Vivimos en una época atípica donde nos encontramos con una sobreoferta de eventos especializados en temas referentes a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Aunque para muchos esto puede significar un cansancio extremo, para la gran mayoría de la población latinoamericana implica el poder tener distintas posibilidades de acceso para escuchar a distintos especialistas del sector y aprender de sus investigaciones y experiencias.
Los pasados días no fueron distintos y gracias al mundo digital se han escuchado a expertos de distintos entes reguladores de América Latina hablar sobre la universalización de servicios, la transformación digital y los pasos a seguir al momento de encaminarse al universo de promesas que rodea a las redes 5G.
Claro que parte de las conversaciones mencionan los mismos lugares comunes. Como, por ejemplo, una de las ventajas que ofrece la digitalización es la oportunidad de conversar de forma simultánea con personas que se encuentran en distintas ubicaciones geográficas por medio de videollamadas. Un fenómeno que parece tan normal y mundano pero que apenas hace un par de décadas era casi impensable para quienes no trabajaban en grandes corporaciones.
Puede sonar cliché, pero estas palabras son muy pertinentes, sobre todo al contextualizarlas pues estas soluciones, prácticamente a coste cero más allá de la conexión a Internet, abrieron una ventana de oportunidades que ya están siendo aprovechadas con iniciativas de telesalud, teletrabajo, teleeducación y gobierno electrónico. Precisamente son estas iniciativas las que a su vez impulsan a los estados a promover una mayor cobertura de telecomunicaciones y mayores facilidades a la población para acceder a estas redes.
Sin embargo, siempre queda la misma pregunta: ¿cómo achicar las brechas digitales? ¿Cómo llegar a cumplir los deseos de conectividad? ¿Cómo acelerar la llamada transformación digital? Quizás las respuestas a estos complejos interrogantes nos las entregan como piezas de rompecabezas los distintos reguladores de telecomunicaciones de América Latina.
De esta manera, los mensajes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) de Colombia sobre la necesidad de implementar una “regulación inteligente” deben ser analizados minuciosamente. Se tiene que dar la regulación de las TIC por medio de datos duros que sean analizados repetidamente por las autoridades para de esta forma hacer decisiones informadas.
No basta con desear hacer cambios en el mercado, hay que estar conscientes de las implicaciones de estos y buscar la mejor fórmula para fomentar la innovación. En este sentido, Colombia ha sido el primer país del mundo en adaptar el concepto de arenero regulatorio que surge en el Reino Unido para dentro de un ambiente controlado llegar a determinar cuáles son las medidas regulatorias más apropiadas para atender al sector Fintech.
La finalidad es impulsar la innovación, para lograrlo no basta con simplemente expedir nuevas normas regulatorias, hay que tomar los pasos necesarios para que se puedan aprobar los proyectos. En este sentido el arenero o sandbox regulatorio impulsado por la CRC luego de su lanzamiento recibió 23 propuestas originales en las distintas áreas de injerencia del regulador colombiano.
Complemento las palabras del regulador colombiano, desde la Unidad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones (URSEC) de Uruguay nos llega un recordatorio a esta memoria tan corta que en ocasiones tenemos: el ser humano debe estar al centro de cualquier iniciativa regulatoria que sea aprobada. Cuando se habla de conectividad considerar que el valor que genera un acceso de calidad se potencia con el contenido de calidad que cursa por esa red.
Tal vez este antropocentrismo regulatorio sirva para encontrar los orígenes de las decisiones tanto públicas como privadas que han llevado a Uruguay a convertirse en uno de los principales exportadores de software de América Latina y a posicionarse entre los primeros del mundo en el porcentaje de hogares pasados con fibra óptica, alrededor de un 85%. Lo anterior sin olvidar ese Plan Ceibal que para bien o para mal supuso la resistencia desde la pedagogía digital al embate del COVID-19.
Otro elemento escuchado recientemente, esta vez por parte del ente regulador de Chile, la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) dejó a un lado la parte filosófica para centrarse en hechos concretos del su mercado. Por un lado, mencionan las necesidades que surgen como resultado de una subasta 5G que llevará a los operadores móviles chilenos a desplegar unas 9500 estaciones base adicionales en los próximos años para poder comercializar servicios con esta tecnología.
Por otro lado, se mencionó la importancia de una iniciativa llamada Campus 5G que involucra a casi todas las universidades chilenas con el objetivo de buscar soluciones locales a problemas locales por medio de sensores o aplicaciones que funcionen con esta nueva generación inalámbrica. Hay que abrazar la tecnología para hacerla local en su funcionamiento al crearle nuevas posibilidades de explotación.
Desde el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) hemos llegado a escuchar la necesidad de una terapia de choque como catalítico para comenzar un proceso de modernización del marco regulatorio del sector TIC que permita la implementación una serie de políticas públicas que buscan llevar conectividad de banda ancha a todos los municipios dominicanos, incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico para servicio móvil asignado a los distintos operadores del mercado y establecer un diálogo entre las distintas agencias del gobierno para establecer los pasos a seguir y de esta forma lograr los objetivos de digitalización que se ha impuesto el país como parte de su Agenda 2030.
Claro que el tema de administración y asignación de espectro radioeléctrico no es algo sencillo como se ha visto en México, único país donde uno de los principales operadores de red decide regresar a las autoridades todas sus licencias de espectro radioeléctrico por los altos costos que impuso para su utilización el gobierno. Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se escucha en los eventos del sector algo tan cierto como lejano para el ecosistema digital mexicano: “el espectro no debe basarse en una cuestión económica, sino en el bienestar que se deriva del mismo” por medio de su utilización.
El regulador mexicano advierte que los modelos recaudatorios no sirven para impulsar la conectividad de los desconectados ni para llevar cobertura a las zonas más vulnerables, que precisamente son las que más requieren de inversión, pero son las de menor densidad poblacional y caracterizadas por el bajo poder adquisitivo de sus habitantes.
La postura del IFT no es novedosa, pues Colombia por medio de la aprobación en 2019 de la Ley de Modernización (L. 1978/19) que eliminó como criterio la maximización de ingresos para el erario con el fin de sustituirlo por el de maximizar el bienestar social. Algo coherente, buscar achicar la brecha digital e implementar normativas que ayuden a alcanzar este objetivo en lugar de tomar una postura donde se habla de conectividad, pero se actúa a favor de medidas que a final de cuentas incrementan los costos de los usuarios para acceder a nuevas tecnologías.
Tal vez sea prudente recordar las palabras de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil al momento de explicar el esquema utilizado durante su subasta de espectro para impulsar servicios 5G que daba prioridad al despliegue de infraestructura en localidades que hasta este momento carecían de la misma: “hay que asegurarse que el dinero que sale del sector se telecomunicaciones se reinvierte en el sector de telecomunicaciones”. Un acercamiento que toma lógica si se considera cómo los planes de desarrollo económico del país le dan al Internet de las Cosas un rol protagonista al ser un elemento esencial para incrementar la eficiencia de los distintos sectores verticales de la economía.
Muchas voces, distintos acentos y hasta diferencia de idiomas, pero para buen entendedor pocas palabras bastan. Se expresarán de manera diferente pero el objetivo es el mismo: tener una regulación inteligente que coloque al ser humano como epicentro de la misma y que permita el despliegue de nuevas tecnologías, impulse el desarrollo local de aplicaciones y se enfoque en estimular la cobertura en zonas que en estos momentos carecen de servicios de telecomunicaciones.
Esto se logra enfatizando en el bienestar social en lugar de la implementación de modelos recaudatorios, asegurándose que el dinero que genera al gobierno el sector de telecomunicaciones se reinvierta en el ecosistema digital. Ese es el camino.