Columnista invitado: Rodrigo Ramírez*
En Chile, hace unos días provocó polémica el anuncio del código “Pasaje QR” por parte del Banco Estado y el Ministerio de Transporte, un aplicativo que permite con el lector del teléfono móvil pagar el transporte público, sin embargo, más allá de la funcionalidad, la preocupación ciudadana se centró en la falta de transparencia sobre cuáles eran las condiciones de resguardo de los datos personales, ya que las cláusulas de este nuevo servicio permite a un tercero comunicar, transmitir, transferir, ceder los datos personales de georreferenciación, de lP del teléfono móvil e historiales de navegación.
Este caso y otros, en un contexto de pandemia, ha venido a intensificar el valor de la ciudad como espacio de recolección de datos personales. Territorios para capturar datos biométricos, máquinas térmicas para escanear de temperatura corporal, aplicaciones de trazabilidad y monitorización, tecnologías de reconocimiento facial, uso de varios tipos de software de video vigilancia y control de las medidas de confinamiento, servicios de drones para teledetección, cámaras callejeras, sensores en los paraderos de buses, dispositivos de perfilamiento y patrones de movimiento, despliegue tecnológico que se tensiona con la protección de los datos personales, con el derecho que tienen los ciudadanos a aceptar de forma explícita lo que se va a hacer con sus datos y con qué finalidad será usada su información personal.
No es ficción los problemas éticos vinculados a los datos personales, ciudadanos que han sido objeto de sesgos algorítmicos que han contribuido a aumentar la discriminación y perpetuar sesgos sociales y culturales pre-existentes, así en los análisis de riesgos que hacen los bancos a la hora de otorgar un préstamo, el reconocimiento facial en aeropuertos y pasos fronterizos, la evaluación del perfil de una persona candidata a un puesto de trabajo, la lista de espera y preferencia en la atención hospitalaria en urgencias, los algoritmos de una red social en una campaña electoral, por poner algunos ejemplos, que se sustentan en decisiones automatizadas, contribuyendo a la discriminación algorítmica por razón de raza, edad, género, procedencia, ingresos, creencia, religión o sexo, entre otras.
Por otro parte, hay varios buenos ejemplos sobre estas tecnologías usadas para el bien común y su aporte a una gestión más eficiente de los territorios, logrando por ejemplo, mayor seguridad en el transporte público, reducción de los tacos [congestión de tráfico, nota del editor] a hora peak, bajar los accidentes de tránsito; predecir los riesgos de infección de transmisión humana; gestionar la calidad y suministro de agua en sectores con amenaza hídrica; alertar de manera temprana las futuras enfermedades urbanas; sistemas de alerta de emergencia para evacuar ante amenazas de tsunamis, uso de macro datos y de algoritmos matemáticos para seguridad predictiva; análisis de datos masivos para predecir la localización de los departamentos sobre alquilados y ubicar edificios que requieren atención urgente ante posibles incendios; red de sensores térmicos en parques para gestionar amenazas de incendios, modelos de inteligencia artificial aplicados en la construcción de viviendas sociales bajo principios ecológicos que reducen el consumo de energía y el uso eficiente del agua, para citar algunos.
Las ciudades donde es posible reconocer este uso han impulsado estrategias de algoritmos y datos para el impulso ético de la tecnología a la gestión y los servicios públicos respetando los derechos digitales de la ciudadanía. Ámsterdam, Nueva York, Helsinki, Barcelona, Toronto o Seattle son casos de la construcción de un modelo de uso de tecnologías emergentes basado en los derechos humanos y comprometido con una sociedad digital democrática.
El uso masivo de datos, la inteligencia artificial, las tecnologías convergentes (nanotecnología, biotecnología, informática y las ciencias cognitivas), están redefiniendo las ciudades y el futuro. Los ciudadanos le demandan a la ciudad que adopte medidas más eficientes para solucionar problemas públicos, y la ciudad sabe que debe convivir con la innovación tecnológica y recurrir a la gestión estratégica en el uso intensivo de los datos para dar mejor respuesta a las expectativas crecientes de la ciudadanía, pero el ecosistema será confiable, humano y seguro, si se enmarcan dentro de un modelo de ciudad al servicio del humanismo tecnológico, que tenga consideraciones mínimas ancladas en las personas, en la protección y finalidad de los datos, resguardando los riesgos asociados a su procesamiento, respetando la dignidad humana y el derecho a la privacidad.
El desarrollo digital y la innovación tecnológica es fundamental para impulsar una nueva estrategia de crecimiento que permita contribuir a superar el impacto del COVID y garantizar una ruta para el progreso social y económico. Con ello, la ciudad entiende que no se sostiene si no aprovecha mejor los datos que en ella se generan, aplicando la inteligencia urbana junto a la gestión estratégica del territorio. Para eso es urgente ampliar las capacidades estructurales e institucionales de los gobiernos regionales para avanzar en estrategias de desarrollos territoriales, innovadoras y de alto impacto, que permitan abordar los problemas públicos y que sean parte de un marco de gobernanza ética sobre cómo se manejan los datos y para qué propósito; su calidad e integridad, así como las garantías de privacidad y seguridad, más una infraestructura digital y de datos segura, talento digital para transformar el dato en un bien público, contribuyendo a la construcción de una sociedad innovadora, sostenible y con pleno respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Gobernar la tecnociudad, habitar las nuevas tecnologías, recorrer geografías intensivas y masivas de datos, transitar por contornos digitales, implica un debate sobre la orientación del cambio acelerado en la sociedad y el tipo de impacto que éste tiene en las personas y las comunidades, a fin de asegurar que las consideraciones sobre derechos humanos en el espacio digital se vuelvan tan evidentes como los derechos humanos universales y las garantías fundamentales que ya están consagradas en el mundo análogo.
La digitalización de la ciudad, el despliegue de innovaciones disruptivas y de tecnologías digitales por calles, parques, avenidas, vecindarios, paraderos de buses, espacios urbanos cada vez más digitalizados e interconectados, al que se enfrentan a diario ciudadanos con y sin habilidades, menores o mayores, trabajadores y estudiantes, se presentan cada vez con más desconfianza ante la exposición continua en un ambiente tecnificado. Las ciudades y la autoridad pública deben ser capaces de recuperar esas confianzas, y para ello deben tener una premisa básica, como por ejemplo cuando anuncian una aplicación del tipo “PasajeQR”, las personas deben entender, de una manera fácil y pedagógica, quién hará qué con sus datos y cuáles son los beneficios que obtendrá con ello, este es el mínimo para dar a la ciudadanía la confianza de que sus datos están seguros y que las condiciones de uso fueron establecidas de manera transparente, revisadas y chequeadas, en pro de los derechos digitales a todo evento y circunstancia.
La ciudad como expresión de la transparencia de los actos públicos y sus antecedentes, impulsor de los datos abiertos y reutilizables, de forma tal que todo el ecosistema de desarrollos y aplicaciones que se generen en el territorio tengan valor público que permitan el avance de nuevos servicios y el mejoramiento de las políticas públicas y la innovación, así́ como también que permita la interoperabilidad y una buena toma de decisiones entre diferentes organismos públicos y privados, además de la obtención de mejores activos digitales.
En este contexto, el debate sobre una nueva Constitución en Chile, es una oportunidad para plantear una nueva estructura del Estado capaz de adaptarse y garantizar un sistema de protección y promoción de los derechos digitales, mínimos comunes digitales, reconociendo libertades e igualdades para desarrollar un nuevo contrato social digital, así como de un nuevo chasis institucional y una nueva arquitectura en su gobernanza digital, capaz de canalizar la fuerza transformadora del desarrollo tecnológico y la digitalización humanista y sostenible para el bien común.
La responsabilidad digital está irremediablemente vinculada con el respeto a los derechos humanos y especialmente al derecho fundamental sobre el valor de la protección de los datos personales. La convergencia de tecnologías emergentes como la IA, Big data, Internet de las cosas, Biometría, Blockchain, 5G, 6G o el uso de datos genéticos, debe aplicarse de forma responsable y proactiva, teniendo como anclaje una gobernanza ética de los algoritmos en las ciudades, que por una parte permitan gestionar las oportunidades y los riesgos generados por la tecnología y , por otra, garantizar la protección y promoción de los valores como la dignidad, la libertad y la autonomía de la persona.
Rodrigo Ramírez es Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital y Director del Programa Políticas Públicas para el Desarrollo Digital en América Latina y El Caribe en FLACSO. También fue Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile durante el periodo 2016 – 2018. Su cuenta de Twitter es @rodrigo_ramirez.
*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión oficial de este blog.