Las telecomunicaciones son un mundo en constante evolución. Sus diversos sectores apartes de estar interconectados cambian de forma permanente. Por ello, cualquier discusión legal relacionada con esta industria comienza con la salvedad de que la regulación se encuentra a años de distancia de la innovación tecnológica que permea en el mundo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Tal vez por esta razón la adopción por el Senado de la República del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) ha sorprendido a tantas personas. Sorpresa no porque se haya aprobado, sino por el nivel de improvisación que parece haber rodeado la creación de una ley imposible de implementar pues, aparte de las enormes fallas explicadas hasta la saciedad por abogados (que dudan de la constitucionalidad del PANAUT por establecer un sistema que atenta contra la seguridad y privacidad del individuo); dicho de forma más directa, viola los derechos humanos de los usuarios que intenta proteger.
La conversación también ha llegado a alegatos que cuestionan la constitucionalidad de una ley que aparentemente atenta contra las atribuciones constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Independientemente de si esta aseveración es cierta o no, quedaría ver si llega a discutirse en un juzgado, el IFT debe defender sus competencias. ¿Acaso los números que se asignan a dispositivos no son finitos? ¿Cómo reasignarlos si tienen que mantenerse por un extenso periodo de tiempo sin utilizarse después de ser desconectados? ¿Dónde queda la independencia presupuestal de una entidad que ha sido criticada continuamente por supuestamente malgastar dinero, aunque la evidencia muestra que por cada peso que recibe del gobierno el IFT le genera más de 20 pesitos?
Tampoco quiero entrar en toda la controversia que genera la recolección de datos biométricos y las peligrosas implicaciones que esto podría tener. Muchos expertos han explicado, y ojalá sigan explicando, porque no es un dato menor el hacer una base de datos nacional con este tipo de información. Tan solo hay que ver que gobiernos alrededor del mundo realmente utilizan esta práctica para tener una mejor idea de cómo con un simple hackeo puede esta información ser utilizada. Recordemos que ningún sistema en el mundo es a pruebas de infiltraciones ilegales y que la historia nos ha mostrado que organismos como la NASA, la CIA o entidades de gobiernos europeos o asiáticos, han sido hackeados en el pasado.
¿Por qué pensar que lo mismo no podría pasarle a un IFT que ahora tendría en sus manos un activo muy apetecido por quienes viven de vender la información que obtienen tras violentar sistemas informáticos?
Quiero centrarme en aspectos más mundanos, aquellos donde juega la lógica para entender la locura de una medida mal engendrada y escrita. Por un lado, se escuchan las justificaciones de aprobar el PANAUT porque servirá para atacar el problema de las llamadas de fraude que se originan principalmente en cárceles del país. Por otro, la lógica nos dice que ningún ladrón o narcotraficante al momento de violar la ley utiliza elementos que pueden rastrear el crimen a su persona. En este sentido, la creación de una base de datos biométricos para poder activar líneas móviles lo que incitará es la creación de un mercado negro de tarjetas SIM que podrían ser utilizadas para fines delictivos.
Acaso quienes decidieron aprobar el PANAUT se olvidaron de que México es un país donde gracias al COVID-19 más del 50 % de la población se encuentra bajo niveles de pobreza, según cifras de la Comisión Económica para América Latina. O que más del 56 % de la población vive de la economía informal, según cifras del INEGI.
Realmente es sorprendente que se haya aprobado una ley que fue redactada ignorando los problemas identificados por varios estudios efectuados sobre las llamadas fraudulentas en los penales. Por ejemplo, el “Estudio Estadístico del Número de Terminales Móviles y de Llamadas de Móviles y de Casetas Telefónicas Públicas que Operan dentro de una Muestra de Penales (cárceles) en el país” ya mostraba información detallada de estas operaciones ilegales, incluyendo patrones de comportamiento de quienes efectúan la llamada. Lo anterior sin olvidar que gran parte del problema se debe al factor humano de corrupción que permite la entrada de teléfonos en las cárceles. ¿Cómo una base de datos me va a cambiar el comportamiento de quienes permiten la ilegalidad en las cárceles?
Otra forma de mirar al PANAUT es desde la perspectiva de la desconfianza. Aquella que dice que se le otorga al IFT unos 180 días para reglamentar la implementación de la ley, fecha que se cumple mucho después de las elecciones legislativas de junio, por lo que cualquier imposibilidad de implementación habría sido anunciada después de conocer los resultados. Si esta maroma política tuviese algún grado de veracidad pues recomendaría un cambio de asesores ya que lo único que ha logrado el PANAUT es unir a personas y entidades que parecen vivir en continuo enfrentamiento intelectual.
La desconfianza parecería apoyar la teoría conspiratoria de golpear nuevamente a un IFT que vive siendo criticado por la presente administración del Presidente López Obrador. Es una forma directa de reducirle los recursos al regulador de telecomunicaciones y de sobrecargarlo de trabajo por 180 días. No hay que ser un genio para pensar en el costo oportunidad que conllevará intentar reglamentar una ley mal redactada por el Senado para que encaje en el marco legal mexicano. ¿Acaso debido a la información que se levanta de cada usuario, no hay potestad de alguna otra entidad gubernamental? ¿Qué trabajos tendrá que postergar el IFT durante estos 180 días y qué consecuencias tendrá este atraso para el usuario? Y ya que estamos en el tema, ¿cuándo se nombrarán las dos comisionadas que tendrían que estar integrándose al regulador para al menos tener más capital humano trabajando en los próximos 180 días?
Entrando en el texto del PANAUT queda claro que quien lo redacta no esta familiarizado con los avances tecnológicos del sector móvil. Desde el lanzamiento de la cuarta generación celular por medio de LTE hace más de diez años, el mundo cuenta con redes móviles que son totalmente IP. En otras palabras, los servicios conmutados de voz cada vez cursan menos tráfico. Por lo tanto, ahora se hablan de servicios móviles y no de telefonía móvil, pues los servicios de voz son simplemente otros paquetes que se transmiten por las redes móviles avanzadas. Toda persona que usa WhatsApp, Skype, Telegram u otra aplicación ajena a la llamada directa desde su celular ya usa paquetitos de datos. Cuando se está regulando una ley este tipo de equivocaciones pueden llevar a vacíos legales de alto costo para los usuarios.
Otro dato que vale resaltar es la siguiente definición que el texto hace de un SIM: “se entenderá como tarjeta SIM al dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles”. Olvidan que desde hace años existen los llamados SIM virtuales que no son desmontables de los equipos móviles, sino que se reprograman de forma remota.
Sin embargo, lo que más me llamó la atención es la sección que determina las reglas para la recopilación de datos que incluye los siguientes parámetros como violaciones a la ley: “registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho”. Aquí es pertinente tomar un paso atrás y contextualizar lo que es el sector de servicios móviles de México.
Según cifras de la consultora mexicana The CIU, México cuenta con alrededor de 126 millones de líneas móviles de las cuales el 82.2 % o 103 millones son prepago. Asimismo, el país cuenta con más de medio millón de puntos de venta, con decenas de miles de estos puntos vendiendo tarjetas SIM. Por ejemplo, en plazas de pueblos o tiendas de abarrotes, entre muchas otras localidades. ¿Cómo será la recopilación de datos biométricos en estos puntos? ¿Se eliminará uno de los ingresos de estos puntos de ventas gracias al PANAUT? ¿En estas zonas, cómo se monitorea que la información es correcta y no se entregan datos falsos? ¿Se eliminarán estos puntos de ventas, siendo muchos de ellos la única forma de obtener una SIM en zonas donde no hay tiendas de los operadores móviles del mercado? Suena a una medida que impacta de peor manera a las poblaciones más vulnerables de la sociedad.
Podría continuar resaltando aspectos del PANAUT que dejan mucho que pensar, por ejemplo, los costos incrementales para los operadores o cómo estos costos podrían significar una puñalada para muchos operadores móviles virtuales que no cuentan con la logística de los grandes operadores móviles tradicionales.
No quisiera terminar este análisis sin mencionar los increíbles parecidos del PANAUT con medidas que protagonizaron la discusión del sector de telecomunicaciones en el pasado. Considerando la presente animosidad y desconfianza que emana desde el gobierno del Presidente Lopez Obrador hacia todos los proyectos emanados de administraciones presidenciales anteriores, el PANAUT parece combinar algunos de los elementos más tóxicos del RENAUT aprobado durante la administración del Presidente Felipe Calderón (Partido Acción Nacional) con el mandato de almacenar por 24 meses todos los datos cursados por operadores de telecomunicaciones que, a pesar de las enormes críticas de distintos sectores de la sociedad, se aprueba en las leyes secundarias para telecomunicaciones como consecuencia de la modificación constitucional que crea al IFT y que acontece durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional).
Considerando lo anterior, solo me queda repetir que el PANAUT es una medida mal pensada, mal redactada y seguramente será imposible de implementar. Simplemente crea más problemas de los que dice resolver. Una improvisación que no deja de tener matices populistas.
