Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han experimentado durante los meses de la presente crisis global del COVID-19 un renacimiento por parte de la población y distintas autoridades de gobierno de nuestro planeta. De manera forzada, las TIC han ido evolucionando para dejar de ser una plataforma de entretenimiento o comunicación e ir mostrando a la población de forma concreta a qué se refieren los analistas y académicos al hablar de la transformación digital.
Repentinamente la bancarización digital que habilite al comercio electrónico se junta a las ofertas de teleeducación y telemedicina que comienzan a pulular principalmente en las urbes metropolitanas. Sin embargo, los desafíos que enfrenta el sector son numerosos pues el camino a un mundo más digitalizado está lleno de obstáculos que varían de país en país y, dentro de estos, de localidad en localidad.
Es por esta razón que el intercambio de experiencias entre los responsables de regular a la industria TIC se torna tan importante. Es un aprender constante de lo sucedido en otros mercados, identificar mejores prácticas y en lo posible colaborar para obtener mejores resultados de forma conjunta. Es precisamente desde este marco de colaboración e intercambio de ideas que esta semana tuve el honor de moderar un panel sobre regulación en los tiempos del COVID-19 en América Latina para la edición 2020 del Convergencia Show MX que, como pueden imaginar, fue totalmente virtual.
El panel fue diverso pues, aparte de la presencia del Comisionado Javier Juarez del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se contó con la participación de Mercedes Aramendía, Presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) de Uruguay y de Julissa Cruz, Directora Ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) de República Dominicana.
Lo que no era aparente al presenciar a los directivos de estos entes de regulación es la enorme diferencia en las realidades de cada uno de estos países. Por un lado, nos topamos con República Dominicana que ostenta la mayor población de un mercado de telecomunicaciones en competencia de las Antillas. Asimismo, su realidad insular tiene la complejidad de ser parte de la Española, una de las dos islas de la región que divide su territorio en dos países – la otra es San Martín en las Antillas Menores.
La realidad insular de este mercado hace que la mayoría del comercio ocurra por medio de buques y aviones, ambos medios de transporte impactados negativamente por el COVID-19. Además, la localización geográfica ha hecho que el país tenga que acoplarse a una realidad en la que comparte el impacto de la pandemia con la llegada del polvo del Sahara (que afecta al sistema respiratorio de las personas) y la siempre presente amenaza de los huracanes durante una temporada que va desde el 1ro de junio hasta el 30 de noviembre.
Uruguay se presenta como un país líder en el lanzamiento y adopción de nuevas tecnologías como fibra al hogar, LTE y, de manera más reciente, 5G. También es uno de los principales exportadores de software de la región y cuenta con un sofisticado sistema financiero. Esta realidad se complementa con la presencia de un fuerte operador estatal de telecomunicaciones que cuenta con monopolio en la oferta de servicios alámbricos, nula presencia en el mercado televisivo y competencia en la oferta de servicios móviles.
Uno de los desafíos que presenta el mercado uruguayo para el crecimiento de servicios de telecomunicaciones es la enorme asimetría en densidad poblacional que exhiben sus departamentos (unidad de división política del territorio uruguayo) con 13 de los 19 departamentos con menos de 10 habitantes por kilometro cuadrado, mientras que la Ciudad de Montevideo presenta una densidad superior a los 2400 habitantes por kilómetro cuadrado según cifras del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. ¿Cómo asegurar conectividad de calidad y acceso a las TIC para todos los ciudadanos uruguayos de forma rentable por parte del sector privado? ¿Cómo lograr la cobertura por parte del operador estatal sin que esta se convierta en una carga financiera para el estado?
Finalmente, México es el país hispanoparlante más poblado del mundo con diferencias abismales en la distribución de riquezas entre su población y fuertes contrastes en la infraestructura presente en sus distintos estados. Además, es el único regulador presente en el panel que fue creado por un mandato constitucional que tiene como intención asegurar su independencia de la injerencia política de turno. Protección que se ha visto resaltada durante los últimos meses de intervención directa por parte de la administración del Presidente Andrés Lopez Obrados y que culmina con la eliminación del ente de gobierno encargado de la política pública de telecomunicaciones en el país, la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, creando dudas acerca de la elaboración de una política pública que impulse la transformación digital en este país multinacional.
El panel generó muchos ejemplos del trabajo e importancia que se habían realizado desde las oficinas de gobierno para asegurar el servicio de comunicaciones a la población, asegurar la operación sin fallas de servicio y proteger a los trabajadores que mantienen funcionando estas redes. Entre los esfuerzos se enumeraron iniciativas de tarifa cero para que ciertos servicios fuesen libres de costo, el diálogo con los proveedores para flexibilizar los planes de servicio y la educación de los usuarios.
Precisamente el tema de la educación fue uno de los más mencionados de forma directa o indirecta por todos los panelistas. Por ejemplo, la presidenta de URSEC afirmó acertadamente que “sólo con la conectividad no alcanza”. Esta aseveración fue inmediatamente apoyada por los representantes de México y República Dominicana. En el caso de la directora de INDOTEL especificando que es sumamente importante educar a los gobiernos locales sobre la importancia de desplegar infraestructura de telecomunicaciones en su jurisdicción.
El comisionado del IFT por su parte mencionaba como la nueva normalidad creada por la pandemia estaba impulsando un estudio forzado del potencial de las telecomunicaciones en las distintas facetas de nuestra vida. Simplemente, en palabras del comisionado Juarez, “esta crisis sanitaria nos está enseñando que la transformación digital es una cuestión de vida o muerte».
La presidenta Aramendía de URSEC concordaba con estas palabras al afirmar que “el COVID-19 aceleró la transformación digital en muchas áreas,” pero dejó en claro que el camino a la transformación digital es asimétrico pues como se ha visto en medio de la crisis “aquellas organizaciones que ya estaban preparadas pudieron adaptarse más rápido”. La directora Cruz por su parte resaltaba que “la salud, la educación y la justicia se han soportado en la tecnología y en las plataformas para poder garantizar el servicio durante la pandemia”.
En otras palabras, los diferentes ejemplos ofrecidos por los representantes de estos países al final de cuentas confluían en tres temas comunes: la importancia del diálogo y cooperación entre los distintos actores del sector de las TIC, la necesidad de una capacitación continua en el uso de las nuevas tecnologías para que los ciudadanos puedan maximizar el beneficio que derivan de ellas y visualizar a la transformación digital como un objetivo a nivel país, no como simple política sectorial.
El panel concluyó reiterando la importancia de las telecomunicaciones. Caminar hacia un futuro digitalizado sólo podrá materializarse a través del diálogo y la colaboración de todos los involucrados pues su éxito o fracaso es responsabilidad compartida entre todos sus protagonistas. La buena noticia es que los representantes de los reguladores de México, República Dominicana y Uruguay están conscientes de los grandes desafíos y enormes oportunidades que ofrecen las TIC.
Ojalá y el tiempo les permita cumplir con las metas expuestas por cada uno de ellos en el panel pues eso redundará en una mejor calidad de vida y bienestar para cada uno de sus compatriotas.