El sector de telecomunicaciones ha sido sacudido varias veces durante las pasadas semanas por distintos anuncios. Algunos presentan escenarios hipotéticos de lo que puede pasar localmente si los sucesos que se observan en otros mercados de la región se trasladarán a México. Otros se han limitado a mostrar estadísticas que muestran distintos aspectos de la evolución y adopción de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) tanto a nivel nacional como estatal.
Personalmente ninguno de estos asuntos tan comunes en el entorno local me ha causado la menor preocupación. Lo que si me ha sorprendido ha sido enterarme que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha decidido suspender catorce encuestas debido a que el presupuesto recibido es 5000 millones de pesos menos al solicitado. Lo sorprendente es como la indignación no llega a ser mayor en un país que en los últimos tiempos ha dado tantos pasos positivos en lo referente a promover el crecimiento e innovación de las TIC.
Es muy sencillo entender cuál es la importancia que del INEGI en México, entidad creada el 25 de enero de 1983 y que se autodefine como “un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica [SNIEG], así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones”.
Sin embargo, la explicación que nos da el mismo INEGI omite gran parte de la relevancia de esta entidad y que solo comienza a ser entendida al remitirnos al inciso B del artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (según enmendada en 2016). Aquí se observa como “a responsabilidad de normar y coordinar [el SNIEG] estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia”.
Cabe recordar que de acuerdo a la Constitución los datos del SNIEG “serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley”.
En otras palabras, cualquier recorte presupuestario al INEGI tiene como consecuencia violentar a capacidad de esta entidad para cumplir su mandato constitucional como coordinador del SNIEG, por lo que se tiene que separar el presupuesto necesario para cumplir esta labor en detrimento de todas las otras responsabilidades de la entidad. En este sentido, información valiosa y esencial para la toma de decisiones de política pública no se recauda forzando a las entidades de gobierno a buscar alternativas de información en el sector privado lo que podría suponer costos más altos a los que tendría el INEGI. Se ahorran centavos pero se gastan dólares.
No debemos olvidar que nos encontramos en el preámbulo del lanzamiento de una nueva tecnología celular conocida comúnmente como 5G que tiene como objetivo llegar a soportar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, viabilizando de esta manera modelos de negocio basados en el Internet de las Cosas. En otras palabras, estamos en ese periodo de tiempo que precede a los esfuerzos de digitalizar todos los segmentos productivos de la economía. La famosa transformación digital que requiere que los seres humanos sean seres conectados.
Mi pregunta es cómo puede el Gobierno de México adoptar medidas para impulsar el uso de nuevas tecnologías si suspende su “Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares” o ENDUTIH. ¿Cómo puede establecer una estrategia dirigida a atender las necesidades de cada localidad si la información que se tiene de las mismas es obsoleta? ¿Quién necesita adiestramiento en uso de aplicaciones, quienes no saben usar un computador y quienes ni siquiera tienen acceso a uno?
Desafortunadamente mi preocupación no se limita a la eliminación temporal de ENDUTIH, pues como bien han dicho los expertos de consultoras tanto nacionales y regionales como globales, entre las que puedo mencionar a Frost & Sullivan, Ovum, The CIU, Select, Global Data y Telconomia, el Internet de las Cosas se utilizará para mejorar eficiencias y productividad a través de diferentes industrias.
Por lo tanto, tener información actualizada como la que brinda el “Censo Agropecuario” y la “Encuesta Nacional Agropecuaria” (ENA) podría servir para ver como la utilización de nuevas tecnologías podría mejorar la producción nacional, minimizando costos e incrementando la cantidad de alimentos producidos. Si el foco es la agricultura, ya se utilizan drones para monitorear grandes cultivos y de esta forma identificar la salud de las plantas, la humedad del aire y la presencia de insectos dañinos para los cultivos. Si el foco es la ganadería, existe tecnología que permite monitorear los signos vitales del ganado y establecer su localización. De esta manera se prevé que un animal enfermo contagie a todos los que le rodean.
La eliminación de la “Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares” (ENGASTO) junto a la “Encuesta Nacional de los Hogares” permitirían a distintas entidades poder planear el uso de dispositivos que hacen más eficiente el consumo de gas, electricidad o agua. Dispositivos que si fuesen utilizados por dependencias del gobierno le ahorrarían a este más de 5000 millones de pesos anualmente.
¿Acaso las políticas de inclusión digital no se beneficiarían de conocer cuáles son los hogares donde hay solo una persona criando a los niños? ¿Conocer cuántos de estos hogares no están conectados a Internet? ¿Determinar el ingreso promedio de estos hogares para ver cómo se pueden aprobar nuevas leyes dirigidas a mejorar las condiciones de vida de estas personas? ¿Cuán acertado será utilizar cifras de 2015 para llevar a cabo las metas de desarrollo digital que se determinen en 2020?
Lo que deseo decir es bastante sencillo. Todas las encuestas que han sido suspendidas brindan datos valiosísimos para quienes desean utilizar la tecnología para hacer transacciones más eficientes o simplemente desean mejorar la vida de las personas, incrementar la transparencia y hasta proteger los derechos de grupos marginados por la sociedad. La decisión de suprimir este gasto solo puede entenderse bajo un discurso que busca agradar al oído de quienes solo escuchan que el gobierno recorta gastos. El efecto real será bastante amargo pues culminará en la acumulación de un sinnúmero de gastos que superarán con creces el ahorro anunciado.
Lo anterior sin entrar en un dato bastante importante, sino se celebran encuestas que miden como la economía impacta diferentes segmentos de la sociedad entonces los ciudadanos no podrán tener información estadística del desempeño de las autoridades. ¿Cómo evaluar una administración sino se poseen las cifra que históricamente se han utilizado para saber el impacto que han tenido las decisiones del gobierno en la población? ¿Cómo establecer el próximo paso en un plan nacional de conectividad que sirva para minimizar las brechas digitales que surgen en el país?
Sólo queda preguntar: ¿realmente es un logro ahorrar 5000 millones de pesos si el costo es inmensamente mayor? ¿Cómo ayudar a la infancia sino se conocen las necesidades de los niños en distintas localidades?
Referencia
Imagen de Pixabay.