El sector de telecomunicaciones mexicano ha tenido durante el último mes como uno de sus principales temas de discusión la propuesta para modificar la ley de derechos. El objetivo de esta medida es incrementar la recaudación que recibe el gobierno por parte de los operadores de servicios móviles a raíz de la utilización de espectro radioeléctrico.
Como era de esperar, esta iniciativa de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado lo que pocas veces sucede en la industria de telecomunicaciones: unir a todas las principales voces mediáticas del sector en contra de este proyecto. Entre las explicaciones de esta negativa encontramos argumentos que se centran en el precedente dañino que se estaría imponiendo hasta la violación a la ley de derechos que implica la decisión del gobierno. En fin, esta medida dirigida a incrementar las arcas del gobierno no ha sido vista con buenos ojos.
Mientras los gobiernos alrededor del mundo están dejando atrás los procesos recaudatorios de asignación de espectro para enfocarse en el despliegue de infraestructura en aquellas zonas que aun no cuentan con algún tipo de cobertura, en México la mirada es hacia el pasado. Ese momento histórico en el que no se comprendía el impacto positivo de la tecnología en la economía, deja a un lado una estrategia de crecimiento a largo plazo para pagar las deudas del momento. El daño colateral es afianzar aún más las diferencias en utilización de tecnologías por segmentos de la población, entidades de gobierno y pequeñas empresas según su ubicación geográfica.
Ante esta realidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emite un estudio en el que explica como las medidas propuestas por el gobierno realmente implican un incremento en al menos 60% el precio que se cobraría por espectro radioeléctrico en México en relación con otros cuarenta mercados. En otras palabras, los datos provistos por el gobierno (que no identificaban los mercados utilizados para su comparación) estaban errados.
Como era de esperar la reacción a la publicación del IFT fue positiva, el ente regulador había demostrado una vez más su independencia y entregado a la población datos que justificaban su posición. Sin lugar a duda un acto que ojalá fuese posible de emular en más de un mercado latinoamericano, pues desgraciadamente la autonomía es una cualidad muy escasa en la región.
Sin embargo, una vez decidimos olvidarnos de los formalismos y dejamos a un lado ese incómodo detalle centrado en quién tiene la razón nos encontramos con un gobierno que necesita incrementar sus recaudaciones. Ante esta realidad el mercado de telecomunicaciones queda en un segundo plano y las palabras tanto de la industria como del ente regulador llegan a importar poco. Hay que cuadrar el presupuesto y aparentemente los valores pagados por concesiones de espectro radioeléctrico en otros países convierten a las frecuencias identificadas por el IFT a ser asignadas en los próximos años como la mina de oro que tan desesperadamente necesitaba el gobierno.
La mala noticia, si es que nadie les ha avisado a las autoridades, es que el gran incremento en espectro asignado para servicios móviles que se ha visto en México en los pasados años hace que no haya una urgencia por parte de los operadores en obtener nuevas concesiones. Sobre todo, cuando en casos extremos podrían recurrir a comprar capacidad de un operador mayorista cuya existencia tiene rango constitucional.
El problema es que, si los operadores móviles a los que le interesa obtener espectro para ofrecer servicios móviles deciden abstenerse de participar en cualquier proceso de asignación de este activo, el gobierno continuará sus esfuerzos por incrementar su recaudación. ¿Se imaginan lo que pasaría en el mercado si al gobierno se le ocurriera comenzar a contemplar otros servicios que dependen de espectro radioeléctrico para intentar cuadrar el presupuesto?
Si se observa el precio por MHz que pagan los operadores de servicio móviles en México con el que pagan los operadores satelitales, la relación es de 37 a 1 para ofrecer el mismo servicio. Por ejemplo, en la banda de 3,5 GHz tanto los operadores móviles como los satelitales ofrecen servicio fijo pero el pago por MHz por este espectro es treinta y siete veces más alto para los móviles. O sea, por cada peso que pagan los operadores satelitales por un MHz de espectro, los operadores móviles pagan 37 pesos.
Obviamente son mercados distintos con estructura de costos diferentes, pero si a los operadores móviles se les ocurre argumentar que algunas flotas satelitales ofrecen servicio móvil, ¿cómo evitar que el gobierno les decida incrementar el monto a pagar por el espectro utilizado?
Si pensamos que la cantidad de espectro asignado a todos los operadores móviles de México no alcanza los 600 MHz mientras que el asignado a las flotas satelitales supera los 17 mil MHz, cualquier cambio brusco en la recaudación tendría un impacto enorme en los costos operativos del sector satelital. Por suerte, esta industria por ahora no ha manifestado interés en entrar al mercado masivo celular por lo que un incremento en el precio a pagar por MHz no tiene justificación.
De cambiar su acercamiento al mercado, en una administración hambrienta por efectivo y con poco interés en la transformación digital, podría significar una sentencia de muerte para los operadores satelitales al ser obligados a pagar lo mismo que pagan los operadores móviles. La otra alternativa, poco probable, sería un respiro para los operadores móviles que ven su precio equiparado con el de los operadores satelitales.
Lo que queda claro es que ante el hambre cualquier sorpresa es posible y la administración del Presidente Lopez Obrador tiene bastante hambre de efectivo mientras que, casualmente, las telecomunicaciones inalámbricas resultan un plato suculento.
