Cada vez que hablo con personas de otros continentes, tarde o temprano termina la conversación en ese mundo inesperado de la literatura. Muchas veces se preguntan de donde puede salir tanta magia, tanta creatividad, tanta visión extraordinaria de la realidad. Mi respuesta es tan sencilla como macabra: de nuestra historia.
No hay que caminar mucho para encontrar gobernantes comprando nieve de Alaska para tirarla en alguna plaza del Caribe mientras al mismo tiempo se puede hallar otro cabalgando desde los Andes con su ejército en busca de un ataque a Prusia o incluso algún otro mandando a matar a jefes de estado extranjeros. La colección de surrealidades, en una región tan pasional, es extensa.
Quizás sea esta misma inclinación creativa la que haya llevado a más de una persona a vestirse de protagonista y, con un poco de tinta desparramada sobre el papel, se haya tomado la molestia de reescribir el derecho, eliminando en el proceso toda norma que lo incomode y creando otras que le faciliten controlar el poder. Por alguna extraña razón, hemos sido una región de la tierra donde hasta los peores dictadores han querido dormir tranquilos con la mentira de que todo lo deshecho ha sido bajo el manto de la ley.
¡Cuán real es Juan Vargas de San Pedro de los Saguaros! Quien haya visto “La ley de Herodes” difícilmente podrá olvidar al basurero vestido de alcalde revisando, modificando, borrando y creando las leyes que rigen su pueblo. Saliendo del cine para fisgonear nuevamente a la región, encontramos que la escena de la película no está muy lejos de la realidad. Todo parece señalar que para muchos cambiar de constitución parecía ser la receta apropiada cada vez que la normativa creaba algún malestar a las aspiraciones de quienes ostentaban el poder.
Pero muchos saben que la modernidad no llega sola y estar cambiando toda una Magna Carta es cada vez más un proceso totalmente engorroso, aburrido y seguro de garantizar nuevos enemigos de por vida. Es más práctico modificar un par de artículos y de esa manera aducir a la estética, la eficiencia o a la simple explicación de querer hacer las cosas más sencillas para todos. Sí, el todos más individualista que puedan imaginar.
El sector de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) no se ha librado de los mensajes constitucionalistas, otorgando en ocasiones a rango constitucional a instituciones que se desempeñan atendiendo segmentos de esta industria. Si fuese desconfiado diría que parte del propósito inicial de declarar ciertos órganos como constitucionales era para asegurar un nivel extra de complejidad al momento de hacerlos desaparecer o simplemente modificarlos. Obviamente esto es un desafío y ventaja para la institución creada. ¿Por qué?, simplemente porque todo es mejorable en esta vida.
Algunas de las cosas expuestas anteriormente son las que se encargaron de destruir el sentido de sorpresa cuando, hace poco menos de una semana, se presenta en México una propuesta de reforma constitucional para fusionar a tres de los órganos constitucionales autónomos que enumera la Constitución de México, según enmendada en 2013, y teniendo como consecuencia extinguir la autonomía y otros poderes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La reacción de la industria ha sido un torbellino que en su espejismo inicial parecía arrojar un consenso inicial en contra de lo expresado por el proponente del cambio. Así como el tiempo cura las borracheras, también apacigua los ánimos y distintas voces comenzaron a mencionar que tal o cual cosa no sonaban tan mal. Los más histéricos, desde mi humilde perspectiva, son los que en medio de elogios al IFT crean un listado de medias verdades enunciando todos los fallos que ha tenido el regulador mexicano.
Lo curioso de la propuesta, mal redactada y con contradicciones, por cierto, es que como alternativa al regulador mexicano presenta al modelo español vigente desde 2013: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ente que nace dentro de una controversia política que incluye llevar a Bruselas su legitimidad y que está supeditado al marco regulatorio de la Unión Europea. Aun teniendo la administración más débil y controlada por uno de los tres poderes constitucionales de España, la CNMC tiene la obligación de cumplir con los mandatos europeos garantizando de esta manera cierto nivel de armonización regulatoria y un módico de acción ante una industria siempre cambiante.
También llama la atención que simultáneamente el IFT sea considerado como uno de los principales órganos especializados en telecomunicaciones que a nivel mundial ha sabido posicionarse como referente internacional en políticas públicas de telecomunicaciones respaldadas por un órgano autónomo, colegiado e integrado por comisionados especialistas en temas de telecomunicaciones elegidos a partir de un proceso de selección abierto. Estoy esperando escuchar testimonios similares de la CNMC, órgano creado para atender necesidades especificas de España, no de México.
Tampoco quiero decir que el IFT sea perfecto, en el pasado han cometido errores y no todas sus decisiones puede que merezcan mi apoyo. Pero es algo normal en una entidad administrada por seres humanos – por el momento la inteligencia artificial cuenta con los prejuicios que le coloque el desarrollador así que esta alternativa aún no es factible. Uno de los elementos que no es de mi agrado y que se relaciona con el IFT es su examen para comisionado: ¿Por qué una parte subjetiva tiene valor? ¿Por qué no se publican las respuestas para incrementar la transparencia?
Mirando hacia horizontes más amables podría mencionar que entre los logros del IFT se encuentra posicionar a México en la vanguardia en temas de asignación de espectro radioeléctrico, siendo el primer país de la región en publicar un cronograma de asignación de espectro con el objetivo de acelerar e impulsar la llegada de 5G y otras tecnologías de banda ancha móvil avanzada al mercado.
Hay quienes pueden decir que tanto eso como los ahorros que derivan los usuarios por las modificaciones a esquemas de servicio no son atribuibles al IFT, sino a la reforma constitucional. Me atrevo a acordarles que la reforma constitucional en la parte de telecomunicaciones se limita a unos cuantos artículos y el transitorio 16to donde se estipula un marco jurídico para el sector. Las reglas del día a día (¿se acuerdan de las leyes secundarias?) las emite el regulador y son los empleados de esta institución quienes monitorean su cumplimiento. Dicho de otra forma, ¿quién es responsable de implementar la reforma para el sector de las TIC?
Si todo fuese tan fácil en la implementación y lo que dice el papel siempre se cumpliese a cabalidad entonces seguramente la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) seguiría existiendo pues nunca habría creado dudas de los logros traídos a los ciudadanos. Por mi parte, dudo que muchos de los logros debatidos habrían sido posibles sin la existencia de un marco institucional que promueva la transparencia regulatoria y certeza jurídica.
Una ruptura con la certeza jurídica existente en México podría impactar negativamente las contribuciones de la industria de las telecomunicaciones a la economía mexicana y, en el peor de los casos, frenaría la inversión para el despliegue de nuevas tecnologías. Es importante resaltar que en los pasados años ha ido incrementado su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las telecomunicaciones aportaron el 1,6% del PIB de 2013 y dicha contribución creció al 2,7% del PIB de 2019 (a valores constantes de 2013), gracias a una expansión del segmento de telecomunicaciones inalámbricas principalmente.
Explicado de otra forma, de entrar nuevamente en un debate de reforma constitucional, que no durará pocos meses, ningún actor del sector se comprometerá en hacer grandes inversiones para expandir o lanzar nuevos servicios pues no conoce cuales serán las reglas a las que estarán sometidos. Tan sólo basta mirar los niveles de inversión en el mercado de telecomunicaciones mexicano durante los meses de discusión de la reforma finalmente aprobada en 2013.
No hace falta explicar en detalle por qué cualquier freno en la inversión sería en detrimento de los presentes esfuerzos de promover la llegada de tecnologías como 5G, llevando a una lenta adopción del Internet de las Cosas. ¿Acaso olvidan que ambos elementos son esenciales para allanar el camino de la transformación digital en el país?
Reconozco que todos los entes reguladores están sujetos a mejoras, por medio de procesos que garanticen el fortalecimiento de las condiciones que brindan certidumbre jurídica. Emprender un cambio constitucional a menos de diez años de la última reforma, en lugar de buscar alternativas dentro del marco existente, podría sentar un mal precedente al fomentar cambios de rango constitucional cada vez que se identifique determinado aspecto de alguna de las entidades de gobierno de México capaz de ser enriquecido.
O como decimos en muchos lados de América Latina, esta película ya me la vi.
