Uno de los temas que prevalece en la mayoría de los foros de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe es la transformación digital. Pueden cambiar los ponentes, las empresas y hasta los acentos, pero lo que no se modifica son las cifras que indican el impacto que tendrá en la economía de los países la inevitable digitalización de la vida cotidiana y el mundo laboral. Hoy la pregunta no es si va a llegar la digitalización al mercado, sino cuando.
La transformación digital se define de mil maneras, pero al final todo se resume en hacer dinero de forma más barata y rápida. O sea, es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en todos los procesos productivos de la economía con el fin de hacerlos más eficientes. Una de las externalidades del uso de las TIC es que cada proceso queda registrado, facilitando cualquier auditoria futura. De digitalizarse los procesos de entidades públicas, se estaría garantizando la reducción de la corrupción y malversación de fondos. Elementos que en un mundo donde impere la lógica crearía gran interés por parte de las autoridades de gobierno.
Menciono al gobierno pues es este, a través de la creación de un esquema de políticas públicas que busquen promover la transformación digital, quien debería ser el principal impulsor de este largo proceso que apenas está en su infancia alrededor del mundo. Es que la digitalización de la economía y de todo tipo de servicios a los ciudadanos implica un incremento de la inversión en infraestructura digital, modernización del marco regulatorio y un reentrenamiento de la fuerza laboral para permitirle atender las nuevas demandas laborales que surgen de este nuevo mundo conectado.
Sí, cuando hablamos de transformación digital de un país nos estamos refiriendo a un tema de desarrollo social y crecimiento económico. Ignorar esta realidad es un suicidio en cámara lenta, es ver como en medio de una carrera, quienes iban por detrás avanzan más rápido hasta sobrepasar al otro líder. Es pensar en telégrafos y señales de humo en la era de los teléfonos inteligentes y la realidad aumentada.
La responsabilidad de los gobiernos es trabajar por una política pública que busque fomentar la inversión en TIC y la investigación en nuevas formas de completar labores con el fin de mejorar procesos muchas veces establecidos por décadas. Para lograrlo, se eligen expertos en distintas áreas relacionadas a las TIC y por medio del diálogo se conforman iniciativas y leyes que faciliten la llegada de esta nueva conectividad. Es una gran labor de coordinación tanto hacia dentro de todas las dependencias de gobierno de manera transversal, como hacia el mercado masivo en el que velará por el cumplimiento de las normas de defensa al consumidor y la competencia.
El resultado que se ha observado hasta la fecha, en países donde la transformación digital se ha convertido en plataforma de desarrollo del estado, es la modificación de estatutos y leyes para modernizar el marco legal presente con el objetivo de eliminar barreras a la digitalización. Hasta se han creado nuevas entidades de gobierno para lograr este fin de forma transversal. Ya no hablan del regulador convergente, promueven al regulador digitalizador.
Son todas estas razones las que incrementan la sorpresa ante las decisiones del gobierno mexicano de abolir la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, repartiendo sus funciones en los distintos departamentos de la Secretaría (¿de Comunicaciones?) y Transportes. Mientras en otros mercados se buscan aligerar los procesos de transformación digital colocando bajo un mismo paraguas las principales entidades que trabajan para este fin, en México desarticulan al principal vehículo de política pública y se esmeran en crear trabas y atrasos en los procesos coordinados de política TIC.
Sinceramente es lamentable lo que viene ocurriendo en la política nacional de telecomunicaciones de México en los últimos años con la falta de una estrategia nacional de desarrollo TIC coherente, con un CFE Telecom Internet para Todos que parece cambiar su modelo de operación cada dos o tres meses y se halla ahora sin un ente capaz de trabajar a favor de una transformación digital transversal la cual es necesaria para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Lo insólito de la situación es que todo lo que ocurre se da bajo un modelo de liderazgo que evoca lo más grave del populismo demagógico chavista, pero las implementaciones de política fiscal, de forma muy torpe, parecen dar vida a los preceptos conservadores de la ultraderecha estadounidense en su odio hacia los gastos del gran gobierno. Barry Goldwater debe estar sonriendose en su tumba.
Ni el PRI, ni el PAN resultaron tan neoconservadores como Morena. Su gran víctima es el sector TIC y el dolor causado se sentirá por muchos años. Ignorar la importancia de las TIC es condenar a México al atraso y la pérdida de competitividad global.