Durante las pasadas semanas se han escuchado llamados por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador a democratizar el Internet y llevar conectividad a ese 75% de México que carece del servicio. Como ejemplo del atraso que sufre el país en infraestructura de telecomunicaciones mencionó que apenas en el 3% del territorio de Oaxaca una persona puede conectarse por teléfono. Por último, se ejecutivo sugirió la creación de un ente estatal para la oferta de servicios de telecomunicaciones. Estas declaraciones son las más recientes hechas sobre un sector clave para el desarrollo de todos los segmentos productivos de la economía mexicana.
No obstante, lo anterior no significa que la política de la actual administración presidencial de México no haya esbozado su estrategia de desarrollo para las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Hasta el momento se han publicado en la Gaceta Parlamentaria del martes 30 de abril de 2019 (Año XXII, Número 5266-XVIII) dos documentos que ofrecen la visión del ejecutivo sobre los cambios que deben hacerse en México para impulsar el desarrollo del país. El primer documento es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 remitido por la Secretaría de Gobernación donde en referencia a las TIC se menciona en una sección titulada Cobertura de Internet para todo el país:
Mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza para la integración de zonas deprimidas a las actividades productivas.
Lo general de esta meta es explicada en más detalle en el Objetivo 3.7 del segundo documento remitido por la Secretaría de Gobernación, el Anexo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que estipula como misión del gobierno:
Objetivo 3.7 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.
Precisamente es el anexo el que brinda información estadística sobre la situación actual de México y lo objetivos del gobierno. Primero se señala que la plataforma tecnológica preferencial para alcanzar los objetivos es la inalámbrica. Se señala que para 2024 el 95% de los habitantes de México debería tener cobertura a algún tipo de servicio de banda ancha, un incremento de ocho puntos porcentuales del 87% registrado en 2018. Precisamente en 2018 el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con acceso a WiFi gratuito era de 33.2% y aunque el gobierno reconoce que debe incrementarse el porcentaje de localidades de bajo poder adquisitivo la meta porcentual para el 2024 no fue publicada.
Finalmente el anexo al Plan Nacional de Desarrollo estipula una serie de objetivos que serían alcanzables por medio del uso tecnologías inalámbricas:
- Impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión y telecomunicaciones en redes críticas y de alto desempeño.
- Promover el acceso a internet y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social.
- Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible y accesible en diversos campos de las telecomunicaciones y la radiodifusión a nivel nacional.
- Desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital, adecuándolas a las necesidades por sexo, edad y en los diferentes territorios.
- Promover la economía digital accesible para toda la población, atendiendo la brecha de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en comunidades marginadas y con presencia de población indígena y afromexicana.
A continuación se hará un breve repaso de la actualidad del sector de telecomunicaciones de México para entender el impacto de las sugerencias hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Primer Punto
El deseo de conectar a todos los habitantes de México no es una novedad. Las reformas constitucionales en vigor desde el 6 de noviembre de 2013 incluyeron el tercer párrafo del Artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Asimismo, los primeros dos artículos del Inciso B estipulan que toda administración presidencial tiene que divulgar cuales las metas de desarrollo del mundo digital y asegurarse de que toda la población pueda beneficiarse de su existencia:
B I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
B II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Por ende, lo anunciado por el Presidente de México no es un nuevo proyecto sino una obligación constitucional que tiene que cumplir de la mejor forma posible como primer ejecutivo del país. Así como la constitución habla de la creación de nuevas estrategias que beneficien a toda la población, el mandato del presidente hace necesario poseer información estadística actualiza relacionada al número de computadores en las escuelas, entidades públicas conectadas y disponibilidad de aplicaciones y/o software que incremente la eficiencia en labores de entidades gubernamentales.
Segundo Punto
La propuesta de crear un nuevo ente estatal de telecomunicaciones no es algo nuevo entre gobernantes de América Latina. En su momento, los gobiernos de Venezuela, por medio de CVG Telecom (ahora Telecom Venezuela), y de Argentina, por medio de Libre.ar, prometieron llevar acceso a toda la población de sus respectivos países. En el caso argentino la promesa nunca logró posicionarse más allá de la retórica y en el de Venezuela lo que finalmente fue creado es un espejismo de lo que fue prometido antes de su creación en 2004. En ambos casos, el costo de desplegar desde cero una nueva red de telecomunicaciones para ofrecer servicios minoristas se convirtió en una gran barrera para materializar la promesa del gran operador nacional creado, financiado y expandido por el estado.
En el caso de México, la situación es distinta a la de otros mercados latinoamericanos. Por ejemplo, la creación de la red compartida garantiza que al menos 92.2% de la población del país tenga cobertura inalámbrica de servicios de banda ancha a más tardar el 24 de enero de 2022. Por su parte el plan México Conectado (página web que no ha sido actualizada desde agosto de 2018) promete hacer llegar por tecnologías inalámbricas y cableadas servicio al 98% de la población, el otro 2% tendría cobertura vía satélite.
Adicionalmente, la cobertura de estas dos entidades junto al crecimiento en cobertura geográfica de 4G y 5G por parte de los tres operadores móviles que ofrecen servicios minoristas prácticamente garantizan alcanzar el 95% de cobertura poblacional autoimpuesto por el gobierno. Llegar al 95% de la población al 2024 lo que realmente promete es incrementar en menos de tres puntos porcentuales la cobertura que brindará la red mayorista. Esta meta no es un desafío y puede superarse fácilmente si las autoridades del país trabajan en conjunto con el sector privado para ofrecer incentivos que sirvan para extender cobertura en aquellas localidades que en estos momentos carecen de la misma.
Hay que entender que cobertura no es sinónimo de utilización de un servicio por lo que cualquier estrategia que busque incrementar el uso de servicios de banda ancha tiene que considerar la oferta de servicios de forma asequible por todos los quintiles económicos del país. Por otra parte, se debe ser bastante claro cuando se hable de cobertura pues la misma varía dependiendo de la plataforma tecnológica que se utilice. Por ejemplo, por vía satelital México ya cuenta con el 100% de su territorio con cobertura se distintos servicios que se ofrecen por medio de esta plataforma tecnológica pero como no hay disponibilidad de los mismos a través de una logística de puntos de venta por carecer de precios asequibles para servicios minoristas la sensación es que esta cobertura no existe.
No es una cuestión de si el sector privado o el sector público es quien debe ser operador de servicios de telecomunicaciones. Tiene que haber un acercamiento conjunto (público + privado) que permita utilizar los recursos disponibles de manera más eficiente. Sobre todo si hay desconocimiento de los costos relacionados a un proyecto de tal magnitud.
Tercer Punto
No deja de sorprender que muchos de los datos utilizados en el Plan Nacional de Desarrollo sean de la misma entidad, INEGI, que tuvo que cancelar catorce encuestas por reducción de fondos. O que según este mismo documento el 61% de los habitantes urbanos de Oaxaca sean usuarios a Internet y que en zonas rurales el número sea superior al 35% pues se había afirmado que solo el 3% de la población de este estado tiene acceso a servicios de telefonía.
Carecer de cifras actualizadas como las que se levantaban en las catorce encuestas suspendidas por el INEGI puede desviar la información de aquellas localidades más necesitadas, simplemente porque los datos utilizados están desactualizados. En el mundo de las telecomunicaciones en comparación con otras industrias los cambios son demasiado rápidos.
Conclusión
Si el objetivo principal de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que el 95% de la población utilice servicios de banda ancha, entramos en un tema que sobrepasa y no se limita al mundo de las telecomunicaciones. Asimismo, es un tema que sobrepasa el elemento de conectividad para entrar en el mundo de los contenidos y planteamientos como ¿para qué deseamos que se conecten? ¿Cómo se beneficiarán de Internet? ¿Es conectividad sin capacitación? ¿Hay plan sostenible a largo plazo que asegure la no interrupción de servicio en zonas rurales?
Como se observa hablar de conectividad es un tema complejo aun cuando se hace de forma general, sin entrar en subdivisiones de género, cultura u origen étnico. Lo importante para todos es que México progrese y las TIC se utilicen para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Para alcanzar este fin, el gobierno debería fortalecer las iniciativas ya existentes enfocadas en expandir cobertura y fomentar medidas que estimulen la adopción de servicios por parte de la población. Al final de cuentas es mandato constitucional hacerlo.
