La parálisis que desde hace meses envuelve al mundo, mayormente en aquellos países que han tomado medidas serias por contener el avance del COVID-19, comienza a diluirse. Las personas comienzan a convivir con la pandemia al mudar su comportamiento para imponer como normal el distanciamiento social, el uso de máscaras y desinfectantes. El lado oscuro de este presente lo muestran líderes incapaces de aceptar sus limitaciones y en lugar de pedir ayuda para establecer un cronograma coherente para atender en su jurisdicción el impacto de esta emergencia global, prefieren disminuir su importancia condenando a cientos o miles de ciudadanos al contagio.
El mundo de las telecomunicaciones no se queda atrás y la parálisis que parecía imperar en los reguladores regionales en temas no relacionados a la pandemia comienza a desaparecer. No cabe duda de que se han impulsado iniciativas con el fin de garantizar servicios incluyendo esfuerzos para flexibilizar el despliegue de infraestructura, moratorias en el pago de servicios, creación de alternativas de servicio más económicas y hasta asignación temporal de espectro radioeléctrico adicional para evitar casos potenciales de congestión de redes.
Una de las consecuencias más importantes de la llegada de esta terrible enfermedad no ha sido mediática. Me refiero a la realización de numerosos foros auspiciados por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), como se le conoce al brazo de telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), para el intercambio de mejores prácticas por representantes de los distintos reguladores de América Latina.
Como era de esperar México estuvo bien representado por varios comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones donde, entre otros temas, explicaron el lanzamiento del programa “Línea de vida” por los miembros de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM) – lástima que la falta de financiación limite a tres meses los beneficios que una persona puede derivar de tal iniciativa.
Por su parte, los representantes de Colombia por su parte describían como comenzaron a reportar el trafico de los operadores cada dos días para detectar de forma temprana cualquier fluctuación drástica que pudiese interrumpir los servicios de telecomunicaciones. Algo que se observó durante estas reuniones de intercambio de experiencias fue que algunas de las iniciativas para mitigar el impacto del virus no surgieron de las autoridades nacionales.
Los países del Caribe también han ido compartiendo experiencias por medio de organizaciones como la Asociación Caribeña de Operadores Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), la Unión Caribeña de Telecomunicaciones (CTU), el Grupo Caribeño de Operadores de Redes (CaribNOG) y el Registro Americano de Números de Internet (ARIN) quienes han ido desarrollando webinarios y foros virtuales para comunicar las dificultades que han ido encontrando los mercados más pequeños y fácilmente olvidados de las Americas. Desde envíos de equipos atrasados por semanas o meses hasta la pérdida de ingresos por el freno en el turismo han sido situaciones que han tenido que lidiar estas pequeñas economías. Temas que van desde seguridad y mitigación de desastres hasta la importancia de los puntos de intercambio de trafico de Internet (IXP) han sido abordados por representantes del gobierno, operadores y especialistas. Así como en tierras continentales, en tierras insulares se reconoce a la información y conocimiento como la principal herramienta que servirá para enfrentar los cambios forzados en el comportamiento de las personas forzados por el COVID-19.
También es importante resaltar el rol del sector privado, empresas de contenido digital como Facebook o Netflix anunciando que degradaban su señal para consumir menor ancho de banda hasta municipios como el de Campinas en el estado de Sao Paulo en Brasil adoptando medidas extraordinarias para acelerar el despliegue de infraestructura. De esta manera, ha quedado manifestado que la cooperación de todos los actores del sector de telecomunicaciones es necesaria para lograr cambios que beneficien a los consumidores. Como he repetido en innumerables ocasiones, para establecer una estrategia nacional de evolución del sector de telecomunicaciones que incluya inclusión, digitalización y modernización de la infraestructura presente en el mercado el diálogo entre todas las partes involucradas es un elemento esencial.
Resuelto este dilema tan importante, muchos países han retomado el camino para allanar la llegada de nuevas tecnologías. Colombia, Chile y Perú han comunicado públicamente que desean tener redes comerciales de 5G en los próximos 12-18 meses. Brasil ya hizo lanzamientos de la tecnología y, junto a Colombia, ha publicado un documento delineando su plan para el crecimiento y uso del Internet de las Cosas. Los países del Caribe no se quedan atrás con el cambio de gobierno en Republica Dominicana siendo el preámbulo de un mayor énfasis en políticas publicas dirigidas a encaminar hacia la transformación digital. Un camino que quieren emular Aruba y Curazao, este último intentando progresar en su objetivo de convertirse en una “isla inteligente,” un eufemismo más para la digitalización de todos los procesos productivos como bien dicta la transformación digital.
Hay un elemento en común en la gran mayoría de estos ejemplos independientemente del tamaño del mercado, el compromiso que se palpa desde la rama ejecutiva por impulsar la tecnología como herramienta de desarrollo. La visión que se escucha a nivel regional es la de ir buscando un desarrollo transversal de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para preparar para el futuro a los países de la región. Es por tal razón que muchas voces claman por mayor independencia y poder de los reguladores para poder concebir e implementar proyectos de digitalización nacional a largo plazo.
Claro que no todo son buenas noticias, siempre existen las ovejas negras del progreso. Mientras la tendencia global es crear reguladores convergentes para coordinar de manera integrada la transformación digital en el mercado en lugares como Puerto Rico y México, se actúa diluyendo el poder de los entes de política pública del sector TIC. Venezuela por su parte continua su peregrinar por una pasado que rehúsa ser superado por el advenimiento de nuevas tecnologías y una política pública que no termina por entender el rol de las TIC en el crecimiento de una economía en pleno Siglo XXI. Quienes gustan de comparativas, el camino de Cuba en torno a las TIC es antípoda al que se empeña en seguir la administración del Presidente venezolano de facto Nicolas Maduro.
La falta de visión de algunos gobernantes solo en parte podrá ser cubierta por el sector privado o por pequeños operadores rurales que tienen que reinventar constantemente sus esfuerzos para subsistir en un marco legal que históricamente no les ha sido favorable.
Resulta una verdadera lástima lo que sucede en estos lugares, sobre todo cuando la mayor parte de la población no se da cuenta de como un puñado de políticas erradas pueden significar contabilizar el atraso tecnológico de algunas regiones, no en años sino en décadas. Todo sería más sencillo si se condicionara el apoyo a los líderes de turno por sus acciones y no por las promesas que son tan fáciles de hacer, pero tan difíciles de cumplir.