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Desafíos de Costa Rica en su camino a una infraestructura digital

Columnista Invitado, Edwin Estrada

Una de las situaciones que esta pandemia ha puesto al descubierto, son los retos de conectividad, de acceso a los servicios de telecomunicaciones y de alfabetización digital que enfrenta Costa Rica. Ya muchas personas han alzado la voz, proponiendo proyectos de ley y otras acciones para lograr que todos los habitantes, especialmente los más vulnerables, obtengan de manera inmediata el acceso y las habilidades adecuadas que permitan la apropiación de las TIC para hacer un uso provechoso y seguro de las mismas, permitiendo ser más competitivos con el fin de mejorar la calidad de vida.

Pero ¿qué se necesita para lograr dichos objetivos?, ¿cuál es esa solución final?; en los últimos meses muchos han vuelto su mirada hacia el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) convencidos de que es por medio de su ejecución, que se va a llevar hacia la Costa Rica de la Cuarta Revolución Industrial.

Ahora bien, tomando en cuenta que la infraestructura de todos los proveedores de servicios al final es una sola “carretera”, es importante tener claro cómo se despliega una red de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los elementos que la componen y quiénes intervienen en este proceso? Para luego identificar, ¿cuáles son las acciones que deben realizarse al más corto plazo y de esta manera lograr que sea robusta,  escalable y con capacidad de ir soportando el aumento del tránsito de datos, conforme los habitantes y las industrias conecten más y diversos dispositivos? De esta forma, apropiándose y utilizando al Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el Big Data y muchas otras aplicaciones que existen actualmente, pero que en mayor medida se masificarán en un futuro cercano, sin que hoy podamos ni siquiera imaginar qué es lo que vendrá.

Desde el punto de vista comercial, en el caso de Costa Rica, los operadores de redes móviles de telecomunicaciones tienen consignados en sus contratos obligaciones de cobertura; por su parte, los demás proveedores brindarán servicios de Internet por medio de cable coaxial o de fibra óptica, desarrollándose de acuerdo con su estrategia de negocio.

El complemento de la red, que podríamos denominar “solidaria”, es aquella a desplegarse en zonas donde no es atractiva la inversión de los operadores, siendo estos lugares principalmente rurales y montañosos, que por su distancia o por lo difícil del acceso,  se requiere un alto costo de inversión versus un retorno económico muy bajo y donde además viven muchas personas en condición de vulnerabilidad, se construye con el financiamiento de FONATEL, el cual se nutre íntegramente con recursos aportados por los operadores, públicos y privados.

Por medio de este mecanismo, hasta el 1ro de noviembre de 2021 se ha invertido la suma de US$209.343.338,42 (US$41,68 per cápita) con un compromiso de US$591.222.099,67 (US$118,24 per cápita)) al 2027 en los proyectos que se están ejecutando, sin detrimento de las nuevas metas que se dispongan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es el instrumento de política pública por medio del cual se definen los proyectos a ser financiados con este Fondo.

Como puede observarse, la porción que se construye con los recursos de FONATEL, es un elemento más, parte de aquella red única, en la cual, por medio de la interoperabilidad, discurren los datos y la información generada por todos los dispositivos conectados, independientemente del proveedor que escoja el usuario.

Ahora bien, hablando técnicamente, una red de telecomunicaciones consta primordialmente de dos elementos: La infraestructura activa que corresponde a espectro radioeléctrico, equipos electrónicos, antenas, etc.; y la pasiva que es esencialmente la infraestructura civil, terrenos, postes, torres, ductos, elementos de red y fibra oscura.

Si bien es cierto son los proveedores de servicios los que tienen la obligación de invertir y desplegar su propia red, existen otros actores, principalmente instituciones del Estado, que interactúan en este proceso, imponiendo limitaciones y atrasos al despliegue de la infraestructura, tanto a la comercial, como al segmento construido con FONATEL.

Desde el 2016, el Viceministerio de Telecomunicaciones identificó cuáles eran los cuellos de botella, quiénes eran los actores involucrados y cuáles es la normativa que debe ser emitida; para posteriormente diseñar una estrategia que pueda solventar dicha problemática.

Fue así como se modificaron una serie de reglamentos que tenían incongruencias, se acompañó a los gobiernos locales de todo el país para lograr que su normativa obsoleta se adaptara a las mejores prácticas y fuera consecuente con la ciencia y la técnica, se asesoró a otras instituciones públicas para crearles conciencia que también tenían su cuota de responsabilidad en el tema del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Si bien es cierto, en mucha medida se tuvo éxito con las acciones, siendo que incluso el trabajo realizado por la Comisión de Infraestructura que dirige el Viceministerio de Telecomunicaciones con la colaboración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), fue destacado en el informe del año 2019 de Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), muchas instituciones, aún no han hecho las acciones que les corresponden, por lo que siguen habiendo trabas importantes para llevar los servicios, principalmente a las zonas más recónditas del país.

La primera traba y que es el común denominador en todas las instituciones involucradas es la lentitud y la burocracia con que se tramitan los permisos relacionados con este tema, por lo que sin exclusión alguna deben hacer introspectiva para mejorar y hacer procedimientos más eficientes y eficaces.

Algunos de los actores que más impacto tienen, junto con sus acciones pendientes son:

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): Al ser el rector de obra pública, posee una gran responsabilidad, ya que tiene la obligación de incluir dentro del diseño de los planos de ampliación de carreteras las especificaciones técnicas para la infraestructura de telecomunicaciones, siendo que dichas vías son por donde naturalmente transcurren a las redes. A pesar de la colaboración hecha por el Viceministerio de Telecomunicaciones y por la SUTEL desde el 2017, poniéndole a disposición un borrador de reglamento que contiene dichos elementos, aún no se ha emitido; además, está pendiente la construcción de otra norma de regule la gobernanza de dicha obra.

En el tema de gestión hay muchas tareas que se deben corregir, por ejemplo el departamento competente de otorgar los permisos de rompimiento de suelo dura hasta 3 meses resolver un solo trámite, y por si fuera poco, en el proceso de construcción de carreteras que se está desarrollando actualmente, hay total descoordinación con los operadores para que oportunamente trasladen su infraestructura ante el avance de las obras, este es el caso por ejemplo de la ruta 32 que es por donde transita hasta el 70% de los datos del país. 

Finalmente, y en aras de coadyuvar con el proceso de planificación de construcción de vías, el MOPT emitió un Decreto a finales del año 2019 creando una Comisión en la cual el Viceministerio de Telecomunicaciones tiene una silla, y actualmente, a pesar de las insistentes excitativas, no ha sido convocada ni una sola vez, siendo que incluso este tema es parte de las recomendaciones acogidas por la mesa de diálogo coordinada por el Frente de Trabajadores del Banco Popular y que finalizó hace algunos meses.

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): El MINAE tiene pendiente la modificación de un reglamento, que prohíbe la solicitud de permisos de viabilidad ambiental a poseedores y usufructuarios de los fundos, con lo que limita los sitios que, de acuerdo con criterios técnicos son los convenientes para instalar una torre o poste, perjudicando principalmente a las zonas rurales donde muchas personas lo que tienen son dichos derechos reales, más no un derecho de propiedad pleno.

Municipalidades: Muchas de las cuales tienen reglamentos que deben mejorarse sustantivamente, en este apartado, destacan negativamente las de Limón y la de Sarapiquí que del todo no poseen reglamentos, transgrediendo gravemente el principio de seguridad jurídica, el cual es base de una sólida democracia como la nuestra, y privando a sus habitantes y visitantes del acceso a los servicios de telecomunicaciones y las oportunidades que éstos presentan. Aunado a lo anterior, todas estas entidades deben revisar la eficacia de los procedimientos implementados. Como un caso ejemplar, debe mencionarse la Municipalidad de Río Cuarto, que a las pocas semanas de iniciar sus labores formalmente, ya tenía un reglamento debidamente aprobado.

Administración pública en general: Una de las características de las redes 5G, es la gran cantidad de pequeñas radio bases que se deben instalar, principalmente en zonas de alta densidad poblacional y de tránsito, y para esto deben ponerse a disposición todos los edificios públicos, sin que hasta el momento se haya logrado.

Contraloría General de la República: En virtud de la situación fáctica descrita anteriormente, y como una medida desesperada para lograr llevar adelante este proceso, se acudió a la Dirección de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, que es la encargada de construir el ranking que califica a los gobiernos locales, con el fin de plantearle incluir dentro de dicho instrumento, indicadores que reflejaran las acciones municipales para crear el entorno habilitador para que en el correspondiente territorio, se desplegaran las redes y por ende se tuviera acceso a los servicios, este acercamiento no se limitó solamente a pedir ayuda, sino que se puso a disposición el trabajo y la experiencia de los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones quienes después de la aplicación de un proceso metodológico riguroso, lograron identificar al menos 10 indicadores que fueron formalmente presentados a dicha unidad, por medio de un informe técnico que al día de hoy debe estarse enmoheciendo en la última gaveta del escritorio digital de algún funcionario.

Es así como ante la presencia de múltiples actores, es necesario que exista voluntad política, así como coordinación y articulación al más alto nivel, para que todas estas acciones y muchas otras que no fueron consignadas en esta reflexión, se puedan ejecutar oportunamente y poder contar con la calidad de servicios que demandamos.

Si no se toman de manera inmediata las acciones en los temas de infraestructura digital, los operadores no podrán seguir desplegando oportunamente las redes comerciales ni las redes financiadas con los recursos de FONATEL, limitando la entrada exitosa de Costa Rica a la Cuarta Revolución Industrial, condenándonos al ostracismo digital con las graves consecuencias que ello conlleva.

Edwin Estrada fungió como viceministro de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica de mayo 2016 a julio de 2020. En la actualidad es Director de desarrollo para NAE en América Central. Su cuenta de Twitter es @EdwinEstradaH.

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