El progreso de un país depende en gran manera de las capacidades que tienen las personas que son designadas para dirigirlo. Estas personas tienen que contar entre sus atributos conocimiento, compromiso y un arduo apego por la transparencia en todas sus decisiones.
Lástima que la historia latinoamericana si refleje un deseo de hermandad y gran similitud entre todas las naciones de la Patria Grande al momento de encontrarnos con nombramientos con responsabilidades y salarios que exceden las capacidades de administradores designados.
Si se mira al futuro es claro que el progreso de la región dependerá de la innovación de su infraestructura y la rapidez con que la educación pueda adaptarse a los cambios que paulatinamente imponen las nuevas tecnologías. Ante este panorama, es muy arriesgado para los distintos países de la región designar políticos de carrera a posiciones cruciales para el desarrollo de la infraestructura física y digital.
Si me limito al mundo digital, México es uno de los pioneros de la región al requerir conocimientos mínimos a los siete comisionados que constituyen el comité directivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ente responsable de regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión de este país. Como todos los entes de gobierno, el IFT ha tenido anuncios que han generado reacciones pasionales en algunas ocasiones y un rotundo silencio en otras.
Por motivo del segundo aniversario de su creación, fui invitado a escribir para la publicación oficial de este organismo – Gaceta IFT – una reflexión sobre cómo se observa desde el resto de América Latina la evolución del marco regulatorio mexicano (ver abajo). No paso juicio sobre la labor del IFT, eso le corresponde a personas más sabias e informadas que yo, simplemente señalo cosas que personalmente considero de mucho valor.
El IFT visto desde América Latina
Cualquier persona con interés en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) de América Latina comprende que México es un mercado referente para el resto de la región. En otras palabras, todo lo que sucede en este mercado a nivel de competencia y regulación es analizado minuciosamente por prensa, académicos, analistas y representantes de gobierno interesados en el desarrollo de este sector.
El mejor ejemplo sobre el interés que genera México a nivel latinoamericano se pudo observar durante el proceso de discusión de la reforma constitucional que reconfiguró el marco legal para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre los aspectos que han llamado la atención más allá de las fronteras mexicanas se pueden nombrar los requisitos en conocimiento que se le exige a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entidad encargada por velar por el sano desarrollo de las TIC en el país.
Otro aspecto del IFT que también ha sido contemplado con sumo interés en otros mercados de América Latina es su carácter de ente autónomo y con patrimonio propio, entre otras características. En una región donde los entes de regulación para el sector de telecomunicaciones son intervenidos directa o indirectamente por el gobierno de turno, la autonomía y solidez presupuestaria se convierten en elementos claves para fomentar la objetividad en las decisiones de sus integrantes.
En otras palabras, el IFT representa un quiebre en el paradigma tradicional de muchos mercados latinoamericanos donde los organismos responsables de regular el sector TIC no poseen la fortaleza necesaria, no cuentan con recursos suficientes para monitorear al sector y, en casos extremos, son premios políticos donde prima el beneficio de un partido político sobre la innovación tecnológica y desarrollo del país.
Desde mi perspectiva, hay dos aspectos del IFT que hay que resaltar. El primero es el proceso de apagón analógico que se está llevando a cabo en el país. Independientemente de las reservas que se puedan tener sobre cómo se ha desarrollado el proceso, hay un dato inalienable: los tiempos pautados se están cumpliendo. En este renglón, México se ha posicionado como el líder de América Latina en su transición a Televisión Digital Terrestre (TDT) y posiblemente termine el proceso una década antes que otros mercados de la región.
Otra área en la que el IFT ha estado trabajando con celeridad es en el cronograma para la adjudicación de espectro radioeléctrico para la oferta de servicios móviles a los distintos prestadores de este servicio en el país. De cumplirse el cronograma planteado, México pasaría de ser uno de los mercados más rezagados en la cantidad de espectro adjudicado a ser uno de los líderes de América Latina en este renglón.
No obstante, ni la adjudicación de espectro radioeléctrico ni el camino hacia la TDT estarán libres de desafíos. Muchos de estos obstáculos surgen como consecuencia de decisiones o situaciones que pueden no siempre depender del IFT. Queda ver cuál es la evolución al tema de definir el status legal de los contenidos audiovisuales que se transmiten por Internet, el impacto que puede tener en el mercado la debilidad del peso en procesos de subasta, y la acogida que tenga la red mayorista cuando finalmente comience a ofrecer servicios comerciales en el mercado.
Como se puede observar, desde una perspectiva enfocada en mejorar la actualidad regulatoria del sector TIC, el IFT es un referente necesario para ser estudiado por todos los interesados en el desarrollo de las TIC en América Latina.