Columnista invitado: Edwin Estrada*
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han irrumpido en el quehacer diario tanto de personas como de todos los sectores de la economía, generando una serie de oportunidades de desarrollo a través de su utilización por medio de distintas aplicaciones, las cuales permiten hacer más eficientes los procesos y poner a disposición del mercado productos y servicios más atractivos.
Por lo anterior, se deben redoblar esfuerzos para que por medio de la adquisición de habilidades digitales más personas sean capaces de apoderarse de las tecnologías y hacer un uso productivo de ellas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.
Es así como los distintos gobiernos emiten constantemente política pública para promover la alfabetización digital con ese objetivo; encontrándose igualmente en el entorno distintos esfuerzos desde la academia, la empresa privada y otras instancias para ofrecer alternativas en dicha línea.
Ahora bien, sin dejar de lado la importancia y necesidad de dichas acciones, también es trascendental abocarse a la creación habilidades digitales con el fin de hacer un uso seguro y responsable de las tecnologías y poder discernir y enfrentar los peligros que existen en línea; ya que, además, desde las redes son innumerables los casos documentados de amenazas y transgresiones contra valores jurídicos fundamentales como la integridad física y moral, la libertad e incluso la propia vida; sin dejar de lado otros derechos como los patrimoniales; siendo las víctimas personas de todas las edades, género y condiciones socioeconómicas.
Pero ¿quién es el responsable de guiar y emitir dichas iniciativas?, indiscutiblemente el Estado es el llamado a liderar las acciones generales; sin embargo, podría decirse que el tema de marras está íntimamente ligado a los valores y principios que se transmiten en los hogares, por lo que las habilidades básicas deben ser inculcados desde los mismos.
“Lo que no se atreve a hacer en la vida física, tampoco debe hacerse en la vida complementaria digital”, es una máxima que se debe tener presente en todo momento, ya que muchas veces las personas se sienten inmunes o inidentificables al tener cualquier dispositivo digital en frente, rompiéndose los frenos inhibitorios y realizando acciones o compartiendo información que las pueden poner en peligro.
Por su parte, el Estado debe emitir una política pública integral, dirigida no solamente a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas y en la que tomen parte diversos actores interesados tales como la industria, la sociedad civil y la institucionalidad pública.
Un ejemplo de buenas prácticas es el caso de Costa Rica, país en el que se creó mediante Decreto Ejecutivo N° 36274-MICIT una Comisión Nacional de Seguridad en Línea y una estrategia homónima coordinadas por el Viceministerio de Telecomunicaciones, al cual se le asignó la función de diseñar la política pública para el buen uso del internet y las tecnologías digitales, por medio de los siguientes 6 ejes: Políticas públicas y gobernanza, víctimas, comunicación y medios, sociedad civil, industria y justicia penal.
Con relación a la justicia penal, existe un enunciado que indica que, gracias a la diversificación en el uso de las TIC muy pronto llegará el momento en que todos los delitos tendrán trazabilidad; convirtiéndose los archivos digitales en esenciales, y por ende en la columna vertebral de los argumentos probatorios en la búsqueda de la verdad real de los hechos y de la justicia.
Es así, que cuando se instalan distintas aplicaciones en los dispositivos se aceptan una serie de condiciones que dan acceso a información privada, como fotografías, ubicación y documentos, algo que después podría servir como prueba a favor o en contra en un eventual proceso.
Este nuevo paradigma permite contar con una gama más amplia de elementos probatorios, sin embargo, constituye un reto para todos los actores en los procesos judiciales, los cuales deben ostentar las herramientas jurídicas, técnicas y financieras necesarias para poder gestionar la prueba adecuadamente y resguardar su cadena de custodia, para lograr legitimarla y que no se convierta en espuria.
Desde el punto de vista normativo, el Derecho Internacional cuenta con el Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia (Budapest, 2001) como una valiosa herramienta para obtener pruebas digitales dotando de instrumentos de cooperación internacional, creando una red permanente de contactos 24/7 con procedimientos para solicitar rápidamente información y documentación que puedan servir de pruebas para la investigación de delitos informáticos, permitiendo mejorar la eficiencia y la eficacia judicial de este tipo de delito; siendo que al día de hoy 61 países lo han ratificado de los cuales solamente son 6 en Latinoamérica (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana).
Si bien el anterior es un ejemplo específico, la normativa vigente debe facilitar la obtención de pruebas mediante el uso de las TIC para cualquier tipo de delito; sin embargo, es importante que los expertos en derecho penal estén en constante análisis, en aras de determinar si en virtud de los avances tecnológicos, en determinado momento es necesaria alguna reforma jurídica para poder obtener prueba por medios digitales; todo esto complementado con estrategias preventivas en temas como Ciberseguridad y Protección de Datos, que también son consideradas como buenas prácticas y generan confianza .
Las pruebas están allí, y para poderlas utilizar deben ser obtenidas, analizadas y resguardadas de manera legítima para evitar su contaminación, por ejemplo, por errores de procedimiento cometidos en el decomiso y la apertura de los dispositivos electrónicos de donde se obtendrán; todo lo anterior debe realizarse, además, a tenor de los principios de defensa, debido proceso, seguridad jurídica, privacidad y legalidad.
Por lo que, en vista de los constantes avances tecnológicos, es fundamental capacitar permanentemente a los jueces, fiscales, defensa pública, investigadores y peritos con el fin de otorgarles las herramientas digitales necesarias por el alto componente técnico que conllevan dichas gestiones.
Es notorio que las TIC permiten aumentar nuestra capacidad de crear, innovar y hacer un entorno más productivo, siendo muy útil en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ya que por medio de ellas podemos realizar diferentes actividades como trabajar, estudiar, emprender y digitalizar procesos de producción, haciéndolos más eficientes y competitivos. Sin embargo, uno de los usos que más impacto tiene, es precisamente en el ámbito judicial, donde se han convertido en una herramienta fundamental en la búsqueda de la justicia y la paz social, por lo que aquellas personas que pretendan cometer un ilícito, deberán pensarlo antes dos veces, ya que por el uso que hacemos a diario de las telecomunicaciones, dejamos huellas certeras de todas nuestras actividades y si además, se alfabetiza adecuadamente, todas las personas obtendrán las herramientas necesarias para discernir y enfrentar las amenazas que se presentan a través de las tecnologías.
Edwin Estrada fungió como viceministro de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica de mayo 2016 a julio de 2020. En la actualidad es Director de desarrollo para NAE en América Central. Su cuenta de Twitter es @EdwinEstradaH.
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