Las campañas políticas alrededor del mundo tienen un condimento similar indistintamente del idioma, ideología o geografía del país en que los candidatos esperan salir triunfantes del proceso electoral: las promesas de campaña. Aunque usualmente estas se limitan a menciones superficiales de lo que debe hacerse para mejorar la vida de los ciudadanos, el simple hecho que sean mencionados algunos temas sirve para identificar las prioridades del candidato. 

Si nos enfocamos en México, las promesas del candidato Andrés Manuel López Obrador antes de ser electo presidente estaban recogidas en el Programa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Por qué luchamos.” Este documento enunciaba de forma directa y sin ningún tipo de eufemismo la intención de Morena de acabar con la corrupción, impulsar la defensa de los derechos humanos, luchar por la soberanía de México y otras cosas que suenan bonito, pero a menos que haya un plan de acción escrito que pueda implementarse, de poco sirven en el mundo real.

Tampoco es que se espera que un programa de gobierno que se promociona durante una campaña estipule punto por punto cuales serán las acciones para tomar por el gobierno. Eso, teóricamente, ocurre una vez el candidato llega al poder. En otras palabras, la promesa del programa relacionada a las telecomunicaciones que dice “Morena lucha por garantizar el acceso universal a la Internet, como un derecho ciudadano,” debía haberse manifestado en el primer año de gobierno del presidente López Obrador con un plan concreto, autosustentable y con visión de largo plazo.

Al final de cuentas, debe ser un plan que tenga como objetivo conectar a las localidades más vulnerables del país. Aquellas donde abunda la pobreza, los ciudadanos tienen un bajo poder adquisitivo, los servicios básicos que ha ofrecido el gobierno tienen mucho por mejorar y la inversión de las empresas privadas es bastante limitada.

Utilizando la descripción que aparece en el “Proyecto Alternativo de Nación 2018 – 2024 Plataforma Electoral y Programa de Gobierno” de Morena el objetivo sería mejores servicios a las comunidades que han sufrido por “los gobierno (sic) neoliberales [que] optaron por un modelo de competitividad internacional basada en salarios bajos para compensar los costos de insumos (energía, telecomunicaciones, insumos intermedios) y de logística e infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos), así como otros costos relacionados con trabas regulatorias, seguridad y por la falta de un estado de derecho”.

Estas promesas, por cierto, las únicas que hacen referencia a Internet o telecomunicaciones, fueron acompañadas de acusaciones hacia las tres administraciones presidenciales anteriores de su corrupción y secuestro de instituciones públicas. Cualquier lector de estos dos documentos podría inferir que la falta de acción y crecimiento en temas como Internet y telecomunicaciones es culpa del poder ejecutivo de la nación. Asimismo, la llegada de un primer ejecutivo que tome las riendas del país y apunte a arreglar todos los errores pasados que ha identificado servirá para mejorar y democratizar la accesibilidad a servicios de telecomunicaciones por los segmentos con menor poder adquisitivo de la población.

Sin embargo, con más de la mitad de su mandato concluido, la administración del presidente Lopez Obrador no ha mostrado ser capaz de arreglar las falencias que tan fácilmente criticaba desde la oposición. Su acercamiento al mundo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ha estado plagado de errores y horrores. Desde el desmantelamiento de la Subsecretaria de Comunicaciones hasta el intento de intervenir en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y ante su fracaso, la empecinada no confirmación de tres comisionados. Mientras antes se acusaba a gobiernos anteriores de tener sus organismos de gobierno secuestrados, ante la incapacidad de controlar desde presidencia un ente autónomo con rango constitucional, en lugar de apoyarlo para que cumpla con su mandato legal se le restan recursos para entorpecer su labor.

Si el énfasis es promover Internet, la administración ha coleccionado errores. Quizás el más aberrante haya sido la publicación de su tardía “Estrategia Digital Nacional 2021-2024 (EDN),” un documento totalmente cantinflesco en el que se habla más de moral y ética que de una estrategia de conectar a los desconectados.

Tal vez por eso, al mirar la estrategia de conectividad de la presente administración presidencial de México la EDN pasa desapercibida y los recuerdos inmediatos trasladan a uno a los tiempos donde se hacia evidente que las ideas para promover Internet se derivaban de un desconocimiento e improvisación sin precedentes.

Desde un desconocimiento total en términos de la diferencia entre exigir cobertura geográfica versus cobertura poblacional de servicios minoristas hasta la ya abandonada idea de olvidarse de las tecnologías inalámbricas para ofrecer servicio y centrarse solo en el despliegue de fibra óptica. Tal vez las cuentas no cerraban y un acercamiento donde la estructura que se propone para ofrecer servicios a comunidades rurales parece haber adoptado un modelo de infraestructura híbrido que sería implementado por la CFE Internet para Todos y, según lo visto en los pasados días, por la red mayorista que también tiene rango constitucional para ofrecer estos servicios en la frecuencia de 700 MHz.

Curiosamente, el mensaje de la administración del presidente López Obrador sobre la red mayorista no sorprende a nadie pues desde hace meses ha equiparado las metas de cobertura de este proyecto de inversión público-privada con las metas de conectividad de su gobierno. Tácitamente se admite un fracaso de todas sus iniciativas y para rescatar algún tipo de logro se cobija en los requisitos contractuales que la administración del operador mayorista tiene que cumplir.

Fuera de los temas financieros o de capitalización de la empresa que se han visto en casi todos los medios mexicanos con secciones de negocios o finanzas, hay dos elementos muy importantes que se deben mencionar en relación de la red mayorista. El primero es que existe un mandato constitucional (transitorio decimo sexto) para que esta empresa exista y ofrezca servicio:

«El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad (…)

Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida (…)

Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida.«

Ergo, a la constitución no le importa quien controle la red compartida, sino que exista y ofrezca servicio. Si lo hace con un socio privado que invierte o la inversión la asume el gobierno es algo para una interesante discusión, lo importante es que se cumpla el mandato de la Carta Magna de la Nación. El segundo detalle, es que la ante la incapacidad de desarrollar una política pública propia para el sector de telecomunicaciones, el presidente López Obrador se apropia y hace suyo un proyecto ideado y surgido durante la administración de su predecesor, el presidente Enrique Peña Nieto. Ironías de la vida.

El problema, desde mi perspectiva, es que el gobierno sigue sin un objetivo concreto. Por un lado, se escucha desde presidencia que el 45% de los mexicanos no tiene una conexión decente de Internet y que por eso el objetivo del gobierno es ofrecer servicio gratis a entidades públicas como escuelas y hospitales.

Dudo mucho que haya muchas personas que se opongan a esto último, lo problemático es que los niveles de inversión que precisa una red mayorista como la que existe en México para completar su despliegue de LTE Pro y avanzar antes de 2028 hacia 5G se contabiliza en los miles de millones de dólares. ¿Cuál es el plan de sostenibilidad a largo plazo para poder continuar ofreciendo Internet gratuito a estas instituciones? ¿Aparte de la conexión a Internet, que dispositivos se estarán ofreciendo para que las personas en entidades públicas puedan beneficiarse del Internet? ¿Qué inversión se está pensando para capacitar a quienes no sepan utilizar las nuevas tecnologías? ¿Qué aplicaciones de salud y educación se estarán ofreciendo a las escuelas y hospitales? ¿Todos los esfuerzos estarán ofreciéndose también en lenguas indígenas?

Las interrogantes son muchas, todavía queda la sensación que la apropiación de la existencia de la red mayorista por la presente administración del presidente López Obrador es un parche insuficiente a más de tres años y medio sin política pública para las telecomunicaciones y las TIC. Solo espero que este regalo que se recibió de la administración del presidente Peña Nieto sí sirva para aminorar la brecha digital en el país. El único detalle es que para lograrlo se necesitarán miles de millones de dólares para cumplir con las metas de tener a todos los mexicanos con Internet.

A corto plazo primero queda ver quien le comunica al presidente López Obrador que el proyecto del que mediáticamente se ha apropiado, la red mayorista, fue engendrado en la administración del presidente Peña Nieto. En segundo lugar, ver quién le informa que esta red no es suficiente para ofrecer Internet a todos los mexicanos pues su mandato no le permite ofrecer servicios minoristas.

Esta condición le abre al gobierno dos posibilidades, que del sector privado surjan operadores móviles virtuales (OMV) dispuestos a dar servicios en zonas donde históricamente los operadores de telecomunicaciones tradicionales no han identificado el plan de negocio apropiado para generar en un tiempo razonable un retorno de inversión positivo. Difícil que esto ocurra a menos que haya disponibles subsidios públicos que viabilicen la entrada de los OMV a estas zonas.

La otra posibilidad es que el Estado desee ser juez y parte en el sector de telecomunicaciones y cree un operador nacional que utilice los servicios de la red mayorista para ofrecer estos servicios minoristas. Precisamente esta alternativa es la que ya existe desde mayo de 2020, siendo CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos el OMV del Estado. Ahora solo falta observar cómo se potencia este operador público y se comiencen a cumplir las promesas de campaña de brindar Internet a todos los mexicanos antes de que termine el sexenio del presidente López Obrador.

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