Las noticias de los últimos días han sido nefastas, el COVID-19 se niega a morir. Como el ave fénix, cuando aparentemente se encuentra en cenizas renace para quemar más fuerte a su paso. Las consecuencias de este resurgimiento de la enfermedad dejan consigo varias lecciones que van desde la planeación estratégica y logística de los sistemas de salud hasta las decisiones de política pública para reaccionar de forma rápida a este tipo de situaciones – aunque con este virus llevan más de 24 meses de aviso.

Otro aspecto que nuevamente se torna central en la discusión de como enfrentar la pandemia, sin incrementar el sufrimiento económico de los hogares más vulnerables, es como utilizar medios alternos para completar las mismas labores. Ante este escenario muchos dirán que las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son esa herramienta y que con tan solo incrementar su cobertura y acceso todo se soluciona.

Sin embargo, la realidad nos da lecciones diferentes en muchas ocasiones. Sí, la tecnología se ha ido integrando a la cadena de valor de numerosas microempresas, pero no ha suplantado en su totalidad la realidad que le precedía. Quien vendía verduras y vegetales puede ahora recibir ordenes por medio de una plataforma de chat o simple mensaje de texto, pero el envío se hace con alguien caminando (a veces corriendo), en bicicleta y en caso más raros en auto (estamos hablando de microempresas). Ese mundo en el que los pedidos de pizza o hamburguesas se entregan por medio de drones aún queda bastante lejos.

Otro recordatorio que nos deja el resurgimiento del virus es la necesidad de poder ofrecer soluciones informativas y aplicaciones de gobierno electrónico a la población que les facilite hacer tramites y descongestiones oficinas gubernamentales de las largas filas de espera por un documento. Aunque se han visto avances en America Latina en este renglón, los mismos han sido asimétricos con algunos gobiernos mucho más avanzados que otros en todo lo que es la digitalización de tramites oficiales.

Quizás el mayor obstáculo que se observa en la región en varios mercados es la falta de difusión por parte de las autoridades de gobierno de las distintas plataformas de gobierno electrónico que se han hecho disponibles para el uso de la ciudadanía. Como dice el viejo adagio, aquello que se no se conoce, no existe. De que vale tener las mejores soluciones de gobierno electrónico del mundo si la gran mayoría de la población no sabe que existen o no tienen la forma de conectarse a las mismas.

Por otro lado, la necesidad de facilitar tramites a los ciudadanos ha llevado a muchos gobiernos regionales – estados, departamentos, provincias, etc. – ha mejorar y expandir sus esfuerzos de acercamiento a la ciudadanía por medios digitales, incluyendo la evolución de portales puramente informativos hacia páginas que permiten la realización de transacciones.

Lo comentado es parte de un esfuerzo que inició hace casi 24 meses en la región cuando apenas avistaba el COVID-19 y los gobiernos comenzaron a implementar medidas para asegurar la conectividad de las personas durante los meses de pandemia, enfocándose primordialmente en evitar la desconexión por falta de pagos. En esos mismos meses, aunque menos mediáticos, se hicieron otros esfuerzos para corroborar la resiliencia de las redes de telecomunicaciones existentes para ver si podría soportar los incrementos en tráfico que una cuarentena podría exigir de las conexiones de banda ancha fija a los hogares.

Por esas mismas fechas, otros temas que son recurrentes en el mundo de las telecomunicaciones también fueron atendidos de manera temporal. Entre ellos aligerar los permisos necesarios para el despliegue de infraestructura como hizo la municipalidad de Campinas en el estado de Sao Paulo, Brasil, o las licencias temporales para acceder a espectro radioeléctrico en mercados centroamericanos como Panamá.

Desde entonces, otro gobierno local en Brasil, el de Porto Alegre, ha digitalizado el proceso para solicitar permisos de despliegue de infraestructura. Desafortunadamente, en los mercados donde más se precisa de asignar espectro radioeléctrico en América Latina, los países centroamericanos, la historia parece haberse detenido. La necesidad de solventar una falla del sistema otorgando licencias temporales de acceso al espectro radioeléctrico no se transformó en un objetivo de las administraciones regionales para acelerar la asignación de este activo. En algunos de estos mercados parte del problema ha sido por la desconexión entre las aspiraciones recaudatorias de los gobiernos y los planes de inversión de los operadores móviles.

La pandemia también ha servido para validar la estrategia pre-COVID de Colombia, mientras los países de la región se disputaban el liderazgo mediático en los avances hacia 5G, el país sudamericano hizo una introspección y admitió que su esfuerzo por impulsar la adopción de 4G en el país para convertirse en el líder regional de esta tecnología no cumplió con este objetivo. En lugar de llorar lágrimas de sangre, se aprendió de las enseñanzas del proceso de 2013 y de sus cimientos (que no fueron pocos) se comienza una estrategia para acelerar la adopción de 4G a nivel nacional por el mercado masivo y que debería concluir en 2024. Mientras se acelera la adopción de 4G, una tecnología de banda ancha móvil que con suficiente espectro puede llegar a dar velocidades pico de más de 500 Mbps, se comienza a trabajar en la era del COVID en iniciativas para paulatinamente impulsar la adopción de 5G en el mundo empresarial.

Tal vez el acercamiento colombiano debería servir como reflexión para aquellos mercados que cuenten con operadores que no se sientan cómodos con impulsar un despliegue acelerado y rápido de 5G porque no consideran que el mercado masivo esté listo para el mismo debido a los distintos desafíos que supone la adopción de esta tecnología por la mayoría de la población, entre los que destacan las complicaciones en obtener permisos de despliegue de infraestructura, los altos precios de utilización de espectro radioeléctrico (sobre todo en Ecuador y México) y el costo de los teléfonos celulares que operen en esta tecnología.

Mejor impulsar la adopción acelerada de 4G, tomar acciones para que la calidad y cobertura de estas redes mejoren, crear soluciones que justifiquen la migración de los usuarios hacia estos planes de datos y simultáneamente crear una estrategia para impulsar 5G que sea vista positivamente desde los sectores productivos de la economía. Como bien muestra el caso de Costa Rica, las empresas dedicadas a la exportación de productos de alta tecnología desean la llegada de 5G lo antes posible, un arribo que no debe tener gran cobertura geográfica para atendes sus necesidades.

El maldito COVID ha regresado, con el regresaran muchas de las iniciativas que se formularon para amilanar su impacto. Lo que es necesario en el mundo de las telecomunicaciones es hacer permanentes muchas de estas soluciones para que cuando llegue el próximo desafío estemos mejor preparados. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, cada mes bajo la pandemia representa un año de conocimiento para las autoridades de política publica sobre la importancia de las TIC en el desarrollo de un país. A un altísimo costo hemos ganado prácticamente un cuarto de siglo en concientización, que no se desperdicie este conocimiento y se puedan establecer políticas publicas que correspondan al nivel de desarrollo del mercado, siempre con la colaboración de los distintos actores.

No olvidemos que cualquier estrategia país para 5G dependerá del lanzamiento de la tecnología por parte de los operadores de telecomunicaciones y para que esto ocurra, dicho lanzamiento tiene que hacer sentido desde una perspectiva financiera si se desea que la oferta sea a largo plazo.

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