El final de 2021 es inminente y ahora lo importante es reflexionar sobre lo sucedido en el mundo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) de México para aprender de los errores y poder formular las estrategias apropiadas para impulsar el desarrollo e innovación de un sector tan importante para el crecimiento económico y social del país. Es por esta razón que en esta columna revisitaré varios de los escritos publicados en este mismo espacio para describir algunos de los temas con mayor impacto en la industria TIC local.

2020 como punto de partida

La administración del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador mostró durante el 2020 ser “un poder ejecutivo federal que desconoce las diferencias entre cobertura poblacional y geográfica, la existencia de diferentes plataformas tecnológicas que pueden ofrecer un mismo servicio o la suma importancia de que el regulador del sector TIC sea autónomo, o sea, no controlado por el poder ejecutivo”.

Ante esta realidad, es inevitable formular preguntas: “¿Cómo puede regularse un sector con tanto dinamismo cuando la entidad encargada pierde tiempo y dinero defendiéndose de embates mal concebidos desde la presidencia de la nación?”

Precisamente de ese 2020 se heredan proyectos como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (PANAUT) o modificaciones a un CFE Telecom Internet para Todos que no termina de cuajar su finalidad, su acercamiento al mercado o el tipo de beneficios nuevos que está otorgando a la población que en su momento ya no estuviesen siendo abastecidos por el desaparecido México Conectado. O al menos su rol en una estrategia nacional de digitalización.

Las preguntas que inevitablemente surgen ante este panorama son, considerando que el principal ejecutivo no es un todólogo con amplio conocimiento de todos los segmentos verticales de la economía, son: ¿quién lo asesora en temas sobre TIC? ¿Quiénes están sugiriéndole que política implementar para cerrar las brechas digitales? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la política pública en las oficinas donde se toman las decisiones a nivel federal?

Inclusión Digital

No se puede hablar de 2020 sin pensar en la pandemia de COVID-19 como su principal legado. También es cierto que el conocimiento obtenido por medio del dolor de millones de mexicanos permitió un mejor enfrentamiento del mundo de las TIC a las necesidades creadas por el mortífero virus. De esta forma, se fue reconfigurando el sector para atender nuevas necesidades mientras los habitantes más vulnerables del país exigían ser parte de un mundo digital tradicionalmente enmarcado en los centros urbanos.

Nadie duda del importante rol de las TIC en el desarrollo económico y social de un país. De lo que sí se puede dudar es de las estrategias que se adoptan para promover una mayor utilización de las nuevas tecnologías por entidades de gobierno, empresas y la sociedad. Por ende, un plan nacional de conectividad tendría que concebirse con capítulos especializados para cada uno de estos componentes. Cada capítulo con distintas fases que permita un despliegue ordenado que maximice el impacto de las TIC, siempre teniendo como norte la máxima de que el centro de cualquier estrategia de inclusividad digital exitosa debe ser el ser humano”.

La necesidad de una estrategia digital nacional para México era imperativa durante 2021. Hacia falta un documento marco que delineara los parámetros de acción del gobierno federal en torno a impulsar las TIC y de esta forma acallar las voces que aseguraban que para este sector la administración del Presidente López Obrador no había cumplido con estipulados constitucionales o la Ley de Planeación, convirtiendo a cualquier documento con este objetivo en extemporáneo. Ese argumento, de ser cierto, sería el mal menor ante la publicación de un plan de conectividad nacional adecuado para enfrentar las necesidades de cada estado mexicano.

Desafortunadamente en México durante 2021 no existió un esfuerzo real por parte de las autoridades encargadas de formular la política pública para las TIC de formular un proyecto federal de conectividad o agenda digital nacional que esté basada en investigaciones que identifiquen las áreas de mayor carencia o la infraestructura más adecuada para atender las necesidades de acceso de la población. Esta dura crítica se justifica luego de evaluar la publicación el 6 de septiembre de 2021 en el “Diario Oficial de la Federación” la “Estrategia Digital Nacional (EDN) 2021-2024” elaborado por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Un documento que describí a los pocos días de su publicación como:

un documento vacío de valor puramente cualitativo. Es una colección de buenos deseos que denota gran desconocimiento del sector de las TIC desde una perspectiva puramente técnica y una mayor ignorancia de la dinámica de desarrollo que ha tenido el sector en los distintos estados del país.

Según como está escrito el documento, sin parámetros definidos y sin metas claras, no sirve para elaborar un plan de trabajo encaminado a corregir los numerosos problemas de falta de acceso a servicios TIC por millones de mexicanos. Tampoco sirve para diseñar una estrategia que permita la adopción de las TIC por escuelas, hospitales y entidades de seguridad de la nación.”

Desde su publicación hasta la culminación de 2021, la EDN no ha variado en nada o mejor dicho, no se ha comenzado ningún esfuerzo por corregir las carencias que identifica el estudio existen en México en lo relacionado a su presente digital.

La falta de una agenda digital por parte de países como México no significa que la digitalización no se dará. Simplemente que se adoptará tarde, poniendo en desventaja al país frente a sus competidores comerciales y a la población, al producir escasez en el número de profesionales capacitados para atender las necesidades que surgen gracias a la transformación digital. Así como la digitalización de procesos traerá crecimiento económico, no prepararse para la economía 4.0 podría incrementar el número de personas desempleadas sino se reformulan los esfuerzos de enseñanza para jóvenes y de reentrenamiento para trabajadores con experiencia que buscan mejorar su calidad de vida con un trabajo técnico.

Hay que definir una estrategia de transformación digital para México que sea realista, con metas claras y componentes variados pues aparte de la cobertura se necesita accesibilidad. Lo último recordando que la gran diferencia entre acceso y uso de TIC dependerá grandemente del poder adquisitivo de las personas. Una transformación digital inclusiva precisa de una reducción en pobreza. Por ahora, en este renglón México durante el COVID-19 ha sacado las peores calificaciones de la región según un estudio de la Comision Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL).”

La falta de precisión del EDN y su carácter puramente aspiracional se tradujo en la completa inacción hacia el sector por parte del gobierno federal. Con pocas intervenciones para cambiar postergar fechas en las que la inmensa mayoría de los mexicanos tendrían acceso a Internet o no entender como opera el sector de telecomunicaciones local, en términos de acciones reales no se hizo nada.

Cualquier estrategia nacional de inclusión digital tiene que diseñarse considerando la creación de territorios inteligentes fuera de los centros urbanos, lugares donde los activos intangibles como aplicaciones y otras soluciones cobran vital importancia. Para lograrlo es necesario mirar más allá de los grandes operadores nacionales y aceptar que sin la cooperación de los cientos de operadores pequeños regionales que existen en México, achicar las distintas brechas digitales existentes es una misión imposible.  

Lo anterior sin ignorar que la inmensa mayoría de los mexicanos acceden a servicios de acceso vía esquemas de facturación prepagada. O sea, para un gran porcentaje de la población el uso de las TIC se ve limitado por su poder adquisitivo. Si el objetivo de un plan de conectividad es el ser humano, entonces una de sus finalidades es establecer esquemas que incrementen la equidad en el uso de las tecnologías.

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Otro peligroso evento que cobro inmenso protagonismo en 2020 que fue los intentos de quitarle autonomía de distintas entidades de gobierno. El estilo de gobernar del Presidente Lopez Obrados daba atisbos de centralismo y poca tolerancia a posturas contrarias a las suyas sustentadas con alegatos de rigidez fiscal y ahorros para la nación sin pensar en las consecuencias de los recortes que se efectuaban.

Para el mundo de las TIC, la primera víctima fue la desaparecida la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico como parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). Afortunadamente algunas de las funciones de la extinta subsecretaria han sido absorbidas por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), por lo que ha habido continuidad en estas acciones.

Este desmantelamiento se daba mientras desde presidencia continuaban los esfuerzos, hasta el momento, inútiles para restar autonomía a los “Órganos Constitucionales Autónomos” entre los que se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El 2021 comenzó con la misma discusión acerca de la desaparición de los entes autónomos. Mientras en otros mercados como Brasil, Corea del Sur o Reino Unido se han hecho reformas para fortalecer a las entidades de regulación, competencia y política pública en telecomunicaciones por su importancia en la llamada transformación digital, en México el gobierno del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha implementado una estrategia de desmantelamiento de algunas de las instituciones que velan por la industria de las tecnologías de información y comunicaciones mexicana.

Precisamente fue el IFT quien por medio de un comunicado le recuerda al Poder Ejecutivo que “desaparecer o minar [su] autonomía… representa, además, un retroceso en la construcción de la democracia” pues aparte de ser considerado inconstitucional por muchos, “cualquier cambio en este sentido implicaría reformas tanto a nivel constitucional como en el mismo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que la independencia del regulador de las telecomunicaciones fue pactada por el Estado Mexicano en su capítulo 18.”

Desgraciadamente, los encuentros entre el primer ejecutivo y el IFT no se limitan a la autonomía de este organismo creado por mandato constitucional. Por esta razón, “frente a este historial reciente de desencuentros es muy difícil dejar de considerar como revanchismo la decisión de la administración del Presidente López Obrador de no nombrar los dos comisionados que faltan al IFT para que este alcance su pleno. La historia es sencilla, de los siete comisionados originales del IFT, tres han cumplido su término bajo la presente administración presidencial de México, pero sólo uno de ellos ha sido reemplazado dejando al regulador tan solo con cinco de los siete comisionados que se suponga posea en todo momento el regulador.

Todo parece indicar que estamos más cerca de un IFT operando con cuatro de los siete comisionados, sería el 1 de marzo de 2022, que con uno que cubre las dos vacantes existentes. La situación toma otra tonalidad si se considera que estas vacantes serían llenadas por mujeres expertas para intentar promover equidad e inclusión de género en una entidad, que al menos en los cargos de comisionados, pero sí en otras áreas de trabajo, ha quedado en deuda con la sociedad mexicana en este aspecto.”

El peligro es que esto puede desatar una situación en la que el poder ejecutivo no cumple con los mandatos de la constitución. Según me comenta uno de los principales expertos legales en temas de telecomunicaciones de México: “son pocos temas que requieren 5 comisionados (cambio de estatutos o designación de autoridad investigadora) no generaría parálisis, pero es evidente el incumplimiento de un deber constitucional.”

Cabe recordar que el quorum que necesita el pleno del IFT para tomar decisiones es de cuatro comisionados. 

PANAUT

El PANAUT fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre del 2020 y por el Senado de la República en abril de 2021. Su objetivo es crear una base de datos para recopilar datos biométricos de todos los usuarios mexicanos de servicios móviles. Debido a su tardía aprobación, la discusión sobre este proyecto y las controversias derivadas del mismo se sintieron en 2021. Desde mi perspectiva, cuando se habla del PANAUT, el diablo está en los detalles:

Entrando en el texto del PANAUT queda claro que quien lo redacta no está familiarizado con los avances tecnológicos del sector móvil. Desde el lanzamiento de la cuarta generación celular por medio de LTE hace más de diez años, el mundo cuenta con redes móviles que son totalmente IP. En otras palabras, los servicios conmutados de voz cada vez cursan menos tráfico. Por lo tanto, ahora se hablan de servicios móviles y no de telefonía móvil, pues los servicios de voz son simplemente otros paquetes que se transmiten por las redes móviles avanzadas. Toda persona que usa WhatsApp, Skype, Telegram u otra aplicación ajena a la llamada directa desde su celular ya usa paquetitos de datos. Cuando se está regulando una ley este tipo de equivocaciones pueden llevar a vacíos legales de alto costo para los usuarios.

Otro dato que vale resaltar es la siguiente definición que el texto hace de un SIM: “se entenderá como tarjeta SIM al dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles”. Olvidan que desde hace años existen los llamados SIM virtuales que no son desmontables de los equipos móviles, sino que se reprograman de forma remota.

Según cifras de la consultora mexicana The CIU, México cuenta con alrededor de 126 millones de líneas móviles de las cuales el 82.2 % o 103 millones son prepago. Asimismo, el país cuenta con más de medio millón de puntos de venta, con decenas de miles de estos puntos vendiendo tarjetas SIM. Por ejemplo, en plazas de pueblos o tiendas de abarrotes, entre muchas otras localidades. ¿Cómo será la recopilación de datos biométricos en estos puntos? ¿Se eliminará uno de los ingresos de estos puntos de ventas gracias al PANAUT? ¿En estas zonas, cómo se monitorea que la información es correcta y no se entregan datos falsos? ¿Se eliminarán estos puntos de ventas, siendo muchos de ellos la única forma de obtener una SIM en zonas donde no hay tiendas de los operadores móviles del mercado? Suena a una medida que impacta de peor manera a las poblaciones más vulnerables de la sociedad.”

También se debe considerar que las imposiciones del PANAUT sobre el IFT para su implementación llevó al regulador mexicano a interponer una controversia constitucional en contra de la creación de esta base de datos con la cual obtuvo su suspensión. Esta suspensión llevó a la Consejería Jurídica de la Presidencia a someter un reclamo para revertir la decisión que fue fallido, en octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmo la suspensión del PANAUT otorgada al IFT.

Tal como lo escribí a principios de 2021 “el PANAUT es una medida mal pensada, mal redactada y seguramente será imposible de implementar. Simplemente crea más problemas de los que dice resolver”.

Reflexiones

La falta de política pública coherente en los tres puntos del mundo de las TIC antes mencionados ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de un sector que está siendo afectado por una desaceleración macroeconómica regional y una pandemia global. La inversión en el sector ha caído, el porcentaje del PIB que representa también. México, parafraseando a un experto del sector, se encuentra viviendo una inercia digital en la que existen muchísimos temas pendientes pero pocas acciones para atenderlos.

Lo positivo de 2021 se tendría que ver en lo que ha ocurrido fuera de las esferas de gobierno. La creación y crecimiento de entidades privadas o de la sociedad civil interesadas en incrementar el conocimiento existente sobre el mundo de las TIC. Por ejemplo, el lanzamiento del Índice de Desarrollo Digital Estatal por parte del Centro México Digital es un gran avance para cubrir las falencias estadísticas que los números publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el IFT puedan tener.

Asimismo, el incremento en la publicación de resultados sobre diversos temas relacionadas a las TIC por consultoras como The CIU que publica de manera periódica como va evolucionando el perfil del usuario mexicano en su adopción de nuevos servicios de telecomunicaciones o de SELECT que en conjunto con otras entidades del país monitorea la evolución del segmento TI mexicano. Estas y otras entidades de investigación y consultoría producen regularmente documentos imprescindibles para entender la dinámica de consumo del mercado mexicano de telecomunicaciones.

Quizás el único legado positivo que deja la administración del Presidente Lopez Obrador para el mundo de las TIC mexicanas es haber podido unir a casi todas las voces de un sector tan combativo y polarizado en su clamor por una política coherente, basada en datos concretos que impulsen acciones correctivas. El sector está cansado de palabras de esperanza, sobre todo los segmentos más pobres y vulnerables de la población.

Si queremos que el país crezca económicamente y que su población viva mejor durante el 2022 entonces la única salida es el dialogo. Un dialogo entre el gobierno, la sociedad civil, la industria privada y los centros de educación terciaria para dejar a un lado las diferencias y comenzar a trabajar por el bien de todos. No hacerlo es condenarnos al atraso y alejarnos aún más de ese México ideal que tanto soñamos.

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