Una de las características principales de la innovación tecnológica es que esta ocurre tan rápidamente que a los gobiernos no les da tiempo de actualizar el marco legal existente. ¿Por qué actualizarlo? Pues porque las nuevas tecnologías tienen como consecuencia transformar todo el entorno del mercado, creando oportunidades donde antes no las había o viabilizando la oferta de nuevos servicios que compiten contra otros ya establecidos.
Por ejemplo, el advenimiento del mundo digital ha significado para muchas legislaciones un dolor de cabeza en términos impositivos ya que durante mucho tiempo no sabían cómo o cuándo recolectar impuestos sobre ventas. También el surgimiento de la nueva economía digital ha forzado a más de un gobierno a definir los roles de las personas involucradas durante la vida de una transacción comercial. O sea, desde que se inicia una compra hasta que se entrega la mercancía/servicio y de esta manera poder velar por los derechos laborales de quienes reciben una compensación económica para que la nueva empresa pueda existir como negocio.
Si nos remontamos al siglo XIX, vemos que la aparición del telégrafo forzaba al gobierno del Reino Unido a adoptar el Acta del Telégrafo de 1863 que imponía regulación sobre la construcción de la infraestructura necesaria para la oferta de este servicio. Ya este documento contemplaba algo que ha tomado numerosas décadas a algunos países de América Latina: la afirmativa ficta. Ante el vencimiento del periodo que legalmente estipula el gobierno central para que una solicitud para la construcción de infraestructura sea respondida, la no respuesta se entiende como autorización de la solicitud.
Cabe mencionar que las autoridades de la época entendían que la llegada de una nueva tecnología como el telégrafo tal vez requería de cambios en el marco legal existente para de esta manera adecuarlo al nuevo entorno de mercado. Por tal razón subsiguientes actas como la del 1863 fueron publicadas en 1868 y en 1870.
La de 1868 explicaba la razón principal del por qué la innovación tecnológica invita a la revisión de la normativa: la extensión y adopción del servicio traerían grandes beneficios a la población, las empresas y el estado. El foco de la regulación inglesa del siglo XIX colocaba como prioridad al consumidor como el principal beneficiario de las nuevas tecnologías. Una forma de alcanzar esta meta era tratar de abaratar los costos de acceder a la tecnología impulsando las economías de escala de la misma.
La ley de la vida es sencilla, los tiempos cambian y con ellos también se va transformando la tecnología y eventualmente las leyes. Parte de este cambio se da en el mundo intangible, o sea en aquello relacionado con el espectro de radiofrecuencias que es el insumo necesario para todo tipo de transmisiones inalámbricas. Dentro de este mundo, pocas personas podrían negar que ha sido las comunicaciones móviles las que finalmente han democratizado el acceso a los servicios de telecomunicaciones que históricamente se centraban en zonas urbanas y de alto poder adquisitivo.
Ningún otro servicio de telecomunicaciones que brinde acceso al usuario final puede presumir de haber superado la marca de 8000 millones de líneas conectadas. Si la comparación se hace contra otras conexiones inalámbricas – servicios fijos de microonda o satelitales – la distancia parece insalvable pues mientras en un lado las líneas se cuentan en miles de millones en el otro no se superan varias decenas de millones a nivel global. Queda claro, ninguna plataforma de telecomunicaciones ostenta las economías de escala, posee la misma cantidad de proveedores de dispositivos, ni ofrece sus servicios a tan bajo costo como las redes móviles.
Estas mismas tecnologías móviles son actualmente protagonistas de miles de emprendimientos que impulsan el desarrollo económico y ayudan a mejorar la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo. Pero estas tecnologías no son estáticas y han ido evolucionando a pasos agigantados. Cuando apenas hace veinte años el principal servicio de datos era un mensaje de texto, ahora cada teléfono móvil que accede a redes de 4G y desde hace meses a 5G es una mini-computadora que permite a su usuario todo tipo de aplicaciones audiovisuales.
Sin embargo, así como en 1863 las autoridades inglesas decidieron facilitar el despliegue de redes de telégrafo es necesario que en la actualidad sus contrapartes alrededor del mundo hagan lo mismo con el acceso a espectro radioeléctrico. Sobre todo en bandas medias y bandas milimétricas si lo que se busca es viabilizar la llegada de 5G más temprano que tarde.
Paradójicamente lo que debería ser un asunto de lógica, impulsar las redes más baratas y con mejores economías de escala para que los consumidores sean los principales beneficiarios, ha dejado de serlo porque hay quienes prefieren un acercamiento donde las decisiones legales son inamovibles independientemente de los avances tecnológicos. Esta posición parece recrear a quienes vieron en la acumulación de espectro para servicio móvil una oportunidad de hacerse de dinero al convertirse en intermediarios innecesarios para las empresas que si contaban con la financiación y deseo de desplegar redes celulares. ¿Cómo olvidar los problemas regulatorios para liberar el espectro que NextWave nunca comercializó en los Estados Unidos?
La explosión del prepago no sólo significó la masificación del celular a nivel global, también fue un golpe de muerte a plataformas satelitales de voz que no podían competir en precio o logística contra de sus contrapartes terrestres. Nombres como Iridium, Globalstar e Inmarsat, entre otros, vieron en el crecimiento del prepago la reducción del mercado potencial calculado en la primera mitad de la década de 1990. Todas tuvieron que vivir una reestructuración de estrategia para poder seguir adelante.
El problema de los detractores es que se aferran a antiguas decisiones gubernamentales hasta desafiar toda lógica. Hay quienes afirman que hacer estudios de factibilidad para determinar cuál tecnología es más eficiente en distintas franjas de espectro radioeléctrico es innecesario pues en el pasado ya se había hecho una determinación al respecto. La innovación tecnológica queda en un segundo plano en términos de lograr en el presente cosas que en un pasado cercano parecían imposibles. No queda duda que este tipo de comportamiento tiene como víctima al consumidor, quien se ve privado de utilizar las tecnologías más costo-eficientes para cada frecuencia o al menos, en caso de dos ser viables, ver la coexistencia de las mismas.
La industria móvil tiene en 5G una tecnología que rompe con muchos parámetros establecidos y, al ser disruptiva, podría representar un peligro para empresas que no pueden competir tête-à-tête contra ella pues se rehúsan a evolucionar. Claro que ni la quinta generación móvil, ni ninguna otra tecnología sea fija o inalámbrica representa la panacea que cura todas las necesidades del mercado. El acercamiento siempre tiene que ser el de estudiar las circunstancias y necesidades de cada localidad para desplegar la plataforma o plataformas tecnológicas más costo eficientes para ofrecer servicio a los habitantes del lugar. Sí, aquí es sumamente valido un acercamiento híbrido que incorpore distintas tecnologías dependiendo del terreno, densidad poblacional y poder adquisitivo de los habitantes del mercado objetivo.
Lo que es innegable es que 5G ya es una realidad en muchos mercados del mundo y las frecuencias seleccionadas por los países de América Latina determinarán cuales son las que alcanzarán economías de escala en un menor periodo de tiempo. O sea, ese punto donde los precios de acceder a la tecnología sean accesibles para la mayoría de la población permitiendo su masificación.
Si fuese yo quien decidiese optaría por la solución salomónica de la co-existencia. Afortunadamente queda en manos de los que saben, de los representantes de los gobiernos quienes velan por los intereses de los consumidores, decidir que frecuencias y bajo qué términos operan quienes necesitan de ese activo tan preciado llamado espectro radioeléctrico.
