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Análisis de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 de México

Hace apenas pocos días fue publicada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, la Estrategia Digital Nacional (EDN) 2021-2024. El documento que busca aclarar cuál será la política oficial federal en torno a la promoción del despliegue, expansión y adopción de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en México.

El preámbulo del documento menciona dos elementos que inmediatamente atrapan la atención del lector. El primero es que resalta el tema de austeridad como bien común en una generalización peligrosa que no toma en consideración los beneficios a mediano y largo plazo, en términos de ahorros al erario, que pueden tener las inversiones que se hacen de forma inmediata. La austeridad debe mirarse como un método de control donde imperan las convocaciones abiertas y públicas para la contratación de servicios y otorgación de contratos. Hablar de austeridad con el simple propósito de controlar gastos puede terminar siendo una medicina más peligrosa que la enfermedad que se intenta curar.

El segundo tema que llama la atención es la invocación al artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se habla de las responsabilidades del gobierno federal como impulsor de las TIC en el país. Sin embargo, es llamativo que se apele a esta obligación constitucional a casi tres años de la gobernación del Presidente López Obrador (casi mitad de su mandato). Esta aclaración también sirve para confirmar las afirmaciones de numerosos expertos nacionales e internacionales que afirmaban que la administración del Presidente López Obrador al no tener un plan o estrategia para la promoción de las TIC había significado un retroceso de facto para el sector de las telecomunicaciones, exacerbando las múltiples brechas digitales existentes en el país.

El documento procede a explicar lo que titula “Alcance de la EDN. Digitalización y el Proyecto Prioritario para el Bienestar “Internet para todos”. Mientras que el lector informado podría esperar una descripción de la iniciativa gubernamental incluyendo una descripción de las tecnologías a ser utilizadas, cronograma de despliegue y objetivos concretos que puedan ser contabilizados ya sea por número de localidades conectadas o de personas de bajos ingresos que acceden a las TIC por primera vez.

Desafortunadamente, esta expectativa no es cumplida por una sección que presenta un resumen básico de las diversas ventajas que ofrecen las TIC a un país. En este sentido, se hace una breve explicación a cómo por medio de las tecnologías de información pueden hacer más eficientes trámites de gobierno, funciones dentro de una empresa y cómo la falta de destrezas digitales en las comunidades más pobres significa un gran problema para el país.

Toda esta explicación cualitativa se presenta sin incluir mediciones que indiquen los estados mejor posicionados, los segmentos verticales de la economía con mayor necesidad de digitalización o al menos ejemplos de uso efectivo de las TIC por entidades de gobierno. Cuando se menciona una acción a tomar para mejorar la situación que no ha sido descrita se hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) para mencionar que se instalará acceso inalámbrico a Internet en todo el país.

Nuevamente se habla de un tipo de servicio que tiene diversos sabores, con distintas estructuras de costos y desempeños. No se hace referencia a una frecuencia de espectro radioeléctrico específica, tampoco a una tecnología, no hay mención del rol de los dispositivos a ser utilizados y mucho menos a las capacitaciones que serían necesarias para que la población pueda acceder a las destrezas digitales necesarias para poder beneficiarse de las nuevas redes de acceso a Internet. Asimismo, en un gobierno que resalta continuamente la necesidad a la austeridad, no se menciona como será la oferta a los usuarios o como se hará sostenible la nueva red inalámbrica. Resumiendo: ¿quién paga por el servicio?

Claro que queda la duda creada por declaraciones durante la segunda mitad del 2020, donde el Presidente López Obrador parecía equiparar las metas de cobertura de la red compartida (proyecto creado durante la administración del Presidente Peña Nieto y que en estos momentos se encuentra en concurso mercantil) con las del gobierno. Nuevamente, la falta de datos específicos o de números que representen metas cuantificables y verificables a futuro hace casi imposible identificar con exactitud a que se refiere el actual gobierno de México al momento de afirmar que se llevará servicio de Internet inalámbrico fijo a todos los rincones del país.

La sección siguiente de la EDN identifica los cinco pilares que soportaran la estrategia:

  • Principio de austeridad;
  • Principio de combate a la corrupción;
  • Principio de eficiencia en los procesos digitales;
  • Principio de seguridad de la información; y
  • Principio de seguridad tecnológica.

Aunque todos estos principios se asumen están presentes en todos los planes de conectividad que han sido desarrollado en las Américas y otras regiones del planeta durante las pasadas tres décadas, no hay ningún problema en mencionarlos. No obstante, dicha mención debería ser acompañada con una descripción que aclare el porqué del énfasis del gobierno en cada uno de estos temas. De lo contrario, se corre el peligro de enunciar una colección de mejores deseos o añoranzas que no pueden ser verificadas porque no han sido definidas. ¿Dónde están los parámetros que posibilitan revisar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos?

La ausencia de estos parámetros abre la posibilidad de que se hayan incluido simplemente porque son promesas de gobierno que tienen que ser repetidas constantemente, aunque esta cacofonía haga que pierdan su valor y sentido. ¿Cómo estos puntos me sirven de forma concreta y práctica al momento de implementar una estrategia de desarrollo TIC a nivel nacional?

La siguiente parte del EDN nos muestra seis objetivos específicos que son los que prepararán a México para la nueva generación de TIC:

  • Mejorar y armonizar el marco normativo de la política digital de la APF a través de una articulación integral y simplificada de las directrices tecnológicas para el país, que permitan lograr eficiencia técnica y económica.
  • Estandarizar las compras de TIC a través de acciones transparentes, austeras y efectivas que generen ahorros y maximicen el ejercicio responsable de los recursos públicos.
  • Promover la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado en la definición de sus Tecnologías de la Información y Comunicación.
  • Obtener el máximo aprovechamiento de aplicativos de cómputo e infraestructura mediante el intercambio de información y la colaboración tecnológica.
  • Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales.
  • Promover la continuidad y mejora de proyectos y programas a partir de la integración de información estructurada disponible en la Institución.

La principal crítica que se puede hacer en este segmento es que la descripción de cada uno de estos puntos lo que refleja es una tarea pendiente. Simplemente se menciona que hay que “desarrollar”, “transparentar”, “elaborar”, “definir”, “fomentar”, “priorizar”, “promover”, “facilitar”, “impulsar”, “alentar”, “orientar”, “coordinar”, “fortalecer” y “proponer”, sin que se haya definido al presente el alcance de cada uno de los seis puntos mencionados ni las acciones inmediatas que servirían de base de trabajo para todo el listado de encargos a futuro que muestra el EDN.

Queda claro que parte de lo que intenta el documento explicar en estos seis puntos es establecer una estrategia nacional de transformación digital, pero está tan mal escrito que no se menciona de forma directa ni se menciona la necesidad de una política transversal para que estas acciones sean exitosas.

Desde mi perspectiva, la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 de México según publicada en agosto de 2021 por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, es un documento vacío de valor puramente cualitativo. Es una colección de buenos deseos que denota gran desconocimiento del sector de las TIC desde una perspectiva puramente técnica y una mayor ignorancia de la dinámica de desarrollo que ha tenido el sector en los distintos estados del país.

Según como está escrito el documento, sin parámetros definidos y sin metas claras, no sirve para elaborar un plan de trabajo encaminado a corregir los numerosos problemas de falta de acceso a servicios TIC por millones de mexicanos. Tampoco sirve para diseñar una estrategia que permita la adopción de las TIC por escuelas, hospitales y entidades de seguridad de la nación.

El documento se lee como un texto político-partidista y no como un plan de trabajo serio encaminado a estrechar las numerosas brechas digitales existentes en México. Ojalá lo difundido sea un borrador y en las próximas semanas sea publicado un plan de desarrollo TIC serio y profesional como se merecen todos los mexicanos.

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