Hace algunas semanas tuve el privilegio de ser invitado a dar una presentación en un foro sobre convergencia organizado por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. La reunión celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación tuvo entre sus ponentes a especialistas que discutieron temas tan diversos como la concentración de medios hasta derechos humanos en un entorno digital.
Mi intervención se centró en la parte técnica de este mundo digital. Me limité a explicar la topología de las redes de telecomunicaciones, centrándome en las que prestan servicios inalámbricos. El objetivo era que se entendiera la evolución de las tecnologías que hacen posible que la gran mayoría de los latinoamericanos accedan a contenidos digitales.
Aunque parezca sorprendente, cuando se habla de servicios de telecomunicaciones, casi siempre lo que escuchamos es la parte de acceso: cuántos abonados hay de un servicio específico o qué nuevos servicios van a estar disponibles en un futuro cercano. No obstante, cuando nos vamos a la parte trasera de ese escenario encontramos una realidad bastante distinta.
Lo primero que identificamos es que la parte inalámbrica de las redes celulares es la interface aérea, o sea la distancia que va desde la antena hasta el dispositivo que tiene que ser conectado. La mayoría de las veces todo lo que está detrás de esa antena está conectado por algún tipo de cable que puede ser de cobre o de fibra óptica. Mientras que la antena usualmente está en una torre pero no siempre.
¿Qué significan estos detalles de la red? Sencillamente que antes de llegar al punto de cómo los nuevos servicios digitales impactan la distribución de contenidos o cómo por medio de conexiones digitales se vulnera la privacidad de las personas, hay que enfrentar una normativa más antigua. Me refiero a los requisitos legales que tienen que ser cumplidos para poder obtener la autorización necesaria para desplegar la red que finalmente nos permitirá hablar o conectarnos a Internet.
Otro punto importante mencionado es el impacto que tiene la adjudicación de espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta que cada tecnología inalámbrica tiene un requisito mínimo de MHz que necesita para ser desplegada o que bloques más grandes de espectro permiten velocidades de transmisión de datos más rápidas. Tampoco es de olvidar que aunque la frecuencia utilizada determina el número de radio bases que precisa el operador para cubrir un área geográfica especifica, esto no implica que todas las bandas bajas sean mejores que las altas.
La disponibilidad de equipos y las economías de escala son dos elementos muy importantes al momento de desplegar una red. Es muy sencillo, sin dispositivos baratos es sumamente difícil masificar los nuevos servicios a menos que el operador esté dispuesto a subsidiarlos. Aquí ya entramos en temas legales completamente ajenos a la tecnología, pues la disponibilidad y precio de teléfonos, tabletas o portátiles recae en la regulación impositiva del mercado o en la política monetaria del estado.
Otro punto importante al momento de desplegar redes son los requisitos que tiene que cumplir el operador como condición por recibir una concesión de espectro del Estado. No hay duda que el espectro es propiedad del Estado y que las concesiones son su forma de alquilarlo. Pero en ocasiones las obligaciones son tan irreales que cumplirlas es contribuir al realismo mágico latinoamericano.
El mejor ejemplo es el despliegue en Bolivia de radio bases LTE soportadas por conexiones de baja velocidad que al momento de su lanzamiento sólo era capaz de ofrecer velocidades 3G.
