Las pasadas semanas han estado llenas de eventos que han conmocionado al mundo. Desde el sorpresivo triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos hasta el trágico accidente aéreo que dejo sin vida a un modesto equipo de futbol brasileño, Associação Chapecoense de Futebol, que viajaba a la hermosa ciudad de Medellín a jugar la primera final internacional de su historia. Un club que apenas hace siete años jugaba en la división D del fútbol brasileño.
La noticia que mayor impacto ha tenido a nivel latinoamericano y global ha sido la muerte de quien fuera líder político y moral del gobierno cubano por más de seis décadas: el comandante Fidel Castro. Sin entrar en evaluaciones acerca de su legado o impacto, su muerte ha abierto una especie de Caja de Pandora de especulaciones que inevitablemente rayan en un híper-optimismo infundado sobre las grandes posibilidades de crecimiento económico, privatización y aumento de consumo de los cubanos gracias a la entrada de empresas estadounidenses en la mayor de las Antillas. Bajo esta perspectiva, que considero sumamente simplista, el único obstáculo para incrementar el poder adquisitivo de los cubanos y modernizar una infraestructura nacional que lleva varias décadas de atraso era la muerte de una sola persona.
Como sucede en cualquier país del mundo, independientemente de la visión político-económica de su gobierno, no se puede hablar de privatizar o liberalizar (términos que no son sinónimos) un sector productivo si no se consideran los obstáculos que enfrentas a corto, mediano y largo plazo las autoridades de gobierno locales. Limitando mis comentarios al mercado de telecomunicaciones, la respuesta a esta pregunta en relación a Cuba está plagada de incertidumbre.
El acercamiento que comienza en 2009 la administración del Presidente Barack Obama de los Estados Unidos para paulatinamente normalizar las relaciones bilaterales con Cuba, dando desde sus inicios gran importancia al sector de las comunicaciones, culmina en 2015 con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Principalmente porque la total normalización de relaciones entre estos dos países aún no ha concluido.
Parte de esta incógnita surge de las declaraciones del Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña presidencial y de forma más reciente en un comunicado de prensa emitido luego de la muerte de Fidel Castro. Entre las promesas que hizo como candidato a presidente, Trump comunicó sus intenciones de revocar todas las órdenes ejecutivas ordenadas por su antecesor. De cumplir esta promesa, habría un retroceso en la relación con Cuba pues se incluirían documentos claves en este proceso inconcluso. El impacto inmediato sería nuevas trabas en visitas a la isla por parte de ciudadanos estadounidenses y en un desaceleramiento en la llegada de nuevas tecnologías o servicios.
Manejando el supuesto de que no hay cambios en el camino a la total normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las atrevidas afirmaciones sobre la liberalización y privatización del mercado de telecomunicaciones isleño forma inmediata se presentan como palabras vacías que omiten entre otros elementos la realidad que se vive en este mercado antillano. Sobre todo si se considera que muchos interlocutores de estas palabras identifican a empresas estadounidenses como las mejor posicionadas a liderar la modernización y masificación de los servicios de telecomunicaciones en Cuba.
Cualquier proceso de diversificar el número de actores en el mercado de telecomunicaciones cubano vería su alcance limitado por la existencia de seis leyes que imponen un bloqueo económico a esta isla, que incluye entre otras cosas imponer sanciones a empresas no estadounidenses que establezcan negocios en Cuba. Por lo tanto, el primer obstáculo a sortear para como mínimo viabilizar la participación de capital estadounidense en proyectos en Cuba sería derogar estas seis leyes. De lo contrario, cualquier proceso de liberalización y/o privatización podría encontrarse con un listado reducido de interesados.
Aún con la poca mención en medios de prensa, durante el proceso de acercamiento hacia Cuba iniciado por el Presidente Obama el 19 de mayo de 2015 el senador demócrata por New Mexico, Tom Udall, presentó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos la Propuesta de Ley S.1389 (conocida en inglés como el “Cuba Data Act”) con el objetivo de abolir el embargo económico que existe hacia la isla. Esta medida fue presentada en la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2015 como el proyecto H.R. 3055 por el representante republicano de North Dakota, Kevin Cramer.
La aprobación de esta legislación sin apoyo del futuro Presidente Trump es altamente improbable pues al menos en los próximos dos años el Senado de los Estados Unidos tendrá una mayoría republicana. El nuevo presidente tendría que manifestar públicamente su apoyo a continuar los esfuerzos de su antecesor hacia Cuba, lo que implicaría ir en contra de sus promesas de campaña y del comunicado de prensa publicado luego de la muerte de Fidel Castro donde antagoniza con el actual gobierno cubano.
Del mismo modo, es importante mencionar que aún con la aprobación del Cuban Data Act por parte del cuerpo legislativo de Estados Unidos junto con un total apoyo por parte de la rama ejecutiva de gobierno el establecimiento de una relación comercial saludable entre el gobierno cubano y empresas estadounidenses debe cumplir con las decisiones judiciales en contra del gobierno de Cuba. Por ejemplo, el 22 de agosto de 2014 el juez Alvin K Hellerstein de la Corte de Distrito de New York concluyó que se pueden utilizar fondos congelados del gobierno cubano para compensar a quienes hayan ganado sus juicios en contra del gobierno de Cuba. Anteriormente, los descendientes de Robert Otis Fuller (asesinado en La Habana en 1960) solicitaban poder demandar en cortes estadounidenses a empresas que hacían negocios en Cuba para que los pagos destinados al gobierno de la isla se destinara a compensar a quienes habían ganado sus juicios en contra de Cuba en cortes estadounidenses. Resumiendo, reestablecer relaciones comerciales con Cuba tiene como prerrequisito cumplir con todos los mandatos del poder judicial sobre compensación de individuos que han ganado sus juicios contra las autoridades gubernamentales de la más grande de las Antillas.
Un aspecto importante y que no debe ser ignorado al momento de hacer proyecciones extremadamente optimistas sobre el futuro de las telecomunicaciones en un mercado cubano en competencia es cuál es la realidad económica del consumidor cubano. De hacerlo, vemos que este mercado de 11,2 millones de habitantes tiene un PIB per cápita nominal de alrededor de US$ 7.000 anuales según cifras del Banco Mundial. O sea, hablamos de un mercado con un poder adquisitivo limitado lo que impone un techo a lo que puede invertirse mensualmente en servicios de comunicaciones.
Traduciendo lo anterior: Cuba sería un mercado de bajo ARPU donde seguramente la adopción de algunos servicios de telecomunicaciones ocurra de forma acelerada siempre y cuando los operadores de telecomunicaciones inviertan agresivamente en el subsidio de dispositivos para lograr en el menos tiempo posible una masa crítica de clientes. Como se pude inferir, este acercamiento limitaría el número de empresas que podrían tener éxito en este mercado pues requeriría fuertes inversiones y bastante conocimiento sobre cómo ser exitoso en un entorno – al menos para servicios móviles – mayormente prepago. Esto sin ignorar que el perfil del cubano promedio presenta a un individuo enfocado en ahorrar los más posible – en términos económicos es un usuario altamente elástico.
La muerte del Comandante Fidel Castro ha instigado un optimismo exagerado sobre el rol que tendrían las empresas estadounidenses en el desarrollo económico a corto plazo de Cuba. Aún con la derogación del bloqueo económico hay que considerar que quien decide quién puede entrar a invertir en Cuba es el gobierno cubano. En este sentido, los líderes de esta nación Caribeña siguen siendo los mismos que estaban el poder durante los últimos años de vida de Castro. Asimismo, como país independiente es el gobierno cubano quien es responsable de definir las condiciones de cualquier proceso para entregar concesiones para la oferta de servicios en los distintos sectores de la economía, incluyendo la industria de telecomunicaciones.
No cabe duda que aún falta mucho camino por recorrer para que veamos la liberalización del mercado de telecomunicaciones cubano. Cuando finalmente ocurra, muchas empresas que cuentan con amplia experiencia en mercados latinoamericanos de bajo poder adquisitivo seguramente participarán del proceso. La gran mayoría de ellas no serán estadounidenses.
Referencia
La imagen es de Pixabay.