Una de las grandes responsabilidades de un gobierno es planear una agenda de desarrollo digital que responda a las necesidades del país. Esto implica establecer un acercamiento segmentado que tome en consideración distintas aristas que van desde la infraestructura, ya establecida en cada una de las localidades del país, hasta el mercado potencial de la tecnología.
Este último aspecto es muy importante pues la demanda por una nueva tecnología se da de forma asimétrica dentro de los tres principales grupos que se pueden beneficiar de la misma: el sector empresarial, la ciudadanía y el gobierno. Esta diferencia en tiempos de adopción es considerada por los proveedores de servicios de telecomunicaciones al momento de definir su estrategia de modernización de redes y lanzamiento de nuevos servicios.
Sin embargo, la demanda de servicios no es el único aspecto que tienen en cuenta los proveedores de servicio al momento de definir su estrategia. Elementos que dependen de decisiones gubernamentales tienen un impacto directo en sus decisiones, por ejemplo, los plazos de concesión para la utilización de espectro radioeléctrico y el precio durante este periodo. Otros elementos como el marco legal nacional, la facilidad de obtener permisos para el despliegue de infraestructura, la infraestructura civil existente y las tasas impositivas, son elementos que pueden frenar o acelerar los planes de expansión geográfica de un operador de telecomunicaciones.
Dicho de otra manera, los gobiernos cumplen una doble función al ser habilitadores de la adopción de nuevas tecnologías y al mismo tiempo ser clientes de los prestadores de estos servicios. Por esta misma razón es tan importante que cuando un gobierno desee apropiarse de nuevas tecnologías para digitalizar operaciones y hacerse más eficiente lo haga teniendo en consideración que lograr este objetivo depende de sus propias decisiones sobre las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Cualquier plan nacional de modernización digital tiene que contemplar medidas que aceleren la llegada de nuevas tecnologías a los centros empresariales y productivos del país. Esto se puede hacer flexibilizando las condiciones de despliegue de tecnologías que aún no han alcanzado economías de escala, posibilitando su masificación garantizando un retorno de inversión razonable a las empresas, pues la necesidad de modernizar la infraestructura de telecomunicaciones de empresas que compiten en el mercado global contra otras que sí se han digitalizado, las obliga a dar este paso de forma inmediata.
Lo anterior sin descartar los ahorros que pueden derivar de las nuevas tecnologías en sectores como finanzas o las oportunidades en el desarrollo de dispositivos médicos o de logística para mercados internacionales con redes avanzadas como 5G. En un mercado cada vez más global donde un número incremental de empresas venden productos y servicios al extranjero, sobre todo a mercados de Asia Pacifico, Estados Unidos y Europa, las demandas por fibra óptica y redes 5G es cada vez mayor. La globalización fuerza una adopción simétrica de nuevas tecnologías en distintas industrias que responden más a presiones exógenas que a las producidas por su entorno geográfico.
Otro segmento muy importante para la venta de servicios es el mercado masivo. Aquí los gobiernos deben modificar su acercamiento a la universalización de servicios de telecomunicaciones para romper con el tradicional y obsoleto discurso de la cobertura. Colocar una red de telecomunicaciones debe verse como el primer paso de una estrategia más compleja y de largo plazo, pues el lanzar servicios es el comienzo de una demanda que no mermará, sino que se irá incrementando y evolucionando con el pasar de los años.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones han ido evolucionando con la llegada de nuevas tecnologías y los dispositivos correspondientes que le han permitido acceder a servicios más avanzados y complejos con el pasar de los años. Es por esta misma razón que resulta inverosímil que los acercamientos para reducir la brecha digital apenas se hayan modificado en las pasadas dos décadas.
Desde la perspectiva de las empresas, el mercado masivo se ha vuelto más complejo pues los dispositivos que se utilizan en la actualidad con las nuevas tecnologías son pequeñas computadoras portables que permiten una infinidad de usos. Al mismo tiempo, la capacidad de los teléfonos está dejando a operadores de telecomunicaciones, que no poseen las herramientas necesarias para evolucionar su cartera de servicios, con menores ingresos que en el pasado. Las nuevas tecnologías han incrementado exponencialmente el número de competidores que enfrentan las empresas de telecomunicaciones, por lo que cualquier lanzamiento de un nuevo servicio va a estar acompañado por consideraciones que tal vez no existían apenas hace diez años.
Los grandes tiempos de crecimiento de usuarios de dos dígitos porcentuales cada trimestre ha quedado en el pasado. Ahora, fuera de las zonas urbanas, los planes gubernamentales para impulsar la conectividad toman una mayor importancia debido a los altos costos de despliegue de fibra óptica o de las nuevas redes inalámbricas que utilicen frecuencias de espectro radioeléctrico que requieren un incremento potencial en el número de antenas a ser instaladas. Por esta misma razón, es tan urgente la existencia de una estrategia nacional de conectividad que se asegure que las poblaciones más vulnerables del país sean incluidas en los planes de cobertura de los operadores. Zonas que también poseen la presencia de entidades gubernamentales que precisan ser digitalizadas para reducir costos e incrementar su eficiencia.
Como se ha visto, hablar de una estrategia nacional de desarrollo de las TIC no es una tarea sencilla debido a la asimetría en la adopción de servicios entre los principales sectores que son usuarios de la tecnología. Cabe mencionar que dentro de cada uno de estos sectores existen segmentos que a su vez poseen distintos tiempos de adopción para una u otra tecnología. No todas las tecnologías generan la misma demanda ni impacto.
Lo que queda claro es que se debe planear una agenda digital para lograr atender las necesidades de los distintos segmentos del país antes de que las potenciales demoras puedan comenzar a tener un impacto negativo. El sector privado desea mantenerse competitivo en una economía cada vez más globalizada, la población desea tener acceso a los mismos servicios y plataformas que los habitantes de otras geografías; y el sector público precisa de una digitalización que le permita ser más eficiente, pero, sobre todo, transparente en sus funciones.
Desgraciadamente, en estos momentos muchos mercados de las Americas carecen de una agenda digital nacional integral que considere todos los aspectos anteriores. Conectividad no se limita a dar cobertura geográfica, también es asequibilidad a dispositivos, contenidos y capacitaciones. Es mirar más allá del corto y mediano plazo, pues una agenda nacional puede tener fecha de inicio, pero no de conclusión pues las tecnologías no dejarán de acompañarnos con la llegada de una nueva administración gubernamental.
