El ser humano está acostumbrado a definir el mundo basándose en los elementos que lo rodean. Esto es algo totalmente normal. Es imposible pensar en las posibilidades que tiene un antílope de sobrevivir en un valle poblado de hienas y leones si la preocupación matutina es dónde conseguir el café que sirva de pócima levantamuertos antes de llegar al trabajo. Si pensamos que América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del planeta con más del 82% de su población viviendo en ciudades, se puede entender el gran desconocimiento que existe sobre el día a día de los habitantes de zonas rurales.

Asimismo, cada ciudad se va segmentando según los movimientos de cada poblador. Así Montevideo se multiplica más de un millón trescientas mil veces para otorgar a cada residente una interpretación basada en los barrios más frecuentados, las calles conocidas y las rutas que componen más del 90% de la estadía en la ciudad.

La construcción de la ciudad es un tema muy personal, tal vez por esta razón es que los pobladores de una misma urbe metropolitana no reconocen los beneficios y problemas que otros moradores del lugar pueden enfrentar. No es lo mismo disfrutar de servicios e infraestructura en Tepito que en Polanco como tampoco hay mucha similitud en la oferta de servicios de Siloé con la de Ciudad Jardín. La situación no se limita a estas localidades de Ciudad de México y Cali en Colombia, sino que se va replicando con similares caristias y beneficios a nivel regional. La mayor diferencia, aun dentro de la propia ciudad, es el acento de la localidad.

Cada ciudad es un microcosmos en el que cada barrio va construyendo su propia personalidad, esa distinción que lo separa de sus vecinos tanto en infraestructura como en sentimientos. Los sentimientos muchas veces se canalizan por medio de equipos deportivos que, como en los mejores tiempos del pan y circo romano, logran brindar alegrías y tristezas que nos alejan un poco de la realidad. De esta manera se van creando leyendas urbanas alrededor de equipos que llegan a simbolizar mucho más que un simple deporte para sus seguidores, no importa si se habla de la República Corinthiana, el rojo de Avellaneda o las águilas cibaeñas.

Sin embargo, dentro de la vorágine citadina hay grandes necesidades y sobre todo mucha pobreza. Si nos remontásemos a definiciones oficiales diríamos, tomando una posición magnánima como de funcionario importante, que según la Organización de Naciones Unidas la pobreza es “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios.”

Desafortunadamente esta definición no es suficiente pues también dentro de la pobreza hay diferentes niveles. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la pobreza extrema o indigencia “se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como ‘pobres extremos’ a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin.”

Si miramos de cerca la situación en América Latina y el Caribe nos encontramos que según CEPAL el 81% de los habitantes de la región viven en ciudades. La misma entidad nos menciona que para 2022 la región contaba con 201 millones de personas viviendo bajo niveles de pobreza, 86 millones de estos en condiciones de extrema pobreza. Ese mismo año, según cifras de S&P Global Market Intelligence apenas el 50,4% de los hogares de la región contaban con una conexión activa de servicio de banda ancha fija.

Otras cifras sobre la adopción de servicios de telecomunicaciones en la región muestran un panorama similar al de las conexiones de banda ancha fija. Por ejemplo, un estudio de la GSMA América Latina indica que apenas el 62% de la población regional (400 millones) contaba con servicio móvil, apenas un 7% de la población (40 millones) no contaba con cobertura de este servicio y un 31% de los habitantes de la región (190 millones) contaba con cobertura, pero enfrentaban barreras como el precio de los servicios para poder acceder a los mismos.

La revisión de las estadísticas nos deja muy en claro varias enseñanzas, el viejo acercamiento de las brechas digitales es erróneo y debe evolucionar. Un alto porcentaje de las personas que no acceden a servicios de telecomunicaciones viven en zonas urbanas que cuentan con múltiples proveedores de servicios y las tecnologías más avanzadas de los mercados.

Se debe desmantelar el mito de que la brecha digital es un fenómeno únicamente rural. La mayoría de los pobres que no acceden a servicios de telecomunicaciones de la región viven en zonas urbanas donde si hay cobertura de servicio por múltiples actores. Olvidémonos del “construye y vendrán”, en América Latina las brechas digitales están más asociadas a temas de pobreza, desempleo e inseguridad que a la disponibilidad de una red que ofrezca el servicio.

Al momento de configurar los planes de servicio universal, las iniciativas de subsidio para fomentar demanda o los incentivos de despliegue de infraestructura para incrementar cobertura es sumamente importante revisar las estadísticas para atender las zonas urbanas que muestran cifras de baja adopción de servicios. Aquí las necesidades de conectividad serán distintas al simple acceso al servicio, el elemento trascendental podría ser la educación. Mostrar a las personas el valor que les pueden generar las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). No se puede usar la misma receta para todas las localidades.

Este panorama regional se puede observar también en los distintos países de América Latina. Por ejemplo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) alrededor del 43,9% de la población (55,7 millones) de México vive bajo condiciones de pobreza, con unos 10,9 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Si se considera que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el 79% de los mexicanos viven en ciudades, claramente más de la mitad de los pobres del país residen en zonas urbanas.

Ahora consideremos que desde 2013 en México el acceso a Internet es un derecho humano. En otras palabras, así como se debe garantizar una vivienda digna, educación, comida, trabajo, libre expresión, libertad de culto, libertad de asociación y libertad de género, entre otros derechos, se debe asegurar el estado de crear las condiciones apropiadas para que haya una adopción masiva de servicios de Internet.

Si miramos el ejemplo de la provincia de San Luis en Argentina, pionera en considerar Internet como derecho humano, observamos iniciativas que buscan brindar incentivos impositivos a las personas para que puedan acceder a dispositivos con mayor facilidad. También hay planes que apuntan desde el incremento en cobertura hasta la capacitación de las personas.

La realidad mexicana es distinta. Desde una perspectiva impositiva donde casi 56 millones de personas viven bajo niveles de pobreza no existen incentivos impositivos para abaratar los costos de acceder a Internet. La Estrategia Digital Nacional es un elemento de ficción y pensar en la inclusión de la tecnología en servicios de salud, seguridad o educación es un sueño lejano.

Desgraciadamente, lo que observamos en México es simplemente un síntoma de algo mayor que adolece a la región. Esa preocupación por la forma y no el fondo. Primar que se aprueben documentos maravillosos que hablen de todo lo que se debe hacer para corregir los problemas de la sociedad y archivarlos una vez su valor propagandístico caduca. ¿Cuántos gobiernos de la región no han presumido aplicaciones de gobierno electrónico que nadie conoce? ¿Cuántos gobiernos locales han afirmado vivir en una de las principales ciudades inteligentes del mundo?

Es muy fácil hablar de conectividad desde un púlpito, mencionar la importancia de Internet, congratularse por considerar un derecho humano el acceso al ciberespacio y recalcar a la población que viven en un país pionero que apuesta a dar protagonismo a la innovación tecnológica. Luego, cuando el circulo mediático se apaga, se archivan los discursos y los ciudadanos de a pie, los de menos recursos, los más necesitados, siguen contemplando altos costos de acceso a estos servicios. El gobierno continúa encareciéndolos con su carga impositiva en la importación de celulares e infraestructura o en la tasa que pretende cobrar por el uso de espectro radioeléctrico.

Al menos en México, todo parece indicar que este modelo ha expirado y que la próxima subasta de espectro será un fracaso. Las ignoradas advertencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones se materializarán y, mientras los políticos identifican a quien culpar de sus falencias, serán los consumidores más pobres los más afectados.

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