El 2020 fue un año lleno de controversias para la industria de telecomunicaciones. Su principal protagonista fue la pandemia del COVID-19 que forzó a todos los actores del sector a revisitar su modelo de negocios para posponer lanzamientos, reducir inversiones y simplificar trámites. Desde una perspectiva regulatoria, la pandemia dejó numerosas enseñanzas siendo la más obvia resaltar la importancia de las redes de telecomunicaciones en la vida de las personas.
Las cuarentenas forzadas en países donde el liderazgo del gobierno sí tomó en serio la emergencia sanitaria tuvieron como una de sus múltiples consecuencias mostrar la transversalidad de las telecomunicaciones. De esta forma, el discurso repetido por décadas por especialistas del sector tomó un nuevo tono. Ya no se trataba de videos futuristas o de láminas en presentaciones hablando de como por medio de un celular se podría estudiar, trabajar o simplemente coordinar servicios de primera necesidad. Podría decirse que la curva de aprendizaje tanto del consumidor como de los responsables en la toma de decisiones de política pública avanzó a paso acelerado.
Sin embargo, nada de lo anterior ocurrió en un vacío. Tampoco fueron cambios súbitos, sino parte de un proceso evolutivo, pero asimétrico, en los distintos mercados de la región. Hasta donde se podía llegar con iniciativas de gobierno para garantizar la estabilidad de las redes de telecomunicaciones, la disponibilidad de equipos de infraestructura para su mantenimiento y la protección de los técnicos encargados en reparar desperfectos estuvo supeditado (y continúa dependiendo) del acercamiento gubernamental hacia la crisis del COVID-19.
De esta manera, aquellos países que desde el poder ejecutivo nacional han identificado a la pandemia como una gran emergencia pudieron reaccionar de manera más rápida a los problemas causados por la enfermedad. De esta manera, Panamá inmediatamente liberó de forma temporal espectro radioeléctrico para los operadores móviles de su mercado con el objetivo de garantizar la calidad de servicios por medio de estas redes. Este esfuerzo rápidamente fue emulado por otros mercados de la región. Colombia por su parte comenzó a publicar, cada dos días, en el portal de su regulador cifras del tráfico cursado por las redes de telecomunicaciones en su territorio.
Desgraciadamente, la pandemia también sirvió para ilustrar en muchos países la falta de información confiable y útil. Dicho de forma directa, quedó reflejado como las estadísticas que por años habían sido motivo de orgullo para distintas entidades de gobierno en el momento de una tragedia ayudaban poco o nada. Los famosos números de penetración de líneas o de adopción de servicios mostraban una visión poco confiable de lo que realmente sucedía en el país al esconder bajo un solo manto los distintos tipos de acceso con los que contaban las personas, tanto en términos de servicio como de dispositivos.
En este sentido, muchos gobiernos se vieron imposibilitados de responder rápidamente a las necesidades de conectividad de zonas apartadas o de difícil acceso, típicamente las que albergaban a las poblaciones más vulnerables para poder enviar ayuda. Mientras en las zonas urbanas las escuelas modificaban su método de enseñanza para utilizar plataformas virtuales, en el campo los docentes se las tenían que ingeniar para ofrecer cursos en algunos casos, como ocurrió en el departamento colombiano de Norte de Santander por medio de fotocopias y WhatsApp.
Esta asimetría en recursos llevó a más de un político a reducir definir la realidad nacional dentro de los parámetros observados dentro de su círculo social y geografía. De esta forma, muchos parecían darse palmaditas en la espalda hablando de una nueva normalidad que realmente identificaba a un porcentaje minúsculo de la población. En una región donde la economía informal es tan importante y la transportación pública es esencial para el transporte de la mayor parte de la fuerza laboral, hablar de una adopción de teletrabajo, teleeducación y telesalud por la mayoría de la población solo puede explicarse dentro de dos conceptos: desconocimiento o demagogia.
Aunque la pandemia dejó demostrado el impacto que las telecomunicaciones pueden tener para facilitarle la vida a las personas, también sirvió para comprobar que cobertura no es lo mismo que adopción de servicios y que para hablar de conectividad se tiene que hablar de reducción de pobreza, infraestructura civil y un marco regulatorio que minimice la burocracia en tiempos de emergencia.
Nuevamente, el 2020 confirmó la necesidad de establecer un plan de desarrollo económico transversal donde las tecnologías digitales tomen un lugar de prioridad. Aclaro, no todos los gobiernos a nivel global han podido o han querido entender las moralejas de la pandemia. Sin importar su ubicación geográfica, la importancia del mundo digital llevó a muchos gobiernos a reforzar los organismos de regulación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para que coordinen con otras entidades de gobierno como se puede utilizar la tecnología en los distintos segmentos verticales de la economía para incrementar la productividad o de como utilizarla para hacer más eficientes los servicios públicos a la ciudadanía.
Quizás la propuesta para licitar nuevo espectro radioeléctrico en Republica Dominicana como parte de una estrategia de desarrollo económico que involucra ocho dependencias distintas del gobierno de este país caribeño sea el ejemplo más reciente de la implementación de medidas transversales para el desarrollo digital de un mercado.
Desafortunadamente, no todo lo relacionado con el mundo de la tecnología ha sido positivo durante el pasado 2020. Por ejemplo, en México se observó un fenómeno diferente, se intentó robar autoridad al ente autónomo que regula las telecomunicaciones (esfuerzo que continúa) mientras se desmantela el que llevaba política pública para el sector. La segunda economía de América Latina vivió un 2020 donde no hay un plan concreto de desarrollo de las telecomunicaciones para ofrecer servicios a comunidades vulnerables, de bajo poder adquisitivo o baja densidad poblacional.
Las acciones del gobierno del Presidente Lopez Obrador relacionadas al sector de las TIC mostraron y siguen mostrando que quienes más necesitan de acceder a una mejor infraestructura digital han sido precisamente los más ignorados por su administración. Un poder ejecutivo federal que desconoce las diferencias entre cobertura poblacional y geográfica, la existencia de diferentes plataformas tecnológicas que pueden ofrecer un mismo servicio o la suma importancia de que el regulador del sector TIC sea autónomo, o sea, no controlado por el poder ejecutivo. ¿Cómo puede regularse un sector con tanto dinamismo cuando la entidad encargada pierde tiempo y dinero defendiéndose de embates mal concebidos desde la presidencia de la nación?
Por su parte en Brasil, mientras las autoridades del regulador reconocían el impacto económico que la pandemia ha tenido sobre las finanzas de los distintos operadores de telecomunicaciones del mercado hasta el punto de posponer la asignación de espectro radioeléctrico para 5G, el poder ejecutivo de la principal economía latinoamericana activamente se empeñó en minimizar el impacto de la emergencia sanitaria. El costo oportunidad de la inacción federal para mejorar la situación de acceso para las localidades más vulnerables del país debe ser incalculable. Mientras para los habitantes de zonas urbanas del sureste de Brasil es más fácil acceder a citas virtuales con médicos, lo mismo no puede decirse de quienes viven en otras regiones, especialmente en el noreste y los estados amazónicos.
Argentina por su parte nos regala un esfuerzo agridulce. Por un lado, muestra el interés del gobierno de llevar conectividad a quienes carecen de acceso a las telecomunicaciones, pero por otro nos muestra lo que puede suceder si el plan a ser adoptado no es revisado a cabalidad por los expertos del sector que trabajan en las entidades de gobierno. El resultado fue la publicación de un decreto contradictorio declarando las telecomunicaciones servicio público y llamando a la creación de planes asequibles que garanticen una “ganancia razonable” a los operadores. El mayor problema hasta el momento es que la implementación de este mandato por medio de la creación de paquetes de servicios populares no consideró temas financieros como la estructura de costos de ofrecer un mismo servicio por medio de distintas plataformas, la inflación, el impacto de un sector mayorista y de importación de equipos dolarizado. Ante esta omisión y el mandato de garantizar una “ganancia razonable” el conflicto, inevitablemente caldeado por filias y fobias ideológicas, estaba garantizado.
Existen otros ejemplos de los desafíos que el sector de las TIC estuvo enfrentando durante el 2020 que van desde el impacto de la crisis macroeconómica y política de Venezuela en la fuerte caída en el número de líneas contratadas en el país hasta la falta de medidas por parte del gobierno para revertir la situación. Por su parte, la remoción del Presidente Vizcarra en el Perú tuvo fuertes repercusiones en las distintas entidades de gobierno entre las cuales la más visible ha sido la partida de muchos funcionarios de su administración. Queda ver como se continúa el trabajo que se estaba dando en el sector de telecomunicaciones en temas de asignación de espectro radioeléctrico y transformación digital. La situación en Puerto Rico fue similar, pero en menor escala, a la vivida en este país sudamericano. El Departamento de Justicia de este territorio no incorporado estadounidense asignó un fiscal para que investigue a la presidenta de la agencia de gobierno encargada de reglamentar y fiscalizar a la industria de telecomunicaciones local. Tres eventos que muestran el funcionamiento normal de una agencia de gobierno pueden ser interrumpido por un evento inesperado. Una interrupción que multiplica sus externalidades negativas en tiempos del COVID-19.
Como se ha observado, el 2020 nos ofreció pruebas de la importancia de las TIC en el desarrollo de un país y de su papel vital en momentos de emergencia. También nos mostró que para que la infraestructura de telecomunicaciones pueda funcionar a cabalidad tiene que estar acompañada de políticas públicas que fomenten su crecimiento. Al menos esa es la lección que muchos tomadores de decisiones de política pública continúan aprendiendo gracias al COVID-19.
