten a la tecnología. De los planes de negocio de las empresas, de las ideas de los nuevos emprendedores, de iniciativas de innovación de los gobiernos. Los operadores son facilitadores de estos servicios, pero no son quienes mágicamente los harán aparecer en la región como parte de sus nuevas redes 5G.
Es necesario establecer expectativas realistas. Aquellos procesos que respondan a necesidades políticas en lugar de hacer un plan de ejecución basado en las necesidades del sector de telecomunicaciones local tienen unas muy altas posibilidades de no lograr sus objetivos.
Excelente apreciacion: todavia no hay modelo de negocio para una tecnologia y no sabemos cuando puede dar frutos (ni cuales en particular).