La conversación sobre el estado de la tecnología en América Latina tiene como campo obligatorio la mención de ciertos mercados que nos muestran tanto casos de éxito, como también buenas intenciones que no han trasladado a la realidad la bondad de sus actos. Chile es uno de esos países que responde al primer grupo.
Siempre considerado como uno de los líderes latinoamericanos en tecnologías de información y comunicaciones (TIC), históricamente se ha ganado a pulso este reconocimiento al hospedar en su territorio a operadores líderes al momento de lanzar nuevas tecnologías, capturando en el sector móvil los primeros lugares de América Latina al momento de hablar de GSM, UMTS o LTE Avanzado.
La aclaración de América Latina no es adrede pues todas estas tecnologías aparecieron varios años antes a distintos mercados del Caribe antes de llegar al resto de la región. Pero este subestimado liderazgo es tema para otro día…
La posición innovadora de Chile en relación al resto de América Latina llevaba a los actores locales a mirar a Europa y Estados Unidos para ver que modelos podrían adaptarse al mercado nacional. En otras palabras, una actitud siempre enfocada en prever la demanda de los usuarios al atender el perfil de adopción temprana que caracteriza al usuario promedio local.
Así como históricamente Chile ha dado importantes lecciones en la adopción de nuevas tecnologías también lo ha hecho al momento de mostrar las consecuencias de políticas bien intencionadas, pero erradas al momento de fomentar mayor variedad de ofertas comerciales para los usuarios o simplemente acceso a nuevos servicios.
Quizás el fallo más importante de los últimos años ha sido la demora en la entrega de espectro radioeléctrico a operadores que contaban con los recursos financieros suficientes para desplegar una red móvil nacional. El retraso en la adjudicación de este insumo a los actores que finalmente desplegaron redes LTE sirvió para resaltar la importancia de que haya suficiente espectro disponible en un mercado para que nuevas tecnologías puedan ser lanzadas con un rendimiento apropiado.
No es casualidad que el tardío lanzamiento de LTE de Chile se haya dado luego del atraso en la entrega del insumo más importante para redes inalámbricas: espectro radioeléctrico. Historias similares se han visto en la región en mercados tan diversos como Argentina o El Salvador. En el caso argentino la demanda suprimida por más de una década de banda ancha móvil finalmente pudo ser atendida según los operadores comenzaban a explotar los bloques de espectro que habían obtenido en 2014.
El Salvador exhibe características similares a las de Argentina en la adopción de nuevas tecnologías: niveles de penetración móvil que lo ubica entre los líderes regionales en este renglón y un usuario muy interesado en utilizar aplicaciones y nuevos servicios. Aún con la implementación de técnicas para reutilizar espectro radioeléctrico otorgado originalmente para servicios de voz, lo que se puede rescatar es tan poco que las velocidades que puede ofrecer una tecnología como LTE en este mercado dista mucho de los 250 Mbps en velocidad pico que vemos en mercados como Chile o Perú.
Claro que todo depende del prisma con que se observe. Algunos preferirán el cuento con final feliz que promete un viaje a Walt Disney, sin importar que la travesía raye en lo simplista y predecible. Otros desean una fuerte dosis de realidad, aunque la misma los condene a ser protagonista de un cuento de los hermanos Grimm. Desde la universalidad de la penumbra se definen logros más acotados y necesidades más apremiantes.
El atraso en la llegada de nuevas tecnologías debido a la falta de espectro radioeléctrico tiene un lado poco afable. Se trata primordialmente de atrasar la inversión destinada al despliegue de infraestructura por mano de obra local. Asimismo, estamos hablando de inversiones en otros segmentos que van desde la publicidad hasta el alquiler de localidades para la ubicación de infraestructura. O sea, dinero que se entrega a los trabajadores nacionales incrementándoles de esta forma su poder adquisitivo e impacto positivo en la economía local.
Todo lo anterior sin olvidar que el gobierno también recibe dinero por medio de impuestos sobre ingresos, por la venta de productos y servicios. Supongamos que la inversión inicial para tener una red móvil nacional supere los US$ 500 millones, ahora piensen en los empleos directos e indirectos que se dejan de crear por atrasos artificiales relacionados a temas de política pública y que demoran el desembolso de ese dinero.
Tampoco debe verse a la entrega de espectro radioeléctrico como la gran panacea que curará todos los males que agobian a un pueblo. El ejemplo de Venezuela, que ha querido entregar en varias ocasiones espectro radioeléctrico a operadores móviles que no cuentan con la capacidad de dar mantenimiento continuo a su red establecida, obtener dispositivos que poder ofrecer a sus clientes y que no cuenta con dinero en moneda dura para comprar equipos de red y expandir su presencia en el país. Ante todos estos factores limitantes, ningún operador se inclinará a comprar este insumo. Sin garantía no puede crecer el sector.
Cuando un país latinoamericano decide por alguna razón demorar la entrega de insumos que permiten el desarrollo y crecimiento del sector de telecomunicaciones, sin darse cuenta está disparándose a su propio pie. Por un lado está señalando que es totalmente aceptable atrasar inversiones y dejar de percibir como producto ingresos por medio de diversos tipos de impuestos.
Por ejemplo, la demora de más de una década de Argentina en la entrega de espectro radioeléctrico debió costarle al erario público – en el mejor de los casos y siendo conservador – aproximadamente entre unos cinco a siete mil millones de dólares. Esto sin incluir el atraso en el uso de nuevas aplicaciones y nivel de innovación del mercado al momento de compararse con el resto de la región.
Existe un gran valor en la innovación tecnológica del país, los beneficios están reseñados hasta niveles de saturación con organizaciones en todo el mundo comentando con distintos tonos las mismas conclusiones: desarrollo social, desarrollo económico (ej., crecimiento PIB per cápita), transparencia política e inclusión, entre muchísimas otras ventajas.
Pero la innovación por sí sola no logra nada. No es baladí que el Foro Económico Mundial en su estudio sobre Competitividad Global 2014 – 2015 (el último donde aparece Puerto Rico) coloque a este territorio no incorporado de los Estados Unidos como una de las primeras veinte jurisdicciones de nivel global en términos de innovación tecnológica y en posiciones aún mejores en lo referente a la adopción de nuevas tecnologías por parte del sector privado.
Sin embargo, estos avances en innovación palidecen ante aquellos indicadores relacionados al gobierno que muestra el mismo estudio. El mayor problema de Puerto Rico, según el Foro Económico Mundial, es la ineficiencia y burocracia de su gobierno. Un gobierno que se posiciona entre los peores diez, de 144 economías consideradas en el informe, en lo relacionado a excesiva carga regulatoria, con altos tendencias a decisiones de gobierno hechas por favoritismo y, regresando al tema de la tecnología, con un gobierno reacio a la innovación tecnológica al ubicarse 100 de 144 – Panamá se ubica en el undécimo lugar en este mismo listado.
Menciono el caso de Puerto Rico para ilustrar los peligros que causa el desinterés por la adopción de nuevas tecnologías por el sector público. Entre las consecuencias se puede mencionar el no lograr estimar la importancia real de las TIC y por lo tanto no contar con una normativa moderna que contemple la necesidad que existe en mantener redes modernas, seguras y con un alto nivel de disponibilidad en casos de emergencia. Tuvo que aparecer un huracán que dejara al 97% de la isla sin electricidad para que los políticos locales – no bien vistos por el Foro Económico Mundial – se dieran cuenta del rol neurálgico que tienen las redes de telecomunicaciones en un país.
Mientras esto sucede, en Puerto Rico se escuchan anuncios rimbombantes sobre el uso del Internet de las Cosas (concepto bastante añejo, por cierto), la migración hacia un entorno inteligente de ciudad y, para no perder la costumbre, la digitalización de todos los procesos de gobierno. De concretarse, maravilloso y ojala funcione superando todas las expectativas iniciales.
Aunque es muy difícil creer en las bondades de todos estos proyectos cuando distintos segmentos de la sociedad civil ha solicitado ver los planes, obtener cifras actuales y proyectadas de todas las métricas relacionadas a las TIC puertorriqueñas y la respuesta ha sido silencio. El silencio crea dudas, no certeza.
El progreso tecnológico de América Latina depende de la labor de todos sus actores, el hecho de que uno de ellos logre innovar no implica beneficios inmediatos para todo el país si esta innovación no se expande para cubrir todos los sectores productivos que se pueden beneficiar de la misma.
Los gobiernos deben prestar más atención a las TIC y considerar su implementación para hacer muchos tramites más agiles, ahorrar dinero y mejorar el servicio que le ofrecen a su ciudadanos. Los gobiernos que ignoren los avances tecnológicos tarde o temprano se enfrentarán a una situación comprometida que les hará comprender de golpe los errores del pasado.
A final de cuentas, la innovación deja dinero en las arcas de gobierno y e impulsa la productividad. Si se tiene una infraestructura para el re-entrenamiento y re-educación de los trabajadores, no debería haber porque temerle a la tecnología. E aquí el problema latinoamericano, re-entrenamiento, re-educación y lograr subsanar los vacíos existentes en el campo laboral de cada nación.
Algo queda claro, la simple promesa de un político de izquierda, centro o derecha no es suficiente.
Referencias
Todas las imágenes de Pixabay.
El reporte del Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2014–2015
