La semana pasada tuve la fortuna de compartir en un foro organizado, entre otras entidades, por la Universidad de Puerto Rico, con el Comisionado Javier Juárez del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México. Su intervención fue una conferencia magistral que llamó la atención de todos los participantes, pues se centraba en mostrar el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) que ha desarrollado el IFT, una base de datos sin comparación en las Américas y según la Unión internacional de Telecomunicaciones, también en el resto del planeta.
Lo interesante de esta base de datos es que no solo cubre cientos de variables nacionales, sino que también se nutre de la información estadística que le suministran los 23 países miembros del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, mejor conocido como Regulatel. Sin embargo, fueron las reiteradas afirmaciones del Comisionado Juárez acerca de la necesidad de regular con evidencia, lo que más captó la atención de los asistentes a este evento. Se precisan estudios y datos concretos que sirvan para mostrar una mejor visión de la realidad para poder entenderla y de esta forma adoptar las medidas necesarias para corregir las falencias existentes.
Una vez concluido el foro celebrado en Puerto Rico, representantes de autoridades de otros países no podían dejar de mencionar su deseo de contar con una base de datos similar, con cifras históricas y actualizadas que sirva a los analistas, inversionistas, académicos, sector privado y otras entidades de gobierno, para tomar decisiones informadas. Coincidiendo con lo afirmado por el representante del IFT, tener información estadística de este tipo, ayudaría a los analistas y académicos a encarrilar sus investigaciones hacia aquellas áreas de las que no se conoce mucho pero que con algunos pocos datos de valor se puede ir avistando una luz que sea útil para entenderlas.
Cuando les mencioné que la información estadística que ofrece el IFT se complementa con las que acumulan otras entidades de gobierno como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se mostraron muy asombrados. Sobre todo, cuando resalté que aparte de las entidades de gobierno, también existen organizaciones de la sociedad civil como el Centro México Digital y consultoras especializadas que llevan años acumulando datos de consumo y otras áreas de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como The CIU, Select o IDC.
Contrastando con el buen trabajo del IFT en cuantificar el sector que regula nos encontramos con una realidad menos honrosa el 23 de febrero cuando el pleno de la entidad se ve forzada a modificar su estatuto orgánico para que con tres comisionados (de los siete que debería tener) se pueda alcanzar un quorum. El IFT lo intentó explicar de forma amable de la siguiente manera:
“En este sentido, con el fin de evitar la paralización del Instituto en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, se hace necesario ajustar el requisito de presencia física o virtual para que cuando menos tres Comisionados puedan comenzar una sesión de Pleno válidamente, así como para convocar a sesiones extraordinarias.
Dicha modificación se realiza como una solución obligada por las circunstancias para atender una situación contingente o transitoria, derivado de la falta de nombramientos de Comisionadas para que formen parte del Pleno del Instituto.”
La obligación creada por las “circunstancias” se refiere a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de cumplir con sus obligaciones y nombrar comisionados que reemplacen en el IFT a los que terminan su término. El IFT con esta decisión preventiva lo que afirma es que no espera que desde la Presidencia de la República se nombre un nuevo comisionado que reemplace al Comisionado Presidente Adolfo Cuevas teja quien termina su término el 28 de febrero.
El 1 de marzo de 2022 nos despertaremos con un IFT con apenas cuatro de los siete comisionados que debería tener por lo que parece ser un capricho del presidente López Obrador. Cuatro comisionados, todos hombres, pues las dos comisionadas que estaban en la lista de candidatas para ser nombradas por el ejecutivo aun siguen esperando a que esto suceda. Al parecer, la equidad e inclusión de género no son prioridad cuando se refiere a nombrar mujeres como comisionadas que ayuden a dirigir una de las entidades de gobierno de mayor importancia de México.
Simplemente es lamentable y dice mucho de la realidad que se vive desde una perspectiva de política pública para las TIC ver que un ente como el IFT tenga que modificar su estatuto para evitar una crisis de rango constitucional que no es de su creación.
No puede haber justificación para que un ente con rango constitucional tenga que interrumpir sus labores para tomar medidas que le permitan seguir operando ante la potencial negativa de un poder ejecutivo que se rehúsa a cumplir con sus obligaciones constitucionales, como lo estipula el Articulo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Claro que, viendo el vaso medio lleno, es una jugada maestra para continuar alargando su independencia ante un ejecutivo que ha intentado controlar sus acciones sin éxito alguno. Por el momento, esta batalla la gana el IFT.
Pero esta es una mirada a corto plazo. ¿Qué sucederá cuando se comiencen a cumplir los mandatos que requiere la ley y nuevamente el IFT tenga siete comisionados? ¿Se modificarán nuevamente los estatutos o se dejarán sin cambio arriesgando la posibilidad que una minoría de comisionados apruebe normas? No hay que confundirse, lo que ha hecho el IFT es una solución a corto plazo para evitar una crisis mayor, prácticamente se encontraban los comisionados con las manos atadas.
Por esta razón, queda en el aire saber ¿quién ganará la guerra esta guerra de poder por el control del ente autónomo constitucional creado para regular el sector de las telecomunicaciones? Mientras las opiniones oscilan entre un bando compuestos por comisionados con cada vez menos recursos y un ejecutivo que ha mostrado nulo entendimiento o interés en lo referente a las TIC.
La guerra continuará seguramente hasta el final del sexenio presidencial, con un costo oportunidad altísimo para el IFT por el tiempo perdido defendiéndose de ataques innecesarios. Lo cierto es que mientras esta disputa se da entre Los Pinos y la entidad de insurgentes Sur, los afectados por el daño colateral seguirán siendo los mexicanos, sobre todo los de sectores más vulnerables, aquellos con baja densidad poblacional y poco poder adquisitivo.
