Uno de los grandes objetivos de todo gobierno que quiera integrarse a la revolución digital que caracteriza a la segunda década del Siglo XXI es incrementar el número de poblaciones con acceso a Internet de alta velocidad. Esto significa expandir la disponibilidad de servicios digitales, incluyendo aplicaciones y todo tipo de software, a los que accede quien vive en uno de los grandes centros urbanos del país a todas las poblaciones con menos de 250 habitantes.
Un acercamiento a este tipo de poblaciones muestra que usualmente son localidades de bajo poder adquisitivo, con baja densidad poblacional y apartadas de las sedes de gobierno nacionales y estatales. Este conjunto de características históricamente las ha hecho poco atractivas para la inversión de los operadores tradicionales de telecomunicaciones, quienes muchas veces han decidido no incluirlas en su cobertura ya que no pueden justificar un retorno de inversión positivo dentro de lo que internamente consideran un período de tiempo aceptable.
La pasada administración presidencial de México, la del ex-Presidente Enrique Peña Nieto, decidió atender las necesidades de conectividad de los habitantes de las zonas que carecían de servicios por medio de la creación, por mandato constitucional, de un operador nacional de servicios mayoristas utilizando 90 MHz en la frecuencia de 700 MHz simultáneamente apoyada por una red de fibra óptica que ya cuenta con mas de 50,000 Km.
El operador mayorista, comercialmente conocido como Altán, tiene como objetivo el conectar como mínimo al 92.2% de la población mexicana para enero de 2024. Hasta el momento este operador ha cumplido de forma adelantada con todos los requisitos de despliegue de infraestructura que le impuso el gobierno mexicano y entre los hitos de su expansión en el país ha anunciado la cobertura de más de 35,000 poblados de menos de 250 habitantes.
Obviamente toda inversión que expanda la oferta de servicios de Internet en áreas donde hasta ese momento la única alternativa de conexión era por medio de la oferta satelital es una buena noticia. Sobre todo, si una mayor variedad de oferta de servicios se traduce en menores tarifas para los usuarios y, por ende, un incremento en la adopción de los servicios. Lo anterior teniendo en consideración que la cobertura por si sola no es suficiente para impulsar el crecimiento en el uso de servicios digitales por usuarios, empresas y entidades públicas.
Una vez que llega la cobertura de servicio hay varios elementos que definen quien los utiliza, siendo los dos más destacados el precio del dispositivo a ser utilizado y el monto mensual que se tiene que pagar para poder mantener el servicio. Otros elementos como la disponibilidad de puntos de venta a una distancia razonables de los clientes e infraestructura estable como tendido eléctrico también son importantes al momento de definir si se invierte en contratar servicios de telecomunicaciones.
Luego de entender el trasfondo de algunos de los esfuerzos gubernamentales de México en los últimos años para incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, no se pueden entender las palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador al prometer que todo México tendría acceso a Internet.
La primera incógnita que crea este tipo de declaraciones es si el presidente está equiparando tener acceso a Internet al uso de este servicio. Aquí vale recordar que no se puede tener un servicio que no se puede costear, especialmente en un país donde según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) más del 40% de la población vive bajo los niveles de pobreza. Una situación que según CONEVAL y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha empeorado debido a la pandemia del COVID-19.
La segunda incógnita que han generado las declaraciones del Presidente López Obrador es de dónde salen los números de expansión de infraestructura y cobertura de telecomunicaciones pues son prácticamente idénticos a los que ha reportado Altán y que pueden ser revisados en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De referirse a la inversión de este operador, ¿acaso no es un logro de la gestión presidencial anterior? ¿Qué iniciativa adicional ha implementado la presente administración presidencial para impulsar el desarrollo de infraestructura y conectar a los no conectados?
La tercera incógnita deriva del aparente desconocimiento del Presidente Obrador acerca de cómo funcionan las distintas plataformas tecnológicas de telecomunicaciones. Tal como se ha explicado anteriormente, cobertura no es sinónimo de servicio. En estos momentos, toda la geografía de México posee cobertura de servicios de telecomunicaciones por parte de distintas empresas que ofrecen servicios de satélite. Por lo tanto, la entrada de Altán en pueblos de menos de 250 habitantes realmente “no trae” cobertura, pero si podría traer servicio.
La realidad resulta clara: los servicios satelitales no atienden las necesidades de individuos con muy bajo poder adquisitivo, su cliente objetivo son empresas y entes gubernamentales que pueden costear ofertas de 75 minutos de voz por más de US@ 150 dólares (vigencia de 30 días). Claro que bajo el esquema “el que llama paga” el usuario del teléfono satelital no paga por la llamada que recibe, pero quien la realiza debe asumir tarifas por minutos contabilizadas en varios dólares. Nuevamente, aún dando un teléfono satelital a cada usuario de bajo ingreso las posibilidades de que reciban llamadas son muy bajas por el alto costo que tiene que asumir quien las ejecuta.
Considerar todas estas incógnitas referentes a la expansión de cobertura de telecomunicaciones en las zonas más necesitadas del país solo sirve para generar más preguntas como, por ejemplo, qué otras políticas publicas se han ido adoptando para impulsar a nivel nacional la transformación digital, incrementar las habilidades técnicas de la fuerza laboral y educar a la población sobre cómo las telecomunicaciones pueden ser una herramienta de desarrollo.
