El crecimiento de las redes móviles depende directamente de la disponibilidad de espectro radioeléctrico que esté destinado para el despliegue de estas tecnologías. La ecuación es sencilla, si no hay suficiente espectro, se hace técnicamente imposible colocar nuevas tecnologías. Una realidad que es más frecuente encontrar en zonas urbanas de alta densidad poblacional, donde históricamente se han visto altos niveles de terminación e inicio de tráfico.
Dicho de otra forma, si el espectro que en estos momentos ha sido entregado a los operadores está siendo utilizado en su totalidad, no hay espacio que se pueda utilizar para conectar las nuevas tecnologías. Es por esta razón que los pedidos desde la sociedad civil y otros actores del mercado a gobiernos de América Latina para que aceleren el lanzamiento de 5G ya no pueden faltar en los diálogos relacionados a telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Ante los reclamos del pueblo, los lideres responden. Así vemos que, por alguna u otra razón, los gobiernos de Argentina, Colombia, Costa Rica y México ya han prometido que estarán asignando, por medio de subasta, espectro radioeléctrico para impulsar el crecimiento de 5G. Para muchos, estos anuncios significan que el problema está solucionado. La tragedia de caer en la prehistoria por no contar con gran parte de la población accediendo a estos servicios ha quedado solventada.
Sin embargo, hay varios errores en este pensamiento. Primero, el rol de los gobiernos es crear las condiciones apropiadas para el despliegue de nuevas tecnologías. Segundo, los gobiernos no son quienes colocan y comercializan nuevos servicios como 5G, esto lo hacen los operadores de telecomunicaciones con concesiones que les permiten ofrecer servicios inalámbricos fijos o móviles.
Cuando un operador decide comercializar 5G, dónde comienza a colocar esta red y el cronograma de expansión de su cobertura dependen mayormente del plan de negocios de la empresa. Un plan que tiene que cumplir con un requisito básico, garantizar un retorno de inversión positivo dentro de un periodo de tiempo que el operador considere razonable. Estas condiciones hacen que los tiempos de despliegue y venta de 5G varíen de operador a operador.
Por otro lado, hay operadores que cuentan con un poco de espectro que, al menos por un periodo limitado de tiempo, pueden utilizar para ofrecer 5G. Lo anterior, sin contar con tecnologías que ayudan a este tipo de despliegue temporal y que permiten a los operadores ir construyendo una masa crítica de clientes de 5G antes de obtener espectro dedicado para este fin, acelerando de esta forma la recuperación de su inversión.
Es por esta razón que un mercado como Brasil, que hizo su llamada subasta 5G en 2021 ya comercializaba la tecnología desde 2019. Otro país que utilizó soluciones temporales en la espera de licitaciones dedicadas para 5G es Estados Unidos. En América Latina, hemos visto a operadores de Argentina, Perú y Puerto Rico también beneficiarse de soluciones transitorias, mientrasobtienen bloques de espectro para 5G.
Hasta ahora todo parece indicar que la falta de 5G latinoamericana se soluciona con asignar espectro. Una visión que no toma en consideración la desaceleración económica que viene atravesando desde hace varios años la región o el impacto que está teniendo la inflación en el poder adquisitivo de la población. Quizás el mejor indicador sea revisar lo que ha ido sucediendo en los últimos años para tener una mejor idea de cuál podría ser el futuro de los procesos de asignación de espectro en la región.
El resultado no es auspiciador. Todos los procesos recientes de asignación de espectro en América Latina, incluyendo los de Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana, resultaron con bloques de espectro que no despertaron el interés del mercado y en algunos casos el abandono del proceso de algún participante, alegando que los costos atados al bloque no se justifican al no garantizar un retorno de inversión positivo. La postergación de procesos de subastas en Costa Rica y Perú sirve para reforzar el argumento que muestra a los operadores sin la misma voluntad del pasado, dispuestos a desembolsar altos montos de dinero por el pago de concesiones, el cumplimiento de requisitos de despliegue de infraestructura o ambos, dependiendo de las condiciones impuestas en el proceso de asignación.
Asimismo, la decisión de dos operadores en México de devolver espectro radioeléctrico, uno de ellos regresando todo el que había adquirido porque decidió convertirse en operador móvil virtual, resalta la poca disponibilidad de los operadores para pagar altos costos de espectro radioeléctrico. Los anuncios de salida de operadores de Panamá junto al anuncio de una alianza en Chile entre dos empresas de telecomunicaciones, solo sirven para indicar la urgencia que está teniendo para los operadores abaratar sus costos operativos. Lo anterior sin entrar en detalles de lo que sucede con el debate sobre administración de espectro radioeléctrico en Ecuador, El Salvador o Uruguay, mercados en los que varios operadores abiertamente han manifestado su descontento con la situación actual.
Todo parece indicar que los próximos procesos de asignación de espectro, enfocados en acelerar la expansión de 5G, ya anunciados en Argentina, Colombia, Costa Rica y México, tendrán que solventar una realidad desafiante. Por un lado, encontramos operadores de telecomunicaciones que no estarán dispuestos a pagar cantidades que pueden considerar alejadas de la realidad para la obtención de espectro adicional. Por otro lado, los gobiernos necesitan dinero para poder balancear sus presupuestos lo que podría llevar a procesos directa o indirectamente recaudatorios. Decir que un proceso no es recaudatorio y luego imponer un precio base superior a lo pagado en otras geografías no sirve de disfraz, es un proceso que tiene como objetivo hacer caja para el gobierno.
Obviamente, hay otros elementos que tienen que se consideradores como el modelo de negocio de las empresas, el marco impositivo del mercado, el estado de la infraestructura civil y de telecomunicaciones existente, el poder adquisitivo de la población, la disponibilidad de teléfonos y la necesidad a corto plazo de la empresa privada de redes 5G. Pensar que la llegada de una tecnología se limita a un proceso de entrega de concesiones es erróneo. No es lanzar 5G, es hacerlo con un plan de negocios concreto que justifique su lanzamiento para el beneficio de la sociedad y no como quimera mediática sin impacto alguno a corto plazo.
