Una de las actividades que organizo como parte de mi interés en fomentar el diálogo sobre la industria de telecomunicaciones de los distintos mercados de América Latina es consultar periódicamente a los principales expertos de la región. Usualmente son charlas confidenciales en las que se diserta acerca de la realidad del mercado contrastando los datos presentados tanto por los gobiernos como aquella que proporcionan los distintos actores de la cadena de valor de un sector de creciente importancia en todos los aspectos de nuestro diario vivir.
Aparte de intercambiar experiencias, perspectivas y conocimiento, el objetivo de este ejercicio es identificar las acciones que merecen emularse, o al menos considerarse, en las distintas jurisdicciones de la región. También es inevitable conversar sobre los errores que se han cometido o de aquellas propuestas erradas que periódicamente aparecen dando la impresión de que su finalidad es imponer un freno al desarrollo tecnológico que a distintas velocidades se va materializando en los mercados latinoamericanos. Es tratar de hacer una radiografía para conocer lo bueno, lo malo y lo desesperante de las aspiraciones de la sociedad civil, los deseos de los gobiernos y las expectativas del sector privado.
La última de estas reuniones en la que se invitó a académicos, exministros, analistas y periodistas lo que lograba un consenso inmediato era una terrible aseveración: las telecomunicaciones no han sido y no son prioridad para los gobiernos de la región. La gran mayoría de las administraciones no comprenden la importancia que puede tener la tecnología en el desarrollo de todos los segmentos productivos de la economía y en la protección de los derechos humanos al incrementar la transparencia de todo tipo de transacciones, incluyendo elecciones a nivel nacional.
Los ejemplos que validan esta aseveración son demasiados, tal como se ha demostrado tras esperar unos seis meses para nombrar a la persona que dirigirá el ente encargado de velar por el sector de telecomunicaciones como ha ocurrido en Puerto Rico. En otros lados, se asignan “a dedo” personas sin ningún tipo de experiencia en el mundo digital como premio por el apoyo político partidista otorgado al candidato que ahora ostenta la dirección de la rama ejecutiva del país.
Mientras, aunque menos común, se utiliza como plataforma política para aspirar a puestos políticos de mayor prestigio e importancia como senador, vicepresidente y presidente. Son muy pocos los gobiernos a nivel regional que han buscado personas con experiencia en tecnologías de información y comunicaciones (TIC) con el objetivo de llenar los cupos vacíos de las entidades responsables de la regulación y/o política pública en estos temas siendo Brasil, Costa Rica, México y Colombia algunos de los ejemplos más conocidos a nivel internacional.
Las TIC son, en este contexto, para muchas administraciones una incógnita que se hace visible para mostrar su valor durante desastres naturales o su presencia mediática durante la promoción de un nuevo servicio. Tradicionalmente se visualiza desde una visión ser humano a dispositivo que, aunque sea cierta, oscurece la posibilidad existente de utilizar las TIC como una herramienta que va más allá del individuo.
Las consecuencias son varias, desde un vacío regulatorio en el que no se crea un marco legal que sirva para imponer parámetros en el uso de la tecnología como herramienta para incrementar la productividad en los distintos segmentos verticales de la economía; hasta la carencia de una estrategia definida en el uso transversal de la tecnología en las distintas dependencias gubernamentales.
En otras palabras, utilizando un término más conocido, la falta de relevancia que se le otorga a la tecnología por parte de los gobiernos sólo atrasa la creación e implementación de una estrategia nacional de transformación digital. Desgraciadamente no se puede ser iluso y pensar que este cambio de paradigma se dará en el resto de América Latina sin ningún tipo de problemas. Todo lo contrario, estamos hablando de integrar todas las instituciones gubernamentales y a todo el sector privado de forma digital.
¿Cuánta esperanza podemos tener de desarrollar una estrategia de transformación digital si nunca se ha podido implementar exitosamente una agenda digital nacional de largo plazo en la región? ¿Realmente queremos digitalizar los procesos sin digitalizar también a las personas? ¿Terminaremos exacerbando las numerosas brechas digitales con una política de modernización tecnológica centrada en el segmento de mayor poder adquisitivo de la población, las pymes con mayor estabilidad económica y las empresas transnacionales?
No obstante, en mercados donde las TIC han tomado una importancia creciente el acercamiento de las autoridades de gobierno ha sido distinto. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil en asociación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) apoyó una investigación que permitiese la creación de un Plan de Acción Nacional sobre Internet de las Cosas (IOT), siendo los resultados publicados en 2017.
Según los resultados de este estudio, Brasil tiene por delante tres grandes desafíos que podrían enfrentarse de mejor manera con la implementación de soluciones IOT que permitan al país:
- Aumentar su productividad para que los distintos sectores de la economía sean competitivos a nivel global;
- Expandir el acceso y calidad de servicios críticos para de esta forma mejorar la calidad de vida de la población;
- Enfrentar los cambios de perfil y responsabilidades de los empleados para facilitar la entrada a un mundo laboral de relacionamientos globalizados.
Uno de los resultados de esta iniciativa ha sido la aprobación en julio de 2020 del llamado Plan Nacional de Internet de las Cosas que entre otras cosas crea la “Cámara de IoT” de Brasil con la participación del MCTIC y representantes de las carteras de salud, economía, agricultura y desarrollo regional. El objetivo final es fomentar el desarrollo de IOT para incrementar la eficiencia de procesos y productividad en cuatro renglones: salud, desarrollo de ciudades, desarrollo rural e industrias. Dicho de forma más directa, se está creando un ente transversal que coordine la digitalización de la economía de Brasil desde sus diferentes aristas. Como dirían los servidores públicos en momento de elecciones: se ha creado una estrategia inicial de transformación digital para intentar traer al presente el país del mañana.
Brasil se une de esta forma a Colombia en el esfuerzo de coordinar de manera transversal la transformación digital de su economía. En el país andino el liderazgo lo lleva el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) por medio de la Dirección de Transformación Digital creado en 2017 como dependencia del Viceministerio de Economía Digital para coordinar el uso y adopción de tecnologías en los sectores considerados estratégicos de la economía, por ejemplo, “educación, salud, agropecuario, justicia, transporte, financiero y turismo, entre otros”.
El esfuerzo colombiano también incluye la publicación del Documento 3975 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), titulado “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial” que define las acciones relacionadas en torno a estos dos temas a ser abordadas de manera transversal por dependencias del gobierno colombiano incluyendo al Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el MINTIC, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otras. Resumiendo: hay una hoja de ruta que reconoce las necesidades y sugiere soluciones dentro de un tiempo predeterminado de tiempo.
Regresando a los comentarios que escuchaba provenientes de los especialistas, todo indica que seguiremos caminando lentamente hacia ese mundo de desigualdades y paradojas que ya conocemos. Contrastando con lo visto en Brasil y Colombia, en los pasados meses han resurgido numerosas señales impulsando una idea de imposibilidad de un giro temprano hacia una temprana transformación digital latinoamericana. Esta sombra se observa en los intentos de reducir la autonomía de los entes de regulación, en la existencia de marcos regulatorios obsoletos y en la misma situación financiera de muchos de los protagonistas de la industria de telecomunicaciones.
Si tenemos gobernantes que muestran incompetencia al momento de lidiar con una pandemia, imagínenlos como los grandes ejecutores de los proyectos que nos llevarán a integrar cada vez más las tecnologías a nuestras vidas. Imposible, prefiero recordar que nunca fueron ellos quienes lideraron la evolución tecnológica de la región, aunque haya sido externalidad positiva de las ventas de activos en el pasado. Desde mi perspectiva, mientras no molesten ni obstaculicen, la inevitable transformación digital ya es ganancia.
