El rol del gobierno debería ser promover el desarrollo económico y social del estado. Que así como incrementa la riqueza del país la distribución de la misma sea cada vez más justa. Así el estado podría atender aquellas áreas donde se puedan encontrar falencias al permitir que la mano invisible de Smith por medio del sector privado fueran los principales responsables de la economía.
No obstante, la historia nos ha enseñado que la ausencia de algún tipo de control (léase gobierno) ha sido protagonista de algunos importantes fracasos o al menos generador de grandes desigualdades que han obligado una corrección. Asimismo, un excesivo control por parte del estado nos rememora a los distintos sistemas autoritarios fallidos del siglo XX que parecen intentar resurgir en nuestro presente. Ante este escenario la lógica dicta que ni muy lejos, pero definitivamente ni tan cerca debe el gobierno involucrarse en el sano desarrollo de la economía.
La función del estado debería ser corregir aquellos fallos que no ha logrado cubrir el sector privado mientras se asegura que las ventajas del desarrollo son aprovechadas por todos los quintiles socioeconómicos del país.
Es por esta razón que existen planes de asistencia social, servicios públicos y hasta educación gratuita pues el estado tiene que asegurar que todo el país se encuentre progresando. Sobre todo en un mundo donde la digitalización parece imponerse en todos los aspectos de nuestra vida y la demanda por personal preparado para las nuevas profesiones técnicas que aparecen no está siendo atendida por los presentes niveles de graduados de instituciones de educación superior.
Como era de esperar el mundo de la política no ha queda exime de la incremental importancia que han cobrado los tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Cada vez es más común tropezarse con un plan de acción gubernamental que incorpora como parte neurálgica del desarrollo a la industria de telecomunicaciones. Palabras y frases como conectividad, banda ancha o Internet se han convertido en vernáculo mínimo de proyectos que apuntan a mejorar la adopción de nuevas tecnologías.
Es bajo este contexto que puede darse el caso de que llegue una administración a la presidencia de un país que esté tan desesperada en dejar un legado binario que no se le ocurra mejor idea que abolir los esfuerzos, que ya se han ido implementando, para recrearlos con un nuevo nombre.
La receta es harto conocida: se crea una nueva entidad jurídica que asume prácticamente los mismos objetivos que instituciones creadas en gobiernos anteriores que por medio de su desfinanciamiento son dejadas a su suerte y se lanza una campaña mediática totalmente moralista que apela a los sentimientos, evita dar datos concretos e ignora completamente todos los esfuerzos anteriores para eliminar ese mismo problema sin importar el resultado obtenido por los mismos. Lo importante es el legado para las nuevas generaciones.
Una herencia política que histriónicamente se presumirá por todos lados como algo novedoso que beneficiará a todos los ciudadanos del país. No hay que preocuparse por antiguos esfuerzos con estrategia definida, implementaciones concretas y un cronograma de instalaciones que se iba llevando a cabo. Cuando el individuo es prioridad sobre el colectivo la lógica sale por la ventana y cualquier sugerencia de continuar con el trabajo iniciado por otros podría ser considerada una injuria.
Un ejemplo de lo anterior parece ser el mediático proyecto mexicano llamado “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” anunciado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y surge como promesa de salvación para quienes añoran incorporarse al mundo de las conexiones digitales. La forma en que se ha diseñado el discurso oficial sobre el proyecto parece insinuar que el mismo representa el eslabón perdido que llevaría a México a la modernidad.
Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad y se comienza a leer el alcance de este proyecto lo que se puede sentir es un indignante sentimiento de burla. Se crea un espejismo de telecomunicaciones que reúne todas las condiciones para convertirse en un elefante blanco y dejar de existir el mismo momento en el que el subsidio gubernamental deje de fluir.
Estamos hablando de un ente que tiene como función principal ofrecer servicios minoristas sin contar con activos habilitados para este fin por lo que tendría que construirlos desde cero, que seguramente no puede ofrecer servicios en donde haya ya presencia de otros operadores limitando su alcance a menos del 8 por ciento (siendo dadivosos) de la población de México y que debido a las promesas que debe cumplir se reconoce como que nunca será autosuficiente.
Lo anterior sin abundar en un simple hecho: cualquier iniciativa gubernamental que tenga como finalidad conectar a los desconectados, que no integre en el proyecto cómo los marginados digitales de la población van a acceder a los dispositivos que les permita conectarse, está condenada al fracaso.
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se ha ideado como un elefante blanco digital que comete muchos errores, los dos principales son, en primer lugar, reducir la evolución hacia la transformación digital al simple acceso a Internet y, en segundo lugar, ser engendrado como proyecto de propaganda populista y no con fines de corregir las fallas del mercado. Para ese fin teníamos a un México Conectado que no sabemos si está en purgatorio o en el séptimo nivel del infierno de Dante.
