La semana pasada tuve el privilegio de escuchar la opinión de muchos representantes de gobierno de distintos países de las Americas explicar la importancia que tendrá para el crecimiento de sus economías el despliegue y adopción de 5G. Las coincidencias eran numerosas e incluían referencias a la transformación digital, el rol del Internet de las Cosas en la digitalización del sector empresarial y los beneficios que una menor latencia brindarán al comercio electrónico.
Quienes están acostumbrados a leer sobre la industria de telecomunicaciones y se han topado con más de un artículo sobre 5G reconocerán los temas comunes que rodean a esta tecnología. No obstante, fueron las menciones que se hicieron con más rapidez las que me llamaron la atención. Aquellas que de forma directa o indirecta apuntaban a los retos que enfrenta América Latina en su camino hacia la digitalización de su diario vivir.
De esta manera, mientras algunos hablaban del impacto del COVID-19 que mostraba los problemas en acceso a tecnologías y la necesidad de nuevas métricas de mercado, yo escuchaba un mensaje un poco distinto. Por un lado, era claro que mediciones genéricas de número de líneas a nivel nacional o estatal ya no serían suficientes para pensar una estrategia digital nacional. Por otro, la asimetría en el tipo de acceso a las líneas contratadas resaltaba un tema crucial que se sale de los parámetros de la industria de las telecomunicaciones: el poder adquisitivo de las personas.
Otro gran tema que se mencionaba como de gran importancia era el de la cobertura. Algunos oradores mencionaban la necesidad de llevar servicios a zonas vulnerables para que las personas pudiesen beneficiarse de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Una declaración que se escucha prácticamente cada dos o tres días en el mundo de las telecomunicaciones, que en mi opinión no deja de ser una apelación al sentimiento de justicia de quien la escucha.
Faltaba saber cómo la cobertura iba a ser complementada para que los más vulnerables si puedan beneficiarse de esa cobertura ya que tienen acceso a los dispositivos necesarios para conectarse a las redes, puntos de venta de servicios (o recargas) a una distancia razonable y capacitaciones que muestren para que sirve el Internet más allá de redes sociales, plataformas de chat o videos a veces poco decorosos. Tal vez esto sea producto del cinismo que se desarrolla cuando se crece rodeado de políticos acostumbrados a endulzar el oído sin realmente explicar como cumplirán sus promesas.
Luego comenzaron los diálogos acerca de la necesidad de incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico que se asigna a los operadores del mercado. Aquí parecía unánime el pensamiento de que había que entregar espectro para que 5G se convierta en una realidad. Las diferencias se notaban en los pasos a tomar por cada gobierno, desde apuntar a frecuencias distintas hasta desestimar la importancia de otras.
Curiosamente notaba que orador tras orador había un entendimiento tácito acerca de la solución a la escasez de espectro radioeléctrico asignado en América Latina y el Caribe: entregar más. Casi nadie se molestó en explicar el proceso en que se haría esta entrega o la disponibilidad de los operadores móviles a acceder a nuevas frecuencias bajo los parámetros que exige el gobierno.
Una rápida mirada hacia América Latina nos muestra en México un mercado donde dos de sus tres operadores móviles minoristas decidieron regresar espectro radio eléctrico al gobierno, afirmando que sus costos son demasiado altos. Colombia celebró su más reciente subasta de espectro para servicios móviles sin la participación del segundo operador móvil en número de líneas del país. Guatemala vivió la destitución de su superintendente de telecomunicación supuestamente por su posición hacia la entrega de más espectro para servicios móviles. Ecuador enfrenta quejas de los operadores por los diecinueve tipos distintos de impuestos para el sector móvil incluyendo uno por cada punto de acceso de radio (léase antena) lo que haría prácticamente imposible un despliegue en bandas milimétricas. El congelamiento de tarifas en Argentina hace prácticamente imposible que los principales operadores móviles del país participen en un proceso de asignación de espectro radioeléctrico a corto plazo. Brasil ha pospuesto varias veces su “subasta 5G” por el impacto del COVID-19 en las finanzas de los operadores.
La lista continua y se hace bastante larga. Queda claro que el lanzamiento exitoso de redes 5G traerá beneficios tanto a los gobiernos como a los operadores por lo que es necesario un mejor diálogo entre las partes. Ya no nos encontramos en un mundo donde los servicios móviles apuntaban y afectaban primordialmente el mercado nacional. La digitalización de los segmentos productivos de la economía está forzando una innovación más rápida pues ahora se compite contra rivales que pueden estar basados en países que si han digitalizado sus empresas, permitiéndoles una posible reducción de tarifas sin impacto en sus márgenes de ganancia.
La necesidad de este diálogo es el que impulsa un cuestionamiento acerca de llevar adelante procesos de subasta que tienen una gran posibilidad de quedar desiertos porque bajo el contexto macroeconómico que se vive mediante la pandemia ya que pensar que asignar espectro es un atajo para cuadrar el presupuesto es un grave error. No solo se trata de poner el foco en lo que se hace para fomentar el desarrollo, cómo se hace también importa.
