Las campañas eleccionarias de los políticos tienen como gran característica las numerosas promesas que se hacen al electorado para ganar su apoyo. Dentro de estas promesas encontramos a los usualmente denominados “moralistas” que apelan al mejor sentido de justicia de los seres humanos Aquellas juran y aseguran la equidad e igualdad de las personas en lo referente al trabajo, los accesos a servicios básicos y la importancia de incluirlos en los procesos decisionales del estado.
Imagino que luego de que transcurren las elecciones y muchos de estos superhéroes temporales asumen sus cargos, el olvido los invade y nunca se los vuelve a ver en los barrios humildes en los que muchas veces dejaron hasta la voz cuando clamaban por justicia. Las promesas de trabajo, salud, conectividad quedan congeladas hasta las próximas elecciones, donde el verbo permanecerá, aunque haya rostros distintos.
Ahora imaginen que nos encontramos en los inicios de una digitalización total de nuestro alrededor. Lentamente veremos como muchos artículos electrodomésticos comienzan no solo a digitalizarse sino a poder tomar decisiones dependiendo de los parámetros que les hayamos programado. Los vehículos, los semáforos, los medidores de energía y hasta la misma agricultura comenzarán a beneficiarse de las nuevas tecnologías.
Todo lo anterior agregando un incremento en la digitalización de procesos gubernamentales que economizan tiempo al minimizar la burocracia y a su vez incrementan la transparencia al dejar un historial de todas las transacciones efectuadas. ¿Se imaginan que un campesino o pescador puedan ahorrarse un día de viaje para hacer tramites de forma presencial, con todos los gastos y dinero que se deja de percibir que esto implica, para poder efectuarla de manera sencilla por medio de un portal de gobierno?
Precisamente es este destino inevitable el que le aumenta la importancia a cualquier estrategia de conectividad nacional. ¿Por qué? Sencillo, estos planes apuntan a incrementar el número de ciudadanos que pueden acceder a los servicios que tienen a su disposición quienes habitan en las grandes metrópolis urbanas. Brindar a los más necesitados y aislados las mismas oportunidades de conectividad que tiene el resto del país. Permitir al campesino y pescador poder utilizar las plataformas de gobierno que se ofrecen al resto de la población sin ser marginados por una falta de conectividad sin fecha de caducidad.
Sí, cuando se habla de un plan nacional de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) se platica de una estrategia gubernamental dirigida a mejorar la calidad de vida de los marginados. Ningún gobierno que pretenda venderse como enfocado en los derechos de los pobres, que defienda la igualdad de todos los ciudadanos y se queja de los privilegios educativos o de salud de los segmentos de mayor poder adquisitivo, puede ignorar la importancia de las TIC como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas.
Ningún ser humano merece la infamia de ser tratados condescendientemente como animalitos por quienes viven dándose golpes de pecho clamando por equidad y justicia desde la posición privilegiada de poder posibilitar un camio y de forma estoica de rehúsan a ser el catalítico del evangelio de equidad que tantas veces predicaron. No hay que subestimar la creatividad de las personas que ha permitido continuar en tiempos de pandemia con la oferta de clases o consultas médicas en zonas rurales de nuestra América Latina por medio de aplicaciones de chateo. WhatsApp, Messenger, Telegram y Skype son los protagonistas que habilitan la teleeducación y telemedicina de las zonas marginadas.
Presentarse como defensor de los pobres mientras se les niega un camino hacia la digitalización es similar a darles un plato de comida y luego clavarles un puñal por la espalda. Crear e implementar una estrategia nacional para el desarrollo de las telecomunicaciones es invertir en la llamada infraestructura del conocimiento, beneficios intangibles que las personas llevarán en sus vidas cotidianas por el resto de sus días. No hacerlo es trabajar para beneficiar el incremento en las diferencias sociales de quienes tienen acceso a privilegios y quienes hacen maromas para no caer en el analfabetismo funcional.
Considero imprescindible profundizar en este aspecto: cuando hablo de una estrategia nacional e inclusiva en el desarrollo de las TIC no solo hago referencia a la infraestructura. También me refiero a la utilización de las nuevas tecnologías en la educación, en servicios de emergencia, salud, agricultura, energía, finanzas, en fin, remito a todos los segmentos que constituyen la economía del país. Hablo de capacitaciones, mejorar eficiencias y llevar a sectores aislados una nueva posibilidad para mejorar.
Es indispensable comprender la necesidad de una correcta asesoría sin rehusarse a entender que no se puede pensar en el futuro crecimiento del país cuando un porcentaje importante de la población considera a las TIC como una plataforma útil para ver videos o chatear nimiedades dado que, de esa forma, los esfuerzos para cambiar esa visión son prácticamente inexistentes. ¿Cómo pensar en un país preparado para comenzar a exportar servicios y conocimientos cuando en muchas dependencias del gobierno impera la tecnofobia? ¿Cómo acabar con la dependencia fomentando emprendimientos y crecimiento económico en las zonas que más lo necesitan si no se proveen las herramientas básicas para lograrlo?
Lo peor de todo, desgraciadamente, es que muchos de esos antiguos superhéroes ya sea por cobardía o por comodidad han dejado su promesa de protección de las masas para pasar a ser marionetas que protegen los mismos intereses de siempre. Como si esperaran a Godot, sus palabras los muestran diligentes y en movimiento, pero sus actos los condenan a la parálisis de la inacción. Al final de cuentas, la victima sigue siendo el pueblo.