Hace un par de semanas estuve compartiendo con profesionales de la industria privada y del gobierno de Chile. Tuve la oportunidad de escuchar por parte de los operadores móviles del mercado sus principales preocupaciones y casi de forma simultanea escuchar un tono de optimismo sobre unos cuantos temas a futuro.
El tema principal de discusión en una u otra medida era la política local hacia los teléfonos que se venden en el mercado y las ordenanzas que impulsan la clasificación de cada modelo con una calcomanía que defina la generación a la que pertenece el celular – si segunda, tercera o cuarta generación. Por otro lado, había cierta incertidumbre hacia la política de IMEI a ser implementada en el país como respuesta a la ola de robos de celulares que se estaba observando en este país sudamericano, dos veces campeón de la Copa América de fútbol.
Mi perspectiva hacia estos temas es bastante sencilla. Por un lado, hay que recordar que los términos que hacen referencia a una generación son iniciativas comerciales que nada tienen que ver con los estándares aprobados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Todo lo contrario, son términos comerciales que buscan simplificar del usuario pero quizás encuentra demasiado largo el decir IMT-2000, IMT Avanzado o IMT-2020. Estos son los verdaderos nombres de los estándares de cada generación móvil según lo estipulado por la UIT.
En cuanto a la política sobre IMEI de celulares para combatir los robos, la evidencia internacional indica que el bloqueo del IMEI si funciona para desacelerar los hurtos de los dispositivos móviles. Sin embargo, la dificultad de comercial localmente teléfonos robados han llevado a organizaciones con mejor logística a traficar internacionalmente los teléfonos robados en América Latina. Preferiblemente países asiáticos con los que no se cuenta con ningún acuerdo de IMEI.
Otra solución de moda, es el acercarse el teléfono inteligente como si fuese un auto robado. Lo desarman y lo venden por partes al mejor postor, de esta forma incrementando el valor que se obtiene del dispositivo móvil robado que posee su IMEI bloqueado. Encontrar pantallas y otras piezas de teléfonos inteligente se ha vuelto moda en muchos países de America Latina.
Asimismo, tuve un par de interesantes charlas con analistas y periodistas locales. El tema principal de estas charlas era el avance que había hecho este país sudamericano en la oferta de servicios de banda ancha móvil al convertirse en el primero del hemisferio en utilizar 700 MHz APT junto a 2.6 GHz en Carrier Aggregation para ofrecer velocidades de hasta 250 Mbps con LTE Avanzado.
Mientras conversaba sobre este tema con periodistas chilenos surgió una muy buena e interesante pregunta: ¿acaso la primera red de LTE Avanzado de América Latina no es la de AT&T en Puerto Rico? Aquí no queda más que comenzar a explicar de forma sencilla una relación discordante, compleja y llena de interpretaciones adversas: la de Estados Unidos con Puerto Rico.
Mi respuesta fue la siguiente: aunque Puerto Rico es una nación latinoamericana con una rica historia y vibrante cultura muy atada a la de otros países de la región como Cuba, Haití y República Dominicana en una primera instancia. Además de lazos con naciones como México, Venezuela y Chile en menor grado.
No obstante, en lo que respecta al sector de telecomunicaciones estamos hablando de una extensión del territorio de jurisdicción del ente regulador estadounidense: la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como FCC por sus siglas en inglés.
En otras palabras, Puerto Rico tiene que responder a medidas hechas para los 50 estados de la unión y cumplir con cada una de las medidas que ha estipulado el ente regulador de Estados Unidos desde su creación en 1934. Lo que existe en Puerto Rico es una entidad local creada en 1996 que se llama Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), como consecuencia de la apertura total del mercado local de telecomunicaciones dictada por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos en 1996.
Las funciones principales del ente regulador de Puerto Rico es velar por quejas de los usuarios, asegurarse de que no haya comportamientos anticompetitivos inicialmente entre los jugadores del sector de telecomunicaciones y empresas de televisión por cable; la potestad limitada para legislar proveedores satelitales de televisión llegaría más tarde. Asimismo, sería el responsable local de proveer insumos a la FCC sobre la situación del mercado insular.
Todas las decisiones de la JRT pueden ser revertidas en cortes federales de Estados Unidos, por lo que sus decisiones siempre están supeditadas a un organismo superior. Esto no implica que, aún maniatada, esta agencia no haya hecho importantes sugerencias a la FCC en temas de inversión a la llegada de nuevos operadores como la hecha por su expresidente Don Miguel Reyes, que significó una inversión adicional de US$ 1.000 millones en infraestructura por parte de un solo operador en un periodo de cinco años.
Otro ejemplo lo tenemos con la administración actual, que se ha atrevido a impulsar localmente programas de concientización sobre la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para el desarrollo de un país. Esta labor del presidente actual de la JRT, Javier Rúa, debe ser resaltada, felicitada y emulada. Sobre todo teniendo en cuenta que Puerto Rico es un país que atraviesa la peor crisis económica de su historia, y cualquier solución a la crisis actual tendrá que depender de la disponibilidad de tecnología de punta para ser exitosa.
Sin embargo, Puerto Rico al momento de impulsar tecnologías inalámbricas no concede licencias ni toma decisiones sobre espectro radioeléctrico. Tampoco tiene la isla la potestad de definir cuáles son las velocidades mínimas de transmisión de datos aceptables para que el servicio pueda denominarse banda ancha y en términos de inversión es muy poco lo que se invierte de dinero público para impulsar el crecimiento de las telecomunicaciones. Gran parte de lo que existe es financiado por la empresa privada o impulsado por la FCC.
La red LTE Avanzado de Chile surge desde sus inicios como iniciativas locales para un mercado local; la de Puerto Rico como extensión a una estrategia nacional estadounidense más amplia. En este sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías como el futuro 5G (IMT-2020) o el incremento en las velocidades de transmisión de datos para cada hogar en el país sudamericano depende de iniciativas totalmente locales mientras que en Puerto Rico mayormente se espera el mandato que llega desde Washington DC, Estados Unidos.
Sobre Puerto Rico…
Resalto la labor de Rúa en la JRT porque desgraciadamente históricamente la JRT ha sido uno de las entidades del gobierno de Puerto Rico de menor importancia para la administración de turno. Por ejemplo, el nombramiento del presidente actual – Rúa – llega casi seis meses después de la toma de posesión del gobernador, algo inaudito si pensamos que estamos viviendo en un mundo cada vez más digital. Hay que recordar que en el pasado el gobierno de Puerto Rico había creado la oficina del CTO (acrónimo en inglés para Chief Technology Officer), sin que esto resultara en un esfuerzo por armonizar todas las páginas de Internet de la isla o el establecimiento de una iniciativa de gobierno electrónico sostenible a largo plazo. Una creación no justificada desde sus comienzos, las responsabilidades de la Oficina del CTO bien podrían haber sido manejadas desde la JRT como se hace con este tipo de iniciativas en la gran mayoría de entes de regulación del mundo.
Lo que sí se puede hacer localmente en Puerto Rico es un análisis del impacto que tendrían las TIC en diversos segmentos verticales de la economía en términos de mejorar eficiencias, ahorro de dinero, reducción de tiempos de entrega y, por supuesto, incremento en productividad.
Todo lo anterior tomando ventaja del lugar que ocupa la isla como miembro de entidades de América Latina que le brindan acceso a experiencias valiosas de mercados culturalmente similares – imperativo en el futuro mundo de los contenidos. Mientras que también hace parte de todos los proyectos e iniciativas de Estados Unidos, donde puede forjar mayor cooperación con reguladores estatales de ese país.
No se trata de cambiar el foco según los intereses a largo plazo del gobierno de turno, es sentar las bases para ir fortaleciendo a la industria local de TIC y utilizarla como punto de partida del crecimiento económico de las próximas generaciones. Este legado es apolítico pues beneficiaría a cualquiera de las alternativas de status político que se discuten para Puerto Rico: independencia, integración a Estados Unidos como estado federado de la unión, libre asociación o continuar como colonia.
Referencias
Las imágenes son de Pixabay.