Siempre he dicho que estudiar la historia de la humanidad es sumamente importante. Entre las ventajas que nos ofrece, una es poder identificar los principales problemas que lentamente fueron agrandándose hasta convertirse en las mayores tragedias de la humanidad. También es útil para contemplar a partir de una perspectiva política, el ser humano, desde el Código de Hammurabi hasta la Torá y la Carta Magna. El paso del tiempo como buen pintor de la historia sirve para dar nuevas tonalidades a las normas que se aceptan según van evolucionando las ideas de los científicos, filósofos y humanistas.

De esta forma, pasamos de un mundo interesado en la búsqueda de utopías como el Dorado americano y el salvajismo noble de Montaigne, a los esquemas imposibles de realizar sin esclavos que nos otorgó San Tomás Moro en su sociedad ideal. Visiones que sirvieron para complementar lo rescatado de las distintas geografías de la tierra para hacernos pensar. Un pensamiento que con pocas excepciones ha llevado al establecimiento en el Sigo XXI de la creencia que la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe.

El gobierno del pueblo para el pueblo, que establece en los gobernantes un compromiso con sus compatriotas y otros residentes de la nación. Es por esta razón, que se ponen frenos al dividir los poderes. Se evita la concentración de este en una sola persona pues aquel gobierno donde solo manda una persona podría llamarse de muy pocas maneras. Por ejemplo, existen las monarquías, aunque las hay de distintos colores.

La más tradicional, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la define como la “organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona a título de rey o reina.’ Sin embargo, si se busca monarquía absoluta el significada varia muy poco pues sería el “régimen político en el que todos los poderes corresponden al monarca.” En otras palabras, las monarquías en sus versiones más simples sirven para la acumulación del poder sin que exista una oposición al monarca.

Aunque hay que reconocer que la historia latinoamericana no ha visto con muy buenos ojos el surgimiento de los nobles. El fugaz paso del sistema monárquico por los gobiernos de Brasil, Haití y México convierte la palabra monarca en un insulto.

Afortunadamente, una de las grandes cualidades de los latinoamericanos es poder interpretar y redefinir el presente en una forma sutil que mantenga el marco de juego de la legalidad bajo un seudónimo aceptable. Así, tratando de resucitar la necesidad en tiempos de emergencia de los romanos, que en la época moderna a la palabra dictador según la RAE es “la persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica.”

No son necesarios los controles para entre las distintas ramas de gobierno. Los controles que se vieron en la Constitución de Estados Unidos en 1787 para evitar que una de las tres divisiones de gobierno llegara a tener más poder que las otras dos. La autonomía se vuelve un elemento clave al momento de establecer leyes y agencias en este vecino del norte.

Desgraciadamente la historia nos muestra que México por la gran mayoría de su historia estuvo gobernado por monarcas y dictadores. El problema es que cuando ya estos títulos han caducado, existen quienes extrañan el vacío de críticas que crea la acumulación de poder. Precisamente a esto es lo que nuevamente parece enfrentarse México al encontrarse con una propuesta de enmienda constitucional pide la eliminación de la autonomía de “la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).”

Lo que se busca con esta propuesta es convertir a cada uno de estos entes en una herramienta adicional del ejecutivo quien podrá utilizar discrecionalmente a cada una de estas agencias para impartir la ley. Una acumulación de poder totalmente inaceptable y que podría tener un impacto muy peligroso para el país pues desincentiva la inversión que podría hacerse ya que las reglas de juego pasarían de estar definidas por un documento legal a depender prácticamente del mandatario de turno. ¿Si con un marco constitucional donde se vela la autonomía de varias agencias de gobierno se ha intentado paralizar las funciones de entidades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué pasaría si este tomase una decisión que inspirase la represalia del ejecutivo?

Las enmiendas constitucionales que se sugieren casi como epílogo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador son un mal chiste que buscan desviar la atención a temas de mayor importancia para los ciudadanos. Sobre todo, cuando surgen de una administración que no quiso cumplir con sus responsabilidades legales hacia entes autónomos como el IFT. Como pequeño dictador se desquitó con el ente faltando a la ley y rehusándose a nombrar comisionados que reemplazaran a aquellos a los que se le venció el término.

Querer eliminar a los entes autónomos es vestirse de toga romana en tiempos de emergencia para exaltarse como salvador nacional, el problema es que el título que esto otorgaba hace unos dos mil años, ‘tirano’, ha evolucionado desde las épocas imperiales y en el mundo actual, según la RAE, significa quien “obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad,” o como se llama a la persona “que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario.”

Usen el término que prefieran, da lo mismo, al final quien pierde es México.

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