La industria de telecomunicaciones siempre ha enfrentado distintas dificultades, pero siempre el impacto potencial que tiene la entidad encargada de dictar la política pública del sector sirve para aliviar o empeorar la situación. Casi siempre, cuando se habla de puestos de política pública, estos son entregados como premio a quienes apoyaron durante la campaña. Pocos gobiernos son visionarios y colocan en los lugares neurálgicos personas preparadas en el tema para partir desde una base de conocimiento al momento de tomar decisiones.
El problema surge cuando se impone personas con gran conocimiento, pero sus consejos, sus propuestas y su visión son totalmente ignoradas. Aquí no es cuestión de ideología pues pocas personas independientemente de su tendencia política son capaces de soportar una situación donde su labor es sonreír ante las cámaras. El mejor ejemplo está muy cerca, tan sólo hay que mirar los altos niveles de rotación en puestos directivos de las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos.
El resultado de no escuchar ni consultar se observa en la publicación de ordenanzas contradictorias en su contenido o simplemente ilegales si se toma en consideración el marco normativo existente. Lo más curioso de todo es que en todos los países de América Latina donde se ha ido observando este fenómeno, las mismas entidades de gobierno encargadas de velar por el sector de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) cuentan con personal capacitado que inmediatamente habría identificado los errores en estos textos.
¿Por qué no se consulta? ¿Por qué no se maximiza la utilización de recursos propios? Si uno fuese mal pensando, ya estaría tratando de identificar las distintas facciones que existen en las entidades de gobierno para comenzar a analizar la dinámica de su comportamiento. De esta forma, es muchísimo más fácil complementar las responsabilidades de su cargo con la carga ideológica de sus acciones, la lealtad política que lleva y las diferencias a titulo personal que pueda tener frente a sus pares del gobierno.
Si lo llevamos al caso de México, que no es el único país intentando resucitar el manifiesto de André Breton en su política TIC, observamos que hay una gran expectativa por parte de sectores del gobierno que consideran que con una subasta de espectro radioeléctrico podrán cuadrar a corto plazo algunas de las finanzas que tantos dolores de cabeza están causando en estos momentos. No es lo mismo criticar cuando se es oposición que gobernar, lección que también ha dejado claro la última administración estadounidense.
Ahora, pensar que los operadores móviles de México van a desembolsar cientos de millones de dólares para lanzar inmediatamente 5G de forma masiva a corto plazo como resultado de un proceso que les requerirá pagar cifras excesivamente altas por bloques de espectro radioeléctrico se me hace un poco desatinado. Guste o no, México ha avanzado muchísimo en los últimos siete años en asignar espectro a los distintos operadores del mercado lo que se traduce en menor presión para hacerse de nuevos bloques para eliminar la congestión de las redes.
A que me refiero, simplemente que un fenómeno como el de Argentina en 2014, donde se pagaron cifras bastante altas por bloques de espectro, no puede repetirse en México porque la necesidad de los operadores no es igual. Esa Argentina dista mucho de la que tenemos en el presente, en ese momento los operadores móviles enfrentaban congestiones continuas en centros urbanos donde se cursaba altos volúmenes de tráfico. Tampoco contaban con el espectro necesario para hacer una migración hacia la 4G que ayudara a descongestionar las redes, utilizar de forma más eficiente el espectro radioeléctrico y como consecuencia ofrecer mejores servicios a los usuarios. En otras palabras, un nuevo proceso de subasta de espectro en Argentina no obtendría recaudos cercanos a los de 2014 debido a los activos con que cuenta cada operador de red del país. Esto sin contar la situación macroeconómica que impacta a esta nación sudamericana. Por otra parte, históricamente en México se veía puja por parte de los distintos operadores para ganar los bloques ofertados.
Ahora el mercado cuenta con solo dos operadores de red móvil dispuestos a participar en una subasta y un tercero que está regresando al gobierno las frecuencias en su poder porque las cargas impositivas anuales por uso de espectro (más bajas que las actuales) eran imposibles de cumplir si se quería mantener un negocio rentable. Traduciendo, digan adiós a la puja por los bloques de espectro que se estarán ofertando que, si no queda abandonada la subasta, el estado estaría obteniendo el precio base por cada bloque.
Luego se tiene que contabilizar el hecho de que parte del espectro que se piensa subastar esta parcialmente asignado, precisamente a los dos operadores móviles con red por lo que su interés no es el mismo que podría tener alguien sin espectro. Pero como el positivismo es lo último que se pierde, seguro alguien señalará los nombres de todas las empresas globales que han mostrado interés en entrar en el mercado para ofrecer. Sí, la misma historia que se escucha desde hace más de diez años sin que se materialice. Los nuevos competidores en el mundo móvil de México en el Siglo XXI han llegado comprando activos ya operando en el mercado, no creando una red desde cero sin clientes.
Algunos nombres históricos que deben repasarse incluyen a los operadores celulares del norte de México, Pegaso PCS, Unefón e Iusacell. Nadie ha entrado en el presente con el objetivo de construir una red móvil completamente desde cero para ofrecer servicios al usuario final. Pensar que un nuevo operador llegará al país para hacerlo es el mismo argumento que se viene presentando por casi todos los gobiernos de la región hace dos décadas. El resultado, ningún operador global ha aterrizado en la región a lanzar servicios móviles desde cero.
La otra alternativa sería que el operador mayorista decida entrar a obtener espectro y pagar los precios altos que pide el gobierno, arriesgando de esa forma su estabilidad financiera. Lo anterior teniendo en cuenta que con el espectro que posee actualmente puede muy bien comenzar a ofrecer servicios de 5G para los interesados. Una oferta comercial de 5G enfocada en servicio fijo de Internet de alta velocidad podría ser atractiva para empresas pequeñas que operan en las zonas rurales de México. Lo que se plantea no es un quiebre con algún paradigma sino la evolución de un modelo de negocios que ha sido probado en otros países, por eso tenemos redes de 5G para banda ancha fija en Uruguay, Surinam, Colombia y Trinidad & Tobago.
También los otros dos operadores de redes podrían hacer lo mismo. Resumiendo, quienes pensaron que con el espectro radioeléctrico tenían la gallinita de los huevos de oro pues al controlarlo controlaban los deseos y posibilidades de los distintos operadores del mercado de lanzar 5G están a punto de darse contra la pared. Tan solo hay que mirar a los que están haciendo los operadores móviles de Brasil ante el atraso del proceso de asignación de espectro radioeléctrico destinados para impulsar el despliegue y oferta de servicios 5G, utilizando la tecnología llamada ‘compartición dinámica de espectro’ (DSS por sus siglas en inglés) han reutilizado bloques de este activo que se utiliza para ofrecer servicios 4G para también ofrecer 5G. Considerar los avances tecnológicos es importante, sobre todo para aquellos gobiernos que apuntan a un esquema puramente recaudatorio sin tener en consideración el impacto que tienen los servicios de comunicaciones digitales en fomentar el bienestar de la población.
Claro que para un sano crecimiento de 5G se necesitaría una muy buena presencia en el mercado de teléfonos que puedan funcionar con esta tecnología, pero eso ya es una historia para otro día.
