La importancia de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para el desarrollo económico y social es reconocida mundialmente. Pocos tomadores de decisiones de política pública pueden afirmar que sin tecnología serán capaces de mejorar los servicios que ofrecen a los ciudadanos a quienes se comprometieron en servir. Una muestra de la relevancia de las TIC es el rol que juegan como elemento intrínseco para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Muchos de los líderes que tenemos no han leído en detalle el porqué se estipularon los ODS o cuáles son las 169 metas que estos encapsulan. Es precisamente en los detalles que se puede llegar a comprender cómo las tecnologías digitales ayudan a combatir el hambre, pueden servir para impulsar la equidad de género y reducir la pobreza. Esos son algunos de los objetivos más conocidos, pero las TIC también juegan un rol importante en la búsqueda y promoción de la paz, la creación de territorios sostenibles y mejorar la calidad de agua que consumimos.

No obstante, tanto para lograr los beneficios prometidos por la tecnología como para alcanzar las metas establecidas por el PNUD, es necesario la inversión de capital, cuyo origen tiene que ser mixto pues ningún gobierno por sí solo puede atender todas las necesidades de la población. En otras palabras, el sector privado juega un papel protagónico en el avance del cumplimiento de los ODS.

Ante este escenario, la pregunta esencial es: ¿qué precisa un mercado para fomentar la inversión? Independientemente de la complejidad que posee cada país, hay tres elementos que deben ser considerados al momento de analizar cómo se puede avanzar en la cobertura de redes de telecomunicaciones, en el lanzamiento de iniciativas educativas para capacitar la población y en la apropiación de la tecnología por los distintos actores del mercado para hacerlas más eficientes mientras abaratan costos de productos y servicios a la ciudadanía.

El primer punto para resolverse es la disponibilidad de datos. Así como los evangelistas de la inteligencia artificial han convertido en cliché la frase de que los datos son el nuevo petróleo, también es cierto que, en América Latina, México siendo la principal excepción, se vive en un entorno totalmente desolador gracias a la falta de información sobre temas demográficos, económicos, geográficos, financieros, y académicos, entre otros. Luego están los países, como Puerto Rico o Venezuela, donde los pocos datos que están disponibles tienen años o décadas de antigüedad o miden elementos que en la actualidad poco contribuyen a la toma de decisiones de las empresas.

¿Cómo esperar el establecimiento de grandes empresas de tecnología cuando no se tiene conocimiento pleno del estado de la infraestructura civil energética? ¿Cómo convencer a inversionistas de apostar por un mercado cuando lo único que se escucha son los constantes apagones de electricidad? ¿Cómo monitorear la potencia de radiación de las antenas cuando no se tiene conocimiento de su ubicación? La falta de datos tiene una consecuencia bastante sencilla, incrementa los costos de inversión para aquellos interesados en explorar nuevas oportunidades de negocio.

El segundo elemento clave al momento de pensar en la inversión es el marco regulatorio. ¿Cuáles son las reglas existentes en el mercado? Desafortunadamente, si miramos al mundo de las telecomunicaciones regionales vemos que hay países que cuentan con leyes que datan de varias décadas. Son sistemas normativos creados en un mundo analógico con el objetivo de intentar regular lo que era la llegada de nuevas tecnologías como el servicio móvil, el Internet o preparar el camino para la liberalización del entorno de telecomunicaciones local. Entre los países que caen en este grupo podría mencionarse Nicaragua, Honduras y muchas de los mercados anglófonos del Caribe como Jamaica. Esto sin considerar que Uruguay se presenta como ente anacrónico al reflejar datos de adopción tecnológica positivos a nivel regional, aunque carecen de una ley para regular su mercado de telecomunicaciones.

La importancia de un marco normativo moderno no puede desestimarse, en un mundo digital donde la adopción de servicios crece con cada día que pasa, el no amoldar las leyes a los avances tecnológicos puede crear frenos artificiales a estrategias que podrían impulsar el desarrollo económico. Un ejemplo clásico se puede observar en la asimetría en adopción de servicios de transferencia de dinero internacional en América Latina con lo que se vivió inicialmente en Kenia con M-Pesa y que luego ha sido expandido a otros nueve países africanos y asiáticos incluyendo Afganistán, Etiopía, Ghana y Mozambique.

El choque del mundo financiero con el mundo digital en una región donde el control de cambios parece estar en el ADN y las medidas contra el lavado de dinero no han detenido a empresas que cobran tasas porcentuales de dos dígitos a quienes envían remesas a sus países de origen. Soluciones a este tipo de contradicción ayudaría a millones de personas y aumentaría la llegada de moneda dura a la región.

El tercer eslabón para impulsar el crecimiento de la inversión en América Latina se relaciona directamente con la tenencia de un marco legal moderno. Aquí me refiero al respeto por las instituciones de gobierno y por las leyes que han sido aprobadas según lo establece las distintas constituciones nacionales de la región. Sin un respeto a las instituciones o a las leyes establecidas no existe la certidumbre necesaria para atraer la inversión. No basta con que se aprueben las leyes, lo importante es que se cumplan. ¿Cómo se le puede asegurar a las empresas de tecnología que un país recibe con las manos abiertas su inversión cuando no se terminan de designar los comisionados que requiere el ente de regulación para poder operar?

El problema principal que existe en la región es la falta de conocimiento sobre la importancia de las TIC por parte de quienes toman decisiones. Así como datos de Macro Consult indicaban que al 2021 en Perú el 32,3% de las personas que no usan Internet es por falta de conocimiento de los beneficios que este le puede otorgar, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe no entienden cómo la tecnología los puede ayudar a alcanzar las metas de las ODS. Para muchos es más sencillo afirmar que como el Internet fue declarado derecho humano o componente de la canasta básica nacional el dilema de la falta de conectividad ha sido aliviado.

Quizás algún día se den cuenta que el derecho a comer, estudiar, trabajar y tener vivienda digna también es un derecho humano y cifras de la Comisión Económica para América Latina nos alertan que una tercera parte de los latinoamericanos y caribeños (alrededor de 200 millones de personas) viven bajo niveles de pobreza y un 13% (alrededor de 85 millones) viven en pobreza extrema.

¿Cuándo llegará el día que dejaremos de darnos palmaditas en la espalda en un ejercicio fútil de autobombo por haber firmado una ley con letra muerta? ¿Cuándo comprenderemos que hay que invertir para salir de la pobreza y para que llegue la inversión hay que crear las condiciones necesarias para atraerla? ¿Cuándo dejaremos de culpar a los otros de nuestros problemas y comenzaremos activamente a tratar de arreglarlos?

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