Columnista invitado: José Aguilar
Antecedentes
En marzo del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) encargó a Proinversión (la agencia de promoción de la inversión en Perú), el concurso de frecuencias de 30 + 30 MHz en la banda AWS y de 30 MHz en la banda de 2,3 GHz. Luego, en febrero de 2020, se incorporó dicha subasta al plan de promoción de Proinversión. Finalmente, el último 18 de febrero, Proinversión suspendió de forma indefinida el proceso.
Concurso
Según la página de Proinversión, el monto de valorización fue de USD 289 millones o un equivalente de 0,09 MHZ/POP/USD. Lo atractivo del concurso es que no se iba a exigir retribución económica, sino un 100% de compromisos de inversiones. Es decir, el concurso se paga instalando antenas en zonas alejadas del país, en un periodo determinado de tiempo, con el objetivo de ayudar al cierre de la brecha digital.
Además, era un contrato de proyecto en activos, que permitiría una mejor gestión para poder atender las localidades que se beneficiarían del concurso. Según el modelo peruano, son contratos a 20 años, con una posibilidad de ampliar hasta por otros 20 años, dado la negociación de nuevos términos y condiciones.
En su momento, este concurso hacía parte del plan del MTC que incluía además el refarming de la banda de 2,3 GHz y de 2,5 GHz, que culminó con éxito; y del refarming en la banda de 3,5 GHz, que finalmente no prosperó, por la advertencia de OSIPTEL [Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones] que las empresas podrían realizar diversas maniobras para restar valor al monto de inversiones a realizar.
Respecto al concurso, varios especialistas han señalado varios motivos para que las empresas no mostraran mucho interés y finalmente, se decidiera suspender el concurso.
Se ha hablado de los compromisos de cobertura. En el Perú, el término de cobertura está establecido por el OSIPTEL y a pesar de los esfuerzos del Ministerio, del mismo OSIPTEL y de las empresas, este indicador muestra un retroceso.
Como se observa, a mediados del 2014, las empresas operadoras reportaban más de 50.000 localidades con cobertura. Uno esperaría que, a fines del 2021, este número fuera superior, ¿no? Pues la triste respuesta es no. Según la información del Portal Punku del regulador, al tercer trimestre del 2021, las empresas reportan cobertura en casi 36.000 localidades. Si bien el OSIPTEL ha manifestado que cerca del 86.4% de la población tiene conectividad, queda claro que ambos reportes no ayudan a tener certeza sobre cuál es el problema. Enfocarse en atender cerca de 64 mil localidades o analizar alternativas para dar conectividad al 14% de los ciudadanos faltante.
Otro aspecto que se comenta es el efecto de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Internet (Ley N° 31207). Esta normativa dispone que las empresas deben garantizar el 70% de la velocidad contratada de internet. Si bien el regulador puso una gradualidad para su implementación hasta diciembre de 2022, esto ha implicado que las empresas operadoras estén enfocando sus esfuerzos en aquellas zonas más rentables, en desmedro de las demás. Tal situación obviamente ha afectado el despliegue de redes y antenas.
Además, al analizar la comparativa internacional, algunas consultoras como Ookla reportan la medición de la mediana de velocidad, mientras que algunos países utilizan criterios como una velocidad promedio, y diferencian la velocidad si es por medios alámbricos, inalámbricos o satelitales.
Finalmente, en mi opinión, también ha afectado los resultados de los concursos de Brasil y Chile. Las empresas ganadoras tienen compromisos de inversión y van a estar enfocados en el cumplimiento de estos, dado que lo más importante es el time to market.
Situación actual
Luego de casi tres años que el MTC pidió a Proinversión realizar el concurso, el concurso está suspendido. No olvidar que en marzo 2020 se declaró pandemia mundial por COVID-19. Esto sin duda, ha afectado /frenado las expectativas de las empresas.
¿Qué se puede hacer?
Lo primero, en mi opinión es analizar el concepto de cobertura, dado que como está en la actualidad, seguirá siendo un freno para los futuros concursos, sino también un mal indicador para las propuestas y seguimiento de política pública. Ahí se necesita un trabajo muy coordinado entre el ente rector, el MTC y el regulador, el OSIPTEL.
En segundo lugar, repensar el concurso. Se puede pensar en dos escenarios. Un primero, en el cual se realiza una subasta con una cantidad limitada de espectro. Según esta tendencia, esto obligaría de forma artificial a generar competencia y así maximizar los resultados del concurso. Sin embargo, sí se cuenta con suficiente cantidad de espectro y dado los resultados de los países vecinos de Brasil y Chile, parecen indicar que lo mejor es poner a concurso una mayor cantidad de espectro radioeléctrico.
Por ese camino, es el segundo escenario. Esto permitiría que todos los operadores interesados puedan contar con condiciones similares para competir y brindar un adecuado servicio a la ciudadanía.
A fines del año 2020, Perú publicó un documento con comentarios sobre posibles alternativas para el futuro concurso de frecuencias 5G. Es el momento de retomarlo, analizar los factores de éxito y consecuencias de los concursos de Chile y Brasil, y que se prepare el mayor concurso de espectro de Perú. Las frecuencias que se podrían subastar son las de AWS, 2,3 GHz (que en Brasil tuvo una muy buena acogida y permitió la entrada de un nuevo operador), la 2,5 GHz que está libre como consecuencia del reordenamiento, la 3,5 GHz (adecuar los 200 MHz actualmente asignados y concursar por lo menos 200MHz) así como la banda milimétrica de 26 GHz.
En los países vecinos, se hizo un trabajo prolijo que involucró no solo al ente rector o al regulador, sino también a otros sectores, como el Ciencias y Tecnología, el de Hacienda entre otros. No hay que inventar la pólvora. Hay que seguir y adaptar las buenas prácticas internacionales.
Si bien la noticia de la paralización del concurso es, en el corto plazo, desalentadora; esto debe permitir una adecuada reorganización de los objetivos, de coordinación entre entidades, de establecer metas claras, para que así los beneficios del concurso de frecuencias lleguen a más peruanos.
José Aguilar es economista, MBA, convencido de los beneficios de la TIC y docente de la Universidad Cesar Vallejo y la Universidad Continental. Orientado a impulsar nuevas tecnologías y servicios con regulación e incentivos adecuados. Con más de 15 años de experiencia en regulación de servicios públicos y políticas de Estado. Durante el periodo de 2019 a 2021 fue Director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Su Twitter es @jaguirea.
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión oficial de este blog.
