El panorama de las telecomunicaciones en América Latina está mutando a pasos agigantados. Lo sorprendente es que estos cambios se están dando de manera silenciosa. Mientras la atención de casi todas las miradas se enfoca en las diferencias que pueden darse en el mundo del consumo, es en el sector corporativo, en los marcos legales y en el diseño del ecosistema de redes de transporte donde ya se pueden identificar el nuevo acercamiento al negocio de transportar datos.

Mientras esto ocurre, el sector se ensordece con reclamos tan fuertes como irreales. Toda nueva tecnología se presenta como profecía cumplida. Lo inspirador no es su desempeño sino su llegada, un arribo celebrado con aporías de supervivencia. ¿Cómo ha sido posible sobrevivir antes de la disrupción tecnológica que brinda el juguete de turno? Son juguetes volubles, con infinidad de caras y formas, pero siempre dando razón al discurso apocalíptico de que siempre estamos atrasados.

Uno de los cambios silentes a los que me refiero ocurre sin grandes vítores ni celebraciones. Lejos del mercado importante, el de los votantes, su beneficio se otorga de forma indirecta.  Así es que se van contemplando el drástico incremento en el despliegue de fibra óptica, no tan solo para conectar hogares a velocidades superiores del 1 Gbps, sino aquellas que van destinadas a soportar el crecimiento de estas velocidades de conexión en todas las geografías de un país. Por ejemplo, los despliegues de fibra óptica que ya dejan de ser exclusivos de las capitales regionales para comenzar a conectar aquellas ciudades de menor tamaño poblacional desde Xalapa en México o Bucaramanga en Colombia hasta Salto en Uruguay o San Pedro de Macorís en República Dominicana.

Sin embargo, el incremento en densidad de infraestructura está llevando a los gobiernos de la región a incrementar la conectividad terrestre en áreas anteriormente no contempladas. Por ejemplo, Brasil ha tendido alrededor de 12000 Km de fibra óptica fluvial en los ríos de la selva del Amazonas. Un sistema de conectividad que le permite a Brasil poder ofrecer servicios de capacidad a vecinos amazónicos como Bolivia y Colombia.

Asimismo, regiones históricamente remotamente olvidadas como las Guayanas al norte de Sudamérica han colaborado para lograr la construcción del Sistema de Cable Submarino Guyana – Surinam (SGSCS) y el compromiso por parte de operadores privados de colocar un segundo cable de óptica submarina emulando la cobertura del SGSCS, pero agregando a Guayana Francesa y Trinidad & Tobago al recorrido de este cable.

Este crecimiento en la fibra para transporte internacional de datos va acompañado de un crecimiento en fibra óptica para la conectividad del hogar que se observa en la región. De esta forma, el caso de Brasil en su búsqueda de una mayor cantidad de hogares conectados se replica en todas las jurisdicciones de la región con países como Curazao, Uruguay o Barbados, con una capilaridad de fibra óptica que supera el 85% de los hogares. Sin embargo, estos tres países al igual que las Guayanas o Paraguay también sufren de un mal que impacta negativamente la oferta de servicio a nivel local, las pocas salidas internacionales para su tráfico de datos.

El incremento en la cantidad de fibra óptica, que nadie contrasta con el incremento en capacidad satelital, va acompañado de forma más pausada con un interés de la gran mayoría de los países de la región en incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico que pueda ser utilizado para ofrecer servicios móviles. Desde Guatemala a Ecuador o de Trinidad & Tobago a Jamaica, los gobiernos entienden la urgencia de incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico que se le entrega a los operadores móviles para que ofrezcan servicio.

El problema no es la voluntad de los países en entregar este insumo, sino la cantidad de dinero que algunos gobiernos pretenden cobrar por el mismo. Así, nos topamos con México, país que presume de haberle dado rango constitucional al Internet al declararlo un derecho humano pero que cobra el insumo para ofrecer este servicio a precios de material radioactivo. Aunque los problemas de México a niveles de conectividad para los más vulnerables supera el tema del espectro, al país azteca le duele carecer de una estrategia digital nacional seria, con metas cuantificables y una hoja de ruta transparente. En su lugar se tienen que conformar con un panfleto aspiracional que evoca la lectura de los signos zodiacales por Walter Mercado. 

Esto no quita que todo el buen trabajo que ha logrado hacer el regulador mexicano en temas de administración de espectro radioeléctrico, que se pierde cuando se imponen costos de uso que han llevado a varios operadores a regresar las concesiones obtenidas en procesos de subasta pasados. Así se da la dicotomía de ver cómo las autoridades del IFT reconocen que 5G debe ser uno de los temas de la agenda pública de cualquier país, mientras que las de hacienda le colocan al espectro radioeléctrico un precio que cancela el interés de muchos interesados en obtener este insumo para poder lanzar servicios. Hasta podría decirse que la próxima subasta en México como mucho atraería a dos postores, dejando varios bloques desiertos y garantizando el precio base como recaudación.

Mientras esta discusión ocurre en foros de la industria o en consultas públicas que parecen repetirse infinidad de veces, más allá de las redes terrestres vemos que los pronósticos de crecimiento de tráfico impulsan un incremento en la cantidad de kilómetros de cables submarinos de fibra óptica que rodean a la región y de transpondedores que van orbitando al planeta tierra con satélites de todo tipo, siendo los más recientes los de baja órbita con planes de negocio que van desde la oferta de servicios minoristas a los usuarios que puedan pagar un módem por alrededor de US$ 500 y una mensualidad de US$ 99 (sin IVA), hasta servicios a las fuerzas militares de los distintos países de la región, tal y como ya vienen haciéndolo hace meses en Ucrania.

La llegada de estos nuevos operadores indudablemente tendrá un impacto en la oferta regional, obligando a más de un operador a invertir en tecnologías más avanzadas que les permita competir en zonas rurales contra la nueva oferta de banda ancha satelital. Lo que no se puede explicar es el cacareo de funcionarios jurando y prometiendo que con la nueva oferta satelital se reducirán las brechas digitales.

Como se observa, existe una obsesión regional enfocada en incrementar la capacidad existente en el transporte de datos. Poder tener en el terreno o en el espacio todo lo necesario para soportar la llegada y expansión de las redes de 5G que prometen acercar a América Latina y el Caribe, a ese mundo conectado que tanto se ha soñado. Es tan necesaria esta nueva generación móvil que ya se ha convertido en tema de Estado con mandatos, programas y hasta órdenes para que esto ocurra.

Ojalá la fuerza que se escucha de esos pedidos de 5G la tuviesen las instituciones gubernamentales de la región. Sobre todo, para evitar las medidas discrecionales que pudiesen imponer los gobiernos, simplemente porque es muy difícil fomentar la inversión cuando no hay claridad jurídica o el gobierno parece mantenerse en un constante caos. Los recambios constantes de funcionarios impiden la implementación a largo plazo de planes de desarrollo, especialmente en sectores transversales como el de las TIC.

Otro tema que parece caer en el olvido de los gobernantes es el de los dispositivos que serán utilizados tanto por los usuarios como por las empresas, no aparece en la gran mayoría de las discusiones. Hay que comprender al teléfono celular como generador de brechas digitales 2,0 o 3,0 dependiendo de la generación del terminal. La complejidad de los teléfonos inteligentes parece no haber sido contemplada por los gobernantes regionales. Temas como las generaciones de teléfonos que tiene la base de subscriptores debería ser un elemento por considerar al momento de lanzar aplicaciones de gobierno electrónico que apunte a beneficiar a los más necesitados. Es el ácido chiste de ir a un restaurante con un Nokia 1110 y encontrarse que el menú de la mesa está en código QR.

Si el tema de dispositivos se centra en el Internet de las Cosas, las charlas de expertos parecerían indicar que sino es con 5G estos dispositivos no podrían utilizarse para digitalizar procesos y hacerlos más eficientes. Si el tema es el usuario, los oradores se olvidan de la escasez de microprocesadores, el poder adquisitivo regional o la cobertura real para servicio móvil de las 28 redes comerciales de 5G que para marzo de 2023 “existían” en la región.

Nada de lo anterior es nuevo. La memoria nos hace ver demasiados paralelismos entre la llegada y despegue de 5G con lo sucedido hace veinte años con 3G. Demoras en dispositivos, secuelas inesperadas de procesos de asignación de espectro recaudatorios, promesas imposibles de cumplir y un modelo de negocios de operador móvil virtual inicialmente envilecido, que luego se contemplaba como salvador de los operadores de red – similar a lo que se escucha de redes privadas en algunas charlas del sector.

Al final, 5G llegará y como en las generaciones anteriores, la población eventualmente terminará utilizando la tecnología. Llegará de forma asimétrica, cubriendo mercados como Chile, Puerto Rico o Brasil mucho antes que Ecuador, Nicaragua o Haití.

La razón es muy sencilla, la capacidad de inversión. Según cifras del CAF la inversión en telecomunicaciones en América Latina y el Caribe se ha estancado durante los pasados cinco años, mientras en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha triplicado. Esquemas como el utilizado por Brasil en su última subasta de espectro pueden servir para incentivar la inversión regional, aunque habría que ver cuán viable es en otros mercados de la región. Por su parte Chile estableció requisitos de despliegue para fomentar la inversión y por medio de iniciativas como Campus 5G ha intentado incrementar el ecosistema 5G local.

Puerto Rico seguirá como en casi toda su historia, beneficiándose de los programas de telecomunicaciones que se generan en Washington DC ante la dejadez gubernamental para impulsar el sector con una agenda definida de conectividad creada localmente. No obstante, la inyección de unos US$ 2500 millones para la modernización de servicios de banda ancha a velocidades de 100 Mbps UL / 20 Mbps DL, servirá para fomentar las oportunidades de emprendimiento local, mejorar el posicionamiento de las empresas privadas y dar un espaldarazo a los esfuerzos de distintas entidades privadas que desean convertir a la isla en un centro de innovación tecnológica en las Américas. Puerto Rico cuenta con casi todos los elementos para lograrlo, excepto una clara voluntad del gobierno insular, detalle suficiente para echar todo a perder.

La pregunta pendiente es si llegará 5G con acompañada de todas las promesas que la convertirían en tecnología paradigmática. Un 5G acompañado de políticas públicas inclusivas para segmento rural, un 5G al que se apuesta con inversión en universidades y escuelas para la creación de aplicaciones, un 5G que impulse la transversalidad al momento de tomar decisiones de política pública sobre desarrollo y economía. ¿Será ese el 5G que arribe a nuestras geografías o simplemente el que nos de mayor velocidad de conexión a Internet? ¿Habrá progreso en el respeto a las instituciones o la discrecionalidad nos regalará una nueva década donde los funcionarios de telecomunicaciones serán cambiados según el capricho del ejecutivo?

Ustedes qué dicen, ¿vaso medio lleno o medio vacío?

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