El pasar del tiempo tiene como consecuencia que la memoria se vaya desalojando de presentes que dejaron de existir. Recordar es revisitar los buenos momentos, las sonrisas y circunstancias que nos agradaron. Enterradas quedan aquellas escenas de hartazgo, cansancio y frustración cotidiana que tal vez era la orden del día en otra vida.
Lo anterior también puede asociarse con el mundo de las telecomunicaciones latinoamericanas. Ese sector que en ferias, conferencias y discursos se ha tornado neurálgico para el crecimiento económico del país, el desarrollo humano y la innovación social. Las telecomunicaciones son tan protagonistas que más de una voz ha osado parafrasear a Fukuyama y declarar el fin de la historia si no hay un componente digital en constante evolución.
No obstante, queda claro el desconocimiento por gran parte de la población cuando los servicios de telecomunicaciones en la mayoría de los países latinoamericanos eran controlados por el estado. La realidad era muy parecida: poca inversión en la expansión de los servicios a zonas consideradas no muy rentables, poca inversión en nuevas tecnologías, grandes niveles de ineficiencia operativa y listas de espera de cinco o más años para acceder a una línea telefónica. Eran tiempos de monopolio, en los que los hogares y apartamentos con línea telefónica tenían más valor que aquellos sin conexión.
Precisamente fue por esta dejadez del estado y otras empresas públicas locales que en muchos lugares de las Américas fueron surgiendo otros jugadores pequeños para atender la demanda existente en la población. Desde cableros con menos de 30 clientes hasta cooperativas de telecomunicaciones ignoradas por el gobierno central, el mapa del sector era muy distinto al presente y se caracterizaba por tener a gran parte de la población sin acceso a una red terrestre de telecomunicaciones. Aquellos que sí tenían acceso tampoco podían acceder al servicio debido a sus altos costos mensuales.
La década de los noventa significó para muchos mercados la llegada de nuevos actores que dinamizaron al entorno con inversión, nuevas tecnologías y competencia. Desde entonces, con algunas excepciones como Antel en Uruguay o Setar en Aruba que se adaptaron para competir, lo que se ha visto a nivel regional es un crecimiento acelerado de las telecomunicaciones a manos de operadores privados con poco campo de reacción por parte de sus contrapartes públicos.
Las telecomunicaciones del siglo XXI exigen constante inversión, respuestas rápidas a la demanda y una diversificación de servicios que no muchas entidades independientemente del origen de su capital pueden cumplir. Así como los operadores públicos han enfrentado muchísimas dificultades ante la llegada de la competencia, muchos operadores privados han quebrado o, simplemente, han sido absorbidos porque no podían subsistir en un entorno tan exigente donde las economías de escala y el estricto control financiero son esenciales para sobrevivir. De esta forma marcas como Sunbeach, Tele2000, MiPhone, Pegaso, Centennial, Intelig, CTI, Celcaribe, Oceanic, Vesper, Orbitel, Infonet, BellSouth, Tricom, Midicel, Ola, Laqtel, SunCom, Smartcom y muchas otras han dejado de existir.
El crecimiento desenfrenado del sector de las telecomunicaciones durante la última década del siglo XX y primera del siglo XXI gracias a la llegada de los servicios móviles y del Internet a los mercados latinoamericanos comenzó a cambiar la perspectiva de varias administraciones hacia el sector, incitando numerosos llamados a recuperarlo de las manos privadas que tan solo explotaban el capital nacional. Muy pocos de estos llamados de nacionalización partían con un plan racional de negocios ni contemplaban los miles de millones de dólares invertidos en el sector por las empresas que actuaban en un entorno competitivo. El incremento en usuarios, la innovación tecnológica, expansión de cobertura terrestre o radical caída en precios eran temas inconsecuentes, lo importante era (y en algunos casos es) recuperar la soberanía nacional, ese patrimonio compuesto por antenas, fibra óptica y torres, que pertenece al pueblo.
Se hacen declaraciones basadas en una revisión de estados financieros donde la métrica más importante indica ganancias. De un lado quedaron la inversión anual, los empleos directos e indirectos creados, los impuestos pagados por servicio, los aranceles costeados en la importación de insumos, la creación de plataformas digitales para incrementar productividad, la capacitación de seres humanos en el uso de nuevas tecnologías. Inversión que ha ido transformando la economía regional, el sector de telecomunicaciones ha pasado de no representar ni siquiera el 1% de PIB en la década de 1980, a llegar al 2,1% en 1997 según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y superar el 8% del PIB regional en 2023 según un estudio de Analysys Mason.
De todas formas, entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo indican que la inversión en telecomunicaciones que llega a la región no es suficiente si el objetivo es acabar con las brechas digitales existentes. La realidad es que en varios casos se observó la expulsión forzada de accionistas extranjeros, por ejemplo, en Cuba donde no tan solo se eliminó la participación extranjera, sino que Etecsa y C-Com se fusionaron, o en Bolivia donde el estado se hizo con la operación de Entel, que se encontraba en manos italianas. Sin embargo, el caso más mediático no deja de ser el que se anuncio el 8 de enero de 2007 en Caracas, Venezuela, donde el entonces presidente Chávez anunciaba la estatización de CANTV/Movilnet, a manos de la estadounidense Verizon hasta ese momento. Recuerdo las palabras que publicaba el 9 de enero de ese año:
[La estatización forzada de CANTV/Movilnet] crea una incertidumbre regulatoria [que] va en detrimento de la promoción de inversión extranjera en el país. Es por tal razón que se espera que los actores privados del sector de telecomunicaciones minimicen o congelen la inversión y despliegues de nuevas tecnologías hasta que haya mayor claridad sobre el futuro de CANTV/Movilnet. esperarán a conocer cómo una potencial nacionalización de CANTV/Movilnet podría afectar a sus operaciones; ya sea con un mayor nivel de competencia o por medio de un incremento de costos operativos, ya sea por la utilización de capacidad de la red de CANTV/Movilnet o, a menor grado, un incremento en impuestos.
Se prevé que la esperada merma en inversión para el sector de telecomunicaciones repercutirá en el nivel de innovación de servicios y despliegue de nuevas tecnologías en el mercado. La falta de incentivos es una consecuencia de la incertidumbre regulatoria junto a la falta de definición del rol en el mercado de una nueva CANTV/Movilnet operada por el Gobierno. A corto plazo, esto podría implicar una desaceleración en la implementación de WiMAX, UMTS/HSDPA, NGN o de IPTV limitándolas a contratos ya firmados entre operadores y proveedores de equipos.
Desgraciadamente la predicción no solo fue acertada, sino que se quedó corta y la inversión en nuevos servicios por parte del ahora operador estatal se redujo a tal punto de que por años ofrecía servicios con tecnología y celulares considerados obsoletos en el resto de América Latina. Aun con la recuperación que se ha dado en Venezuela por la de facto dolarización de la economía, el país aún depende grandemente de redes 3G para conectar a la población con un 51% de las líneas utilizando esta tecnología durante el 2023. Mientras en ese año en mercados como Brasil, Colombia, México y Puerto Rico la conversación sobre 3G se centraba en cuando apagar esta tecnología.
Regresando al presente, nuevamente se escuchan voces que claman por la salida de los operadores privados del mundo de las telecomunicaciones, ese rescate de un bien nacional que está siendo explotado por intereses foráneos. La pregunta que se debería hacer cada vez que esta afirmación sale al mercado es cuál es el plan de negocios a seguir que garantice la innovación tecnológica, el mantenimiento de las redes y la expansión en cobertura poblacional. Tan solo en Brasil y México los montos de inversión de un solo operador pueden superar los mil millones de dólares anuales, ¿acaso las arcas gubernamentales pueden prometer niveles de inversión similares o superiores?
Nunca se debe olvidar que los operadores, tanto públicos como privados, operan en el mercado intentando ser rentables y cumpliendo con las leyes del mercado. Son los gobiernos quienes crean las reglas que tienen que cumplir los operadores de telecomunicaciones y por medio de estas leyes pueden ser punitivos y eliminar las intenciones de inversión o colaborar y buscar la manera en que se fomente la inversión en el país de manera en que todos los involucrados saquen un beneficio.
Definir el interés que pueda tener una empresa de telecomunicaciones en el desarrollo de un país al acento de sus ejecutivos, es una reducción peligrosa que raya en lo xenofóbico y dogmático. Las empresas bien administradas, tanto públicas o privadas, invierten si ven que van a tener un retorno de inversión positivo en un tiempo razonable y cuenten con reglas claras que no se cambien súbitamente de forma unilateral. El resto es demagogia.